Las declaraciones que hace pocos días hizo a un medio radial Claudia Toledo Bermúdez, quien fuera secretaria de Infraestructura en el gobierno de Richard Aguilar, y luego la publicación del documento donde el contratista de la obra de remodelación del estadio acepta que pagó coimas al esposo de la secretaria Toledo por cerca de $1.500 millones, desnudan una rampante corrupción que habría existido en el palacio amarillo durante esa administración. Según la narración de la exfuncionaria, en tal administración se llevó a cabo una conducta sistemática de asalto a los dineros públicos, gracias al direccionamiento de licitaciones, en la cual los montos desviados a bolsillos particulares es descarado y doloroso.
Por supuesto que la versión de la señora Toledo debe ser confirmada por la justicia, pero la aceptación de la funcionaria de recibir como coima $150 millones por la adjudicación del contrato para obras en el estadio Alfonso López, muestra que tal corrupción fue real, lo que falta determinar es su verdadero alcance y quiénes están implicados. Este solo contrato inició con un presupuesto de $15 mil millones, pero por las reiteradas adiciones terminó costando $22 mil millones y aún hoy hay obras por terminar. Pero, además, según la versión del contratista, la exfuncionaria habría recibido mucho más de los $150 millones de ‘mordida’ por haber adjudicado este cuantioso contrato a un único oferente. Quièn dice la verdad es lo que debe establecer la justicia.
Las declaraciones del contratista y de la exsecretaria Toledo se refieren a un solo contrato, pero durante esa admnistración se ejecutaron casi $6 billones en el marco del contrato plan. ¿Tal entramado de corrupción se construyó para este único contrato del estadio? ¿Existen otros contratistas que hayan sido parte de licitaciones amañadas? ¿Qué funcionarios participaron del contrato del estadio, donde ya está aceptado el acto de corrupción? Lo que es un hecho muy desafortunado para Santander es comprobar que la corrupción en la Gobernación de Richard Aguilar no estuvo ausente, lo que aún no sabemos es si esto se hizo con la anuencia de otros funcionarios, incluido el hoy senador. Por supuesto que hay una presunción de inocencia que le acompaña, pero también es cierto que aún faltan muchas explicaciones.
La corrupción en Colombia sigue al galope, arrasando los bienes públicos, cooptando los órganos de control, burlando la ley impunemente y desvirtuando hasta la última letra el sentido de la ética, la moral e incluso la política. Hay que entender que apropiarse del patrimonio de la Nación o, en nuestro caso, sobre los recursos públicos del departamento, no es simplemente un robo de dinero, sino, también un ataque continuado al sistema democrático y, por supuesto, a todos nosotros. Esa corrupción es la que termina costándonos años de atraso, miseria e injusticia.
