Publicado por: Editorial
La reciente masacre en la vereda Barranco Colorado, donde 11 menores de edad aparecieron entre los 48 cuerpos recuperados, es la consecuencia lógica y brutal del reclutamiento de niños y jóvenes por parte de grupos armados ilegales, una práctica que este país ha tolerado durante décadas con una vergonzosa pasividad a pesar de que esta constituye una de las violaciones más execrables a los derechos humanos, y sin embargo sigue presentándose con la misma frecuencia e impunidad de siempre.
Generaciones enteras de colombianos han crecido con la sombra terrible del secuestro de menores para engrosar filas guerrilleras o paramilitares, porque esto se convirtió desde hace décadas en la costumbre atroz de arrancar a un niño de su hogar, de su entorno, de su escuela, para vestirlo de camuflado y ponerle un fusil en las manos, sin que, en muchos casos, ese menor pueda volver a reencontrarse con sus familiares, conformando así historias de una crueldad muy difícil de describir siquiera, mucho menos de perdonar.
Lo más indignante de esta tragedia recurrente es la demostración palmaria de ineficacia institucional, pues mientras los grupos armados perfeccionan sus métodos de ‘reclutamiento’, utilizando el miedo, el enamoramiento fingido o las redes sociales para atrapar a sus víctimas, el aparato estatal reduce drásticamente su inversión en prevención, como lo demuestra el hecho de que el presupuesto destinado a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento se acortó en más de un 80 %. Es decir, cuando más se necesita actuar, el Estado simplemente se retira.
Los niños en Colombia siguen siendo utilizados como botín de guerra y carne de cañón ante una pasividad social y estatal vergonzosa. El hallazgo de 11 cuerpos de menores en Guaviare evidencia cómo las promesas institucionales naufragan en la selva, mientras el poder público recorta partidas presupuestales clave. Es imperativo que el Estado asuma una política integral y financiada que proteja a las familias y persiga con contundencia una de las violaciones más execrables a los derechos humanos.
Los niños y las mujeres, precisamente las poblaciones que deberían ser intocables en cualquier confrontación armada, resultan ser las más golpeadas. Sobre ellos recae la peor violencia, las humillaciones más degradantes, los riesgos más letales. Un menor de edad no tiene por qué estar en un campamento guerrillero, no debe cargar explosivos ni servir de correo humano ni mucho menos enfrentarse a otro niño en una guerra que no eligió. Esa es una verdad tan elemental que duele tener que repetirla, pero la repetición es necesaria porque el horror persiste.
Los 11 cuerpos de niños hallados en Guaviare hace pocos días son los de unos menores que venían de familias y vidas limpias, eran seres inocentes, ajenos a las dinámicas de la violencia, pero fueron reclutados forzosamente, sometidos a toda clase de vejámenes y, finalmente, muertos en un enfrentamiento en el que nunca debieron participar. Sus verdugos son, sin duda, los comandantes de las facciones en disputa, pero la negligencia estatal, la progresiva desinversión en mecanismos de control y prevención, los convierte en responsables por omisión.
Resulta insostenible que, después de tantos años de conflicto y de tantas promesas incumplidas, sigamos asistiendo al mismo espectáculo dantesco. No puede entenderse, ni mucho menos aceptarse, que mientras los informes indican un aumento del reclutamiento forzado, al mismo tiempo veamos en las cifras oficiales que los recursos para combatirlo disminuyen. Esta especie de fórmula perversa solo puede tener como deplorable consecuencia más menores reclutados, más niños secuestrados o desaparecidos, más masacres como la de Barranco Colorado.
El Estado colombiano debe asumir su responsabilidad con la seriedad y la contundencia que el caso exige y para ello se requiere una política integral, de largo plazo y bien financiada que ataque el reclutamiento desde sus raíces, que actúe en términos de la prevención en los territorios más vulnerables, la protección efectiva de las familias amenazadas y la persecución implacable de los responsables.
Los niños ni son botín de guerra, ni se les puede usar como carne de cañón; ellos son realmente el futuro de esta nación, y ese futuro se está muriendo en la selva mientras el poder público recorta partidas presupuestales, con lo que solo consigue mantener la impunidad sobre una de las más repudiables violaciones a los derechos humanos.
