La actualización catastral en Colombia ha caído en un error de concepto que amenaza con quebrar la despensa del país: tasar la tierra por su valor inmobiliario y no por su capacidad productiva.
Publicado por: Jael Monroy Soto
La ruralidad colombiana atraviesa un momento de transformación profunda y paradójica. Mientras desde los foros internacionales y los gremios de vanguardia promovemos una ganadería moderna, regenerativa y eficiente, nos encontramos de frente con realidades administrativas que plantean desafíos estructurales insalvables para la sostenibilidad del productor.
El incremento acelerado e indiscriminado de los avalúos catastrales se está implementando sin un diagnóstico preciso sobre la viabilidad económica del campo y, lo que es más grave, sin considerar el futuro de quienes lo habitan.
Valor comercial frente al valor productivo
En Colombia, la ejecución de la actualización catastral ha caído en un error de concepto fundamental: tasar predios rurales bajo lógicas de mercado inmobiliario o potencial de expansión urbana, ignorando la realidad de la rentabilidad agropecuaria. El análisis adecuado brilla por su ausencia; se valora la tierra por lo que podría valer en una eventual venta especulativa y no por lo que realmente produce en una cosecha o en un ciclo de ceba.
Para nosotros, los ganaderos, la tierra no es un activo de especulación, es nuestra principal herramienta de trabajo y nuestra fábrica biológica. Existe una diferencia abismal que los escritorios urbanos parecen ignorar: el valor comercial (influenciado por la cercanía a vías principales o el interés turístico) frente al valor productivo, entendido como la capacidad real de ese suelo para generar kilos de carne o litros de leche.
Gravar la tierra por su potencial inmobiliario es castigar al productor por no vender su tierra para proyectos de vivienda, obligándolo a pagar impuestos sobre una riqueza que su actividad económica simplemente no puede generar.
La actualización catastral en Colombia ha caído en un error de concepto que amenaza con quebrar la despensa del país: tasar la tierra por su valor inmobiliario y no por su capacidad productiva.
Asfixia económica impide la inversión en el suelo
Un incremento desproporcionado en la valoración catastral se traduce de inmediato en una presión fiscal que supera la capacidad de generación de caja de las unidades productivas. Esta asfixia financiera es crítica.
El capital que debería destinarse a la mejora de pasturas, a la implementación de sistemas silvopastoriles, al bienestar animal o a la adopción de tecnología, termina siendo desviado para mantener el derecho a producir en la propia tierra. Lo que nos pone en un escenario donde el Estado pretende extraer el capital de trabajo de las fincas, impidiendo la inversión necesaria para la competitividad internacional que el mismo Gobierno exige.
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El Estado ausente y la contraprestación tributaria
El rigor de la realidad nos obliga a ser claros: el pago de tributos debe verse reflejado en el bienestar del contribuyente. Según los principios constitucionales de equidad y progresividad, el impuesto debe ser coherente con los servicios recibidos.
Sin embargo, en gran parte del territorio nacional, el ganadero no solo paga sus impuestos, sino que debe sustituir al Estado: construye y mantiene vías terciarias, instala sistemas de conectividad propia y gestiona sus esquemas de desarrollo empresarial y comunitario ante la ausencia de una presencia institucional efectiva.
Incrementar la carga impositiva sin una contraprestación visible en infraestructura pública o seguridad jurídica es una señal de desatención hacia el sector que garantiza la seguridad alimentaria del país. Resulta contradictorio pretender cobrar un catastro de primer mundo en regiones donde el ganadero aún debe sacar sus productos en mulas por trochas intransitables.
Integración generacional: un sueño en riesgo
Quienes desarrollamos modelos sistémicos de ganadería regenerativa defendemos la integración generacional como el pilar fundamental para la supervivencia del campo. Nuestra misión es inspirar a jóvenes profesionales, científicos, administradores, ingenieros, para que regresen a la tierra y vean en ella un proyecto de vida digno.
El panorama tributario actual se constituye en un desincentivo silencioso y lapidario. Para un joven que inicia su camino, la rentabilidad esperada se ve absorbida por obligaciones fijas que no discriminan entre años de bonanza o épocas de crisis climática. Si la tenencia de la tierra se torna financieramente excluyente, el sistema administrativo está convirtiendo la herencia del territorio en un pasivo inmanejable, empujando a la juventud hacia el éxodo rural y dejando el campo a merced del abandono o la fragmentación.
El castigo a la sostenibilidad
Es momento de que el debate evolucione hacia una visión sistémica. La ganadería regenerativa es una herramienta poderosa para la mitigación del cambio climático. Capturamos carbono, protegemos fuentes hídricas y restauramos la biodiversidad. Nos hemos convertido en proveedores gratuitos de servicios ecosistémicos para la nación.
Paradójicamente, el sistema actual penaliza al ganadero que mejora su entorno. Si un productor regenera un suelo degradado y lo convierte en un ecosistema biodiverso, su avalúo tiende a subir debido a las mejoras. Es necesario establecer modelos de fiscalidad verde, donde se otorguen descuentos tributarios reales a quienes demuestren prácticas de conservación. Incrementar la carga impositiva sobre predios que están salvando el patrimonio natural de Colombia es, en la práctica, un impuesto a la sostenibilidad.
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Urge una transición hacia una “fiscalidad verde” que entienda que el campo se mide en ciclos biológicos y no en algoritmos financieros de escritorio.
La ganadería es una actividad de tiempos biológicos, no financieros. Un ciclo de ceba de bovinos u otras especies o la estabilización de una genética de élite toma años, incluso décadas. Esta inversión requiere reglas de juego claras. Los cambios abruptos en la valoración de la tierra generan una incertidumbre que ahuyenta la inversión privada y desestabiliza el tejido social rural.
La presión fiscal derivada de avalúos altos abre la puerta a actividades no controladas. Cuando la ganadería deja de ser rentable por la carga impositiva, la tierra queda vulnerable a modelos de uso de suelo que no garantizan la producción de alimentos. La estabilidad de la nación depende de que el productor sienta que su esfuerzo es respaldado por un marco normativo justo y previsible.
La ganadería es más que un negocio; es un tejido social que sostiene la estabilidad de las regiones. Solo si logramos que la valoración de nuestros predios guarde armonía con la realidad de los ciclos biológicos y la rentabilidad neta del sector, garantizaremos que las nuevas generaciones encuentren en el campo una oportunidad real de futuro.
Necesitamos que el Estado entienda el campo desde la bota del productor y no solo desde el algoritmo del evaluador. Es hora de transitar hacia una valoración territorial que valore la vida que en la tierra se genera y que, por encima de todo, respete el derecho del ganadero a seguir siendo el guardián de la seguridad alimentaria y la biodiversidad de nuestra nación.
