Publicado por: Editorial
El hecho de que permanente y casi inevitablemente aumenten los feminicidios en Santander no hace más que confirmar una verdad que se ha repetido por décadas en Colombia y es que la guerra por el territorio se ensaña no solo con los económicamente más vulnerables, sino también con las mujeres. Las cifras y los recuentos de la violencia muestran que mientras las disputas entre bandas y grupos armados se intensifican en regiones como el Magdalena Medio, el Bajo Rionegro o el área metropolitana de Bucaramanga, las mujeres se convierten en blancos de una violencia que pretende desaparecerlas o asesinarlas.
Hace mucho tiempo que el problema dejó de circunscribirse a relaciones enfermizas de pareja, pues hoy el sicariato es la firma con la que se ejecuta el 80 % de estos crímenes atroces. La Corporación Compromiso lo ha documentado con contundencia: municipios como Bucaramanga, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí o Cimitarra son zonas en las que la disputa territorial y el feminicidio se retroalimentan, pues en ellas el 83% de los asesinatos de mujeres en 2025 fueron perpetrados por personas extrañas a su círculo íntimo, casi siempre con armas de fuego de fácil adquisición en un mercado criminal sin control.
Este dato desmiente la tesis que reduce la violencia de género al ámbito doméstico. Al contrario de esto, estamos ante un proceso de degradación aún mayor de la violencia armada que termina legitimando y ocultando el feminicidio, pues lo vuelve un recurso más de la guerra sucia. Matan a la compañera de un líder criminal para sembrar el pánico, ajustician a quien osó denunciar una extorsión o simplemente eliminan a quien estorba en una disputa por un callejón de microtráfico. Y en todos esos casos, el factor determinante vuelve a ser el género: la vulnerabilidad histórica de las mujeres.
¿Y qué hacen las autoridades mientras la sangre corre por las calles de Lebrija, Onzaga o Puerto Parra, por ejemplo? Lo cierto es, o más bien, sigue siendo que persiste el subregistro, que las rutas de atención se fragmentan y que el silencio institucional cobija la impunidad. La Procuraduría reconoce que cada entidad actúa por su cuenta, y cuando reaccionan, ya es tarde para la víctima, y también para sus hijos, que en nueve de cada diez casos sufren la misma agresión, por lo que la coordinación es la única barrera entre la vida y la muerte.
En buena parte de los casos de feminicidio ocurre que las denuncias se interponen y los riesgos estaban identificados, pero la débil capacidad de intervención, la justicia lenta y la impunidad reinante convierten la protección en una promesa incumplida. No podemos seguir aceptando tranquilamente que ser mujer en un territorio disputado signifique vivir con un blanco en la espalda. La fuerza policial, los fiscales, los jueces, los médicos, los maestros y la ciudadanía en general tienen que entender que no hay paz territorial posible sin una paz de género.
Un país que ha sufrido tantas formas de violencia, algunas muy dolorosas, no puede permitir que el feminicidio se instale simplemente como la tipificación de un delito, solamente. Se necesitan medidas concretas para proteger a las mujeres: protección inmediata en zonas de riesgo ya definidas, desarticulación de las economías criminales que alimentan el sicariato y justicia ejemplar que rompa la cadena de impunidad.
Pero, además de esto, y en la base de todo, se requiere un cambio cultural profundo que deje de ver los cuerpos de las mujeres como territorios conquistables. Basta de feminicidios como moneda de cambio, como forma de venganza, como mensaje. Basta de aceptar la crueldad, como si fuera una condición natural de nuestras relaciones de fuerza. Santander debe salir cuanto antes del mapa ignominioso de la violencia de género en Colombia.
No podemos seguir aceptando tranquilamente que ser mujer en un territorio disputado signifique vivir con un blanco en la espalda. ¿Y qué hacen las autoridades mientras la sangre corre por las calles de Lebrija, Onzaga o Puerto Parra, por ejemplo?
