Publicado por: Editorial
Una investigación periodística de Vanguardia dejó al descubierto documentos oficiales del Ministerio de Ambiente y de la Agencia Nacional de Minería que confirman que la administración nacional saliente conocía desde hace más de dos años la ubicación exacta de al menos cinco túneles dedicados a la extracción ilegal de oro en el páramo de Santurbán, pero decidió ignorar las alertas que se le hicieron. Los informes del Servicio Geológico Colombiano advertían, además, sobre evidencias de contaminación química que destruyen el ecosistema de frailejones y amenazan gravemente la salud de dos millones de personas que dependen del agua de este páramo.
La investigación de este diario revela que el Ministerio de Ambiente asumió formalmente la competencia sobre estos túneles en noviembre de 2023, adquiriendo así la responsabilidad legal de custodiar los socavones abandonados por la multinacional Eco Oro, pero tal cosa no ocurrió, aunque el Gobierno conocía la información.
Una investigación de Vanguardia destapó la grave crisis de contaminación en el páramo de Santurbán, donde el agua registra niveles de acidez extremos (pH de 3,2) debido a la minería ilegal de oro que el Estado permitió bajo su propia custodia. Documentos oficiales revelan que el gobierno saliente de Gustavo Petro conocía, desde hace más de dos años, la ubicación exacta de túneles de minería ilegal en el páramo de Santurbán y decidió ignorar las alertas.
Se estableció allí, entonces, una red de minería ilegal que produce ganancias de alrededor de 26 mil millones de pesos mensuales, según la Unidad de Información y Análisis Financiero, cifra que demuestra que allí se ha forjado una actividad criminal con muchas extensiones, que opera bajo la mirada pasiva del Estado.
Como lo demostró Vanguardia con documentos, la situación actual es consecuencia directa de una parálisis institucional que entregó el páramo a las mafias del oro. Los informes técnicos describen condiciones de seguridad deplorables, con techos y paredes fracturados, ausencia de medidas mínimas de seguridad y riesgo evidente de accidentes fatales.
El Gobierno Nacional conocía todas estas irregularidades, pero permitió que los trabajadores ilegales continuaran exponiendo sus vidas en estas condiciones. Es más, se alerta que esta situación podría terminar en la muerte de personas, como ha ocurrido en los últimos años, lamentablemente.
La reversión de los bienes de Eco Oro a favor del Estado convierte al Gobierno Nacional en propietario y responsable directo de estos túneles, pero esta figura jurídica, que debía garantizar el control estatal sobre las infraestructuras mineras, es, paradójicamente, el mecanismo que facilita el saqueo de la propiedad pública. Es decir, el Estado ha permitido que el patrimonio nacional sea explotado por organizaciones criminales sin que se hayan tomado medidas efectivas para detener esta depredación.
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El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tiene ahora la responsabilidad de corregir esta situación y cumplir con su promesa a los santanderanos de defender el páramo, proteger el agua y los afluentes por encima del nivel de las bocatomas del acueducto metropolitano y dar garantías técnicas, sociales y científicas para una adecuada delimitación del páramo, por lo que es necesario que el nuevo Gobierno actúe con la firmeza que ha prometido, procediendo al cierre inmediato de los túneles ilegales y al desmantelamiento de las estructuras de ilegalidad que operan en la zona, en tanto está en juego la protección del agua potable para dos millones de personas de Santander y Norte de Santander.
Tales acciones son cruciales, pues la minería ilegal en el páramo de Santurbán, además de ser un problema ambiental, es una amenaza directa a la seguridad y la gobernabilidad de la región, en tanto la presencia de mafias que manejan millonarios recursos genera corrupción y violencia, afectando la tranquilidad y la vida de las comunidades locales y debilitando las instituciones del Estado. Si el gobierno saliente de Gustavo Petro prefirió mirar y no actuar, permitiendo que este flagelo creciera sin control, el nuevo Gobierno debe demostrar que la defensa del medio ambiente y el combate a la criminalidad son compromisos reales que se traducen en acciones contundentes.
El llamado al presidente electo es claro y urgente para que controle estas actividades ilegales, proceda con la contundencia que la situación requiere y garantice que el páramo de Santurbán sea protegido de manera efectiva. Su reto será desmantelar la economía de la ilegalidad que opera en el páramo de Santurbán y la provincia de Soto Norte, producto de la extracción ilegal de oro.
Fiel a nuestro compromiso periodístico, Vanguardia continuará fiscalizando las irregularidades en el páramo de Santurbán, como lo hemos hecho en los últimos años. La situación es alarmante: análisis hidrogeoquímicos oficiales confirman flujos constantes de agua con un pH promedio de 3,2. Este nivel de acidez extremo —provocado por la exposición de materiales sulfurados al oxígeno— inyecta en cuencas hidrográficas un cóctel de elementos potencialmente peligrosos, como hierro, manganeso, aluminio, níquel y cobre. En definitiva, se trata de vertimientos ácidos que contaminan el ecosistema de los frailejones sin ningún tipo de tratamiento.
