Publicado por: Editorial
La más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana en el área metropolitana de Bucaramanga no ha hecho más que confirmar que todos los habitantes de esta conurbación sienten hoy que la inseguridad es la normalidad. Apenas el 39 % de los ciudadanos dice sentirse seguro, y en Bucaramanga ese porcentaje se desploma a un minúsculo 22 %, una cifra que por sí sola debería mover la maquinaria oficial en dirección a la real protección de la comunidad.
Esto no es apenas un problema de percepción, como algunos funcionarios suelen repetir para justificar su ineficacia; la inseguridad es real, objetiva y está perfectamente documentada en los hechos de sangre, en los territorios tomados por el microtráfico y en los testimonios de quienes han sido víctimas de la delincuencia común. Las bandas criminales han instalado sus fichas y sus tácticas de acoso en barrios enteros de los cuatro municipios, imponiendo toques de queda, cobrando extorsiones y disputándose las esquinas a balazos.
La verdad es que esta situación existe desde hace varios años y las administraciones municipales que han pasado por el área y la propia Policía Metropolitana evidentemente no han podido dar una respuesta contundente y duradera. La ciudadanía ha visto cómo, ante el evidente rezago policial, los delincuentes se han vuelto más osados, más violentos y difíciles de detener.
El resultado es una población cercada por el miedo, donde siete de cada diez mujeres sienten pánico al caminar solas por la calle, y seis de cada diez hombres han aceptado que el espacio público ya no les ofrece ninguna garantía. La calle, que debiera ser el escenario del encuentro y la convivencia, se ha transformado en un territorio de tensión en el que cualquier diligencia o una simple caminata puede terminar en un raponazo, un atraco o algo peor.
Esa desconfianza en las instituciones es quizás el síntoma más profundo de la enfermedad que nos aqueja. Más del 60 % de quienes optan por no denunciar estos delitos menores lo hacen porque están convencidos de que no tiene utilidad alguna. No se trata de falta de valor ni de falta de cultura de la denuncia, sino de una ruptura cada vez más profunda entre la comunidad y quienes tienen la obligación de protegerla, un factor que es muy peligroso, porque cuando la gente pierde la fe en la autoridad, el crimen gana un terreno inmenso.
Las causas de esta situación no son un misterio: la drogadicción en las calles, los atracos permanentes y la presencia de pandillas organizadas son los factores que la ciudadanía identifica y sufre con toda claridad, y frente a eso las respuestas han sido insuficientes. No se trata solamente de aumentar el pie de fuerza, que es lo que permanentemente se menciona; se necesitan intervenciones estructurales, políticas serias de prevención e inversiones suficientes para recuperar los territorios que hoy están en manos de los violentos.
Es hora de que las autoridades dejen de justificarse y empiecen a ocuparse de verdad del problema, pues, obviamente, la solución no está en las promesas genéricas, sino en poner en marcha acciones concretas, con presupuesto, inteligencia criminal y voluntad política real. Los bumangueses y los habitantes del área metropolitana tienen derecho a vivir en tranquilidad, a salir sin mirar atrás y a recuperar la confianza en que la ley puede más que las balas.
