Las demoras en la realización del debate de moción de censura en contra de la secretaria de Cultura departamental, Mery Luz Hernández, suscitó nueva polémica entre Ferley Sierra y René Garzón.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Dos semanas después de apobrado el debate de moción de censura en contra de Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura departamental, salpicada por el escándalo de una presunta estafa masiva a artistas de Santander, la mesa directiva de la Asamblea aún continúa sin convocar a la plenaria para la trascendental sesión que podrían conllevar a la declaratoria de insubsistencia de la funcionaria.
Según el diputado y precandidato a la Gobernación, Ferley Sierra, a pesar de que desde el pasado 7 de julio, 12 de los 16 diputados aprobaron llevar a cabo el debate de moción de censura en contra de la jefe de la cartera de Cultura, desde la presidencia de la Duma se estaría dilatando la realización de la discusión para evitar la inminente salida de la cuestionada funcionaria.
“El diputado René Garzón, al servicio del clan Aguilar, pretende sabotear la moción de censura para impedir que los artistas denuncien. La moción va y no se modifica el día”, denunció en sus redes sociales el corporado.
El debido proceso
Ante los señalamientos en su contra, el diputado René Garzón (Partido Liberal), presidente de la Asamblea, a través de un comunicado de prensa respondió a los cuestionamientos elevados por su homólogo de la Alianza Verde y aseguró que no ha habido ninguna actuación en contra de la ley.
Según Garzón, debido a la complejidad del proceso, en el que la secretaria tendrá que responder un cuestionario de 17 prguntas, se le concedió, a petición de la propia funcionaria, “tres días improrrogables” para que dé respuesta al cuestionario remitido por los diputados que citaron al debate de moción de censura.
“De acuerdo al reglamento de la Asamblea Departamental de Santander, el suscrito presidente de la Duma departamental, se permite informar, que, a solicitud de la funcionaria citada, se le ha concedido un improrrogable término de tres días, para que dé respuesta al cuestionario remitido por los diputados que citaron al debate de moción de censura”, informó Garzón.
Así mismo, el presidente de la Asamblea aseguró que una vez Mery Luz Hernández de respuesta al cuestionario de la oposición, citará al debate de moción de censura.
Sin embargo, el corporado no dio fecha para la convocatoria de dicha sesión plenaria.
Aunque el plazo de los tres días improrrogables otorgados por las directivas de la Asamblea vencían ayer, miércoles 19 de julio, al cierre de esta edición la secretaria de Cultura no había dado respuesta al cuestionario.
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La polémica
En septiembre del 2022, la Secretaría de Cultura departamental junto con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social suscribieron el convenio de asociación 4294793 del 28 de septiembre del 2022, entre para apoyar la estrategia memorias históricas de tradición para el departamento, por valor de $2.859 millones. Contrato que tenía que ser ejecutado en tan solo 20 días.
Aunque el convenio se ejecutó, liquidó y canceló en su totalidad en diciembre del año pasado por parte de la administración de Aguilar Hurtado, el diputado de la oposición y precandidato a la Gobernación, Ferley Sierra, denunció presuntas irregularidades en la facturación presentada por la Fundación encargada de la ejecución el convenio, inconsistencias que habrían suscitado sobrecostos de hasta el 4 mil por ciento del valor real pagado a varios de los artistas que trabajaron en el contrato.
Es así como Bernarda Ortiz, artesana del municipio de Barichara, denunció haber sido estafada por la administración departamental en un encuentro de artesanos en diciembre.
“El 15 de diciembre del 2022 me invitó la Gobernación para llevar unas cositas de aporte para un evento en Barichara, fui y me dieron $100 mil pesos que no me alcanzó ni para el pasaje ni para nada. Ahora estoy recibiendo mensajes en mi celular que supuestamente nos habían pagado $4 millones por esa participación. No nos estafen de esa manera, porque nosotros sí trabajamos con las manos”, denunció Ortiz.
Según el archivo contractual del proceso, a Bernarda Ortiz la administración Aguilar supuestamente le pagó $4 millones como incentivo por su participación en Barichara.
Caso similar sucedió con Ruth Rincón, una artesana del municipio de Capitanejo quien también denunció haber sido víctima de la estafa y suplantación de su identidad por parte del contratista que ejecutó el controvertido convenio.
Del mismo modo, en el archivo del proceso contractual se registra que Ruth Rincón recibió $4 millones como incentivo por parte de la Gobernación.
La moción de censura ha aumentado la controversia en la Asamblea, entre bancadas de apoyo y oposición al gobierno de Mauricio Aguilar.
