Publicado por: Editorial
Salió a trotar. La ruta cubría una zona cercana al barrio donde reside, en el área metropolitana de Bucaramanga. Iba sola. Ella es una mujer independiente y profesional. Transcurrieron algunos minutos cuando percibió que un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, la seguía. Se sintió más que observada. En ese instante, el lugar más parecido al infierno era ese camino. El sujeto la persiguió por un tiempo. En una zona desolada, el acosador la alcanzó para realizar actos obscenos frente a ella.
Quería gritar, pero tenía la voz hecha un incipiente soplo. Estaba paralizada. Una nube de pánico la envolvió, al tiempo que el hombre se alejó luego de unos minutos. No volvió a salir a trotar. Desde entonces, obedece al miedo.
Su testimonio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una estadística alarmante. Según la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana que realiza el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, el 63 % de las mujeres de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta se sienten inseguras al salir a la calle. Solo el 37 % de las encuestadas afirmó sentirse segura en su ciudad. Este es solo uno de los factores que inciden radicalmente en la percepción de inseguridad que cobija a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, quienes, en su mayoría, ante un delito en el último año, prefirieron no denunciar. El 61 % decidió no instaurar ante alguna autoridad una denuncia penal. ¿Por qué? Afirman que nunca pasa nada y califican el proceso como una pérdida de tiempo.
Sabemos los nombres de las bandas criminales, sus métodos y sus rentas, pero esa información no se traduce en protección para el comerciante extorsionado o la mujer que sale a la calle. La inseguridad en el área metropolitana es hoy un problema sobrediagnosticado, en el que la voluntad política parece haber claudicado frente a la certeza material del miedo.
Entretanto, las explicaciones oficiales sobre la inseguridad en Bucaramanga y el área metropolitana hace rato que no satisfacen a una comunidad que cada semana comienza con un nuevo saldo, literalmente en rojo, que echa por tierra las buenas intenciones de las autoridades. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, habla de priorización de bandas criminales, de incautaciones de celulares en cárceles y de persecución a las ganancias del narcotráfico, pero nada de eso calma la intranquilidad de los ciudadanos que necesitan vivir sin el miedo creciente a recorrer la ciudad.
El aumento del 66 % en homicidios durante los primeros meses de 2026 representa 68 muertes violentas en apenas 90 días, que evidencian una situación de violencia urbana que, en lugar de contenerse, aumenta. Dos pistoleros irrumpen en un negocio de Piedecuesta y disparan frente a clientes y trabajadores, como si la vida ajena no valiera más que el precio de un encargo, y lo peor de todo es que esa escena se repite con variantes en decenas de barrios en los municipios conurbados.
De esto, lo más preocupante es que la madre que entierra a su hijo, el comerciante que paga vacuna por teléfono, el joven que teme salir de noche, tiene muy claro que el miedo ya es una certeza material que dicta horarios, rutas y comportamientos. La Policía reconoce que los capturados siguen delinquiendo desde las prisiones, que las bandas mutan como un virus resistente, que el microtráfico inunda sectores como Cuadra Play, lo que en la práctica constituye un reconocimiento de su baja capacidad de respuesta.
Más allá del origen de esta violencia urbana, más allá de las disputas por el dominio de miles de millones mensuales del narcotráfico, lo cierto es que la ciudadanía justificadamente se siente cada día más temerosa, lo que es muy lamentable y sintomático en una ciudad que fue ejemplo de orden y progreso.
Este fenómeno de la inseguridad es un problema sobrediagnosticado: sabemos los nombres de las bandas, sus rentas, sus métodos; sabemos que llaman desde la cárcel, que usan el tusi como combustible y el sicariato como brazo armado; sabemos cuántos casos de extorsión hay en el área metropolitana. Las autoridades tienen estos y muchos más datos, pero ese conocimiento no logra traducirse en acción efectiva.
En cambio, lo que no se define, y mucho menos se implementa, son las políticas de fondo y las estrategias de choque que exige una situación de esta complejidad. Ya se vio que no es suficiente con priorizar investigaciones o traer fiscales especializados desde Bogotá, si las estructuras criminales se reproducen más rápido de lo que se desarticulan. Se requieren decisiones audaces, inversión en inteligencia, control territorial, prevención social y, sobre todo, voluntad política.
Debemos entender que este fenómeno es mucho más que un simple agobio para la ciudadanía: no se trata de una molestia menor, de un inconveniente que se resuelve con más patrullajes o con una línea telefónica de atención, sino de una situación permanente que pone en riesgo la integridad y la vida de cada hombre, mujer y niño que habita en el área. Desde otro punto de vista, el derecho a vivir sin miedo ha sido vulnerado de manera sistemática durante años y la respuesta institucional no pueden ser las excusas, a menos que aceptemos que hemos sido derrotados por la delincuencia, como lo admite la mujer protagonista de esta historia.
