Publicado por: Editorial
No es una exageración decir que, debido al pésimo estado de un tramo de carretera, San Vicente se está yendo al barranco; no su gente, no sus calles, pero sí su economía, su tranquilidad, su desarrollo, porque la vía que une a San Vicente de Chucurí con el área metropolitana de Bucaramanga se está derrumbando en el sector de Náutica, donde el terreno se mueve todos los días y hace que el trazado se resquebraje.
Los sanvicentanos llevan años soportando una carretera que nunca debió ser tan frágil, pues desde que se construyó esta vía sustitutiva por cuenta del proyecto de la represa de Topocoro, los deslizamientos, los hundimientos y las fallas geológicas se han convertido en una constante, por lo que con cada temporada de lluvias vuelven las piedras, los árboles y las toneladas de tierra que se precipitan al abismo, los vehículos represados durante horas, los buses de pasajeros que no se atreven a cruzar.
Sin embargo, lo que prima es el silencio institucional o declaraciones desoladoras como la del gobernador de Santander, quien ha confesado que arreglar esta vía consumiría todo el presupuesto departamental, lo que debe preocupar en extremo a 30 mil chucureños que podrían quedar incomunicados de Bucaramanga y Barrancabermeja por tiempo indefinido. La respuesta, en cualquier caso, no puede ser esa, porque hablamos de una de las más importantes despensas agrícolas y ganaderas de la región. Debemos pensar, más bien, que entre más grande sea el desafío, más fuerte y decidida debe ser la acción gubernamental.
Además, el problema no se limita a la jurisdicción de San Vicente. El área metropolitana de Bucaramanga, con cerca de un millón y medio de habitantes, depende en buena medida de los productos agropecuarios que vienen de esta zona. Leche, carne, frutas, verduras, todo eso se transporta por una carretera que se hunde ante nuestros ojos. Si el corredor colapsa definitivamente, es seguro que los precios irían al alza y el bolsillo de los ciudadanos del área terminará pagando los platos rotos de una solución que se ha esperado por años.
Hasta ahora, ante la emergencia, las autoridades intentan planes de contingencia que también sucumben ante la fuerza de la naturaleza, porque se rellena con material en la mañana y, por la noche, el terreno vuelve a ceder; se desplaza maquinaria para construir algún trazado alterno, pero ¿cuánto durará ese esfuerzo si la falla geológica sigue ahí? Lo necesario es enfrentar el problema de fondo, determinar quién tiene la obligación legal de resolverlo y actuar con la velocidad que exige la emergencia.
Isagen dice que construyó con los estándares exigidos y que la Gobernación recibió la obra a satisfacción en 2016. La Gobernación replica que el mantenimiento le correspondía a la empresa por tres años, y que después de eso la herencia fue un desastre y, entre tanto, la carretera sigue yéndose hacia el precipicio y los chucureños, atrapados en medio del debate, pagan las consecuencias con su tiempo, su dinero y su seguridad. Los estudiantes que tuvieron que bajar de un bus y subirse a una lancha para llegar a la represa, por ejemplo, son la imagen perfecta de una situación inaceptable.
