Por la presunta ejecución irregular de dos contratos suscritos por la Alcaldía de Bucaramanga en 2010 con el fin de construir las baterías sanitarias del parque de los Niños y del parque Girardot, la Contraloría les imputó responsabilidad fiscal a dos exfuncionarios de la administración municipal y a un contratista.
Publicado por: JINETH PRIETO JPRIETO@VANGUARDIA.COM
Se trata del exsecretario de Infraestructura, Álvaro Antonio Ramírez Herrera, el exfuncionario de ese despacho y supervisor de los dos contratos, Donaldo Durán, y de Héctor Javier Gómez Suárez, representante legal de la firma contratista, quienes presuntamente causaron un daño fiscal al municipio que asciende a los $113 millones.
Específicamente, y para formular la imputación, el ente de control determinó que dentro de la suscripción del contrato no existió planeación y a que, en esa medida, pese a que están construidas las baterías, no están en funcionamiento, debido a que no tienen conexión a servicios públicos.
“Desde que se suscribieron los dos contratos sufrieron de modificaciones en el sentido de que una vez se concertó el proyecto con la comunidad, se manifestó que los diseños y los materiales con que se querían construir las baterías allí no eran las adecuadas. Eso se modifica, dentro de la ejecución, pero posteriormente, y una vez terminado el proceso, se dan cuenta de que no hay disponibilidad de servicios públicos, esa es una evidente falta de planeación que nos lleva a imputar cargos”, explicó Jorge Gómez Toloza, contralor (e) de Bucaramanga.
Adicionalmente, el funcionario del ente de control señaló que este caso se convierte en ejemplo de lo que no se debe hacer en la contratación estatal.
“Las baterías sanitarias son ahora dos elefantes blancos, porque son completamente inservibles”.
Respecto a la decisión del ente de control fiscal, se pronunció Ramírez Herrera, exsecretario de Infraestructura, quien aseguró que dentro del contrato sí se contemplaron las conexiones.
“Las baterías sí tienen las acometidas, aquí la pregunta es por qué la actual administración no las ha puesto en funcionamiento. Cuando usted construye un edificio lo último que hace es pagar los derechos de servicios públicos, en este caso pensábamos hacerlo directamente a las cometidas que hay en los parques, pero como no hay quién administre los parques, hubo la necesidad de instalar contadores”, precisó.
Se espera que en un término no mayor a seis meses se conozca la decisión de fondo.
