Publicado por: Editorial
Además de la sorpresa, porque son épocas que se creían superadas, la declaración en plena celebración religiosa que hizo este fin de semana el sacerdote del municipio de Valle de San José, Santander, causa preocupación e indignación, cuando menos, pues filtrar comentarios políticos en medio de las alocuciones sagradas es práctica que no solo demerita a la Iglesia y ofende a los feligreses, sino que contamina, y de la peor manera, el ejercicio proselitista que se sigue en el país y del que se busca que se mantenga dentro de los límites de la tolerancia, la equidad y el debate sano e inteligente.
A la intromisión indebida y abusiva del sacerdote en mención se suma un elemento altamente conflictivo, en tanto que, además de descalificar a los actores políticos por sus ideas, tanto las de izquierda como las de derecha, arremetió contra la persona de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, en virtud de su orientación sexual, lo cual no solo es injusto, sino, incluso, ilegal.
En efecto, en Colombia descalificar, discriminar o acosar a una persona por su orientación sexual o su identidad de género es un delito penal, pues esta conducta está tipificada como un acto de discriminación u hostigamiento, contenido dentro de la normativa nacional contra la discriminación y que, incluso, puede enmarcarse en los delitos de odio. Genera preocupación que un sacerdote utilice el púlpito para esta clase de descalificaciones. Este hecho nos devuelve a los períodos más sangrientos de nuestra historia reciente, que en nuestro departamento tuvo una de sus peores expresiones.
El púlpito católico debe difundir la palabra, el ejemplo y el sacrificio de un hombre que entregó su vida por la humanidad, predicando la hermandad, el amor al prójimo, amparando a los desposeídos y también a quienes son discriminados y apartados, por lo que nunca debe usarse para ahondar divisiones, promover enfrentamientos, injuriar a los demás y tratar de maltratar la dignidad de personas cuya identidad un sacerdote no soporta.
No sabemos qué tanto puedan reaccionar frente a esto los jerarcas de la Iglesia, pero lo que sí está claro es que la sociedad, desde su ordenamiento legal hasta el ciudadano desprevenido, rechaza la utilización del debate político para promover discursos violentos. Además, está claro también, a la luz de la ley, como ya se mencionó, que en Colombia no pueden restringirse los derechos de nadie por la vía de la descalificación de su orientación sexual, raza, credo, condición social y ningún tipo de discriminación.
Es tan grave la conducta del sacerdote que una disculpa suya no parece suficiente, por lo que se espera que la autoridad a la que le competen estos asuntos al interior de la Iglesia no solamente se pronuncie con toda claridad y oportunidad sobre el caso, sino que tome una medida lo suficientemente firme al respecto, como para que la sociedad entienda que las autoridades eclesiásticas no comparten la idea de utilizar su influencia entre sus fieles para enardecer el ánimo de los ciudadanos en la etapa final de la campaña presidencial en que nos encontramos.
Es fundamental recordar que la homosexualidad fue despenalizada en Colombia en 1981 y dejó de ser considerada una enfermedad en 1990. Diversos estudios han demostrado que la orientación sexual y la identidad de género corresponden al ámbito del desarrollo personal y que no tienen relación con la capacidad o las habilidades de un ser humano. Pensar de forma distinta configura un acto claramente discriminatorio. Es más, hace tres años, en desarrollo de la Encuesta de Cultura Política del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se preguntó a las personas si en los últimos 12 meses se habían sentido discriminadas por su orientación sexual o identidad de género; el boletín técnico reportó de forma afirmativa un 0,5 % en el ámbito nacional.
En el escenario local, la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, el 47 % de los habitantes del área metropolitana aún no identifica la protección contra la discriminación por género u orientación sexual como un derecho fundamental. Este vacío estadístico no es otra cosa que el reflejo de una sociedad que aún le da la espalda a los derechos sexuales básicos.
