Mientras la atención mediática se concentraba en el bloqueo de la vía que mantenía incomunicada a Bucaramanga y afectaba el acceso al Aeropuerto Palonegro, en Piedecuesta se gestaba un conflicto menos visible, pero estructuralmente más relevante desde la perspectiva de la descentralización y territorialidad. Una defensa ciudadana consciente de las dinámicas propias del municipio, desmarcada de la agenda que se venía trabajando a nivel nacional, frente a una actualización catastral percibida como técnicamente deficiente.
En materia catastral no existen soluciones homogéneas. Cada municipio, e incluso cada predio, responde a procesos particulares de formación de valor, uso del suelo y desarrollo territorial. Bajo esta premisa, la veeduría catastral de Piedecuesta optó por construir un pliego autónomo, instalando una mesa de negociación directa con los responsables del proceso; en este caso, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y la Alcaldía de Piedecuesta.
Ahora bien, el origen del conflicto es diferente al de cientos de municipios del país. No se trata de la aplicación del rezago catastral; es necesario remontarse al año 2024, cuando se ejecutó el proceso de actualización de avalúos, el cual se llevó a cabo en un tiempo atípico, con insuficiencia de personal técnico especializado, ausencia de un software catastral robusto (se utilizó Excel) y un resultado previsible: una actualización catastral mal elaborada, con avalúos que no reflejan la realidad económica de los predios.
A este escenario se suma la no prestación del servicio público catastral. Para la vigencia 2026, el AMB no cuenta con las condiciones técnicas ni presupuestales para garantizar la operación del catastro y la revisión técnica de los avalúos, lo que abre la puerta a eventuales procesos de responsabilidad administrativa por parte de los entes de vigilancia y control.
Tras siete días de bloqueos, se logró una salida negociada con la mediación de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Santander que, si bien no es perfecta, reconoce la necesidad de mejoras en la operación catastral del municipio. En el camino se presentaron obstáculos, como la intromisión de líderes negativos y los intentos de condicionar las soluciones a la implementación de la Resolución 343 de 2025, un documento que presenta vacíos técnicos y jurídicos que ni el propio gestor catastral comprende; situaciones que fueron superadas gracias al diálogo y la disposición de las partes.
Piedecuesta no es una excepción, es una advertencia. Santander requiere un catastro que garantice seguridad jurídica, planeación territorial y equidad tributaria, con una implementación técnica acorde a los retos del desarrollo regional. Las autoridades están llamadas a corregir de fondo las deficiencias y fortalecer la operación, y la ciudadanía a utilizar las vías legales y ejercer control informado. Ignorarlo volvería a comprometer la institucionalidad.
