Se trata de 12 convenios, firmados entre 2005 y 2007, para la construcción del Parque Nacional del Chicamocha, Panachi. Uno de los sitios más turísticos de Santander, pero que es centro de un escándalo de corrupción durante la gobernación de Hugo Aguilar Naranjo, que fue condenado por sus vínculos con los paramilitares en el departamento.

Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía informó este martes que solicitó condena en contra del exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por las irregularidades detectadas en la celebración de 12 convenios, entre 2005 y 2007, para la construcción del Parque Nacional del Chicamocha, Panachi.
“Con esta petición culminó en la Sala Especial de Primera Instancia de Corte Suprema de Justicia el juicio oral que se seguía en contra del exmandatario de Santander por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”, señala una comunicación de la Fiscalía.
Se espera conocer en los próximos días se conocerá el sentido de fallo contra Hugo Aguilar Naranjo.
La #Fiscalía solicitó condena en contra del exgobernador de #Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por las irregularidades detectadas en la celebración de 12 convenios, entre 2005 y 2007, para la construcción del Parque Nacional del Chicamocha (Panachi). Con esta petición…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 23, 2024
Antecedentes de la investigación contra Hugo Aguilar por Panachi

En noviembre de 2015 el entonces vicefiscal general, Jorge Perdomo, aseguró que la hipótesis que está manejando el ente acusador se remite a la contratación que adelantó el entonces mandatario de los santandereanos con la Corporación Panachi, para la construcción del parque que lleva ese nombre.
Vanguardia conoció que específicamente la decisión de abrir investigación formal contra Aguilar se remite a presuntas irregularidades en la suscripción de un total de 12 convenios con Panachi.
Los convenios cuestionados suman un total de $21.305 millones y aunque fueron suscritos por los titulares de la Secretaría de Desarrollo que ejercieron funciones de marzo de 2005 a mayo de 2007, la Fiscalía está investigando la responsabilidad de Aguilar debido a que él fue quien delegó y ordenó esa facultad.
Y es que precisamente, uno de los principales argumentos por los que la Fiscalía llamó a Hugo Aguilar, está en el hecho de que en su calidad de Gobernador creó la Corporación Panachi bajo un régimen de derecho privado pese a que por sus condiciones debía ser una empresa de sociedad de economía mixta, lo que le habría permitido realizar la contratación que hoy se le cuestiona.
Otro de los cuestionamientos se remite a un convenio suscrito en 2004 con la Sociedad de Mejoras Públicas de San Gil, con el objeto de realizar los estudios y diseños de Panachi. Según las hipótesis que se estarían manejando, Aguilar suscribió el convenio argumentando que se trataba de desarrollar programas de interés público cuando por su naturaleza la actividad no tiene nada qué ver con ese objeto.
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Panachi, ¿megaobra paramilitar? aseguró Hugo Aguilar

Hugo Aguilar reseñó a la Jurisdicción Especial para la Paz que la construcción del Parque Nacional del Chicamocha fue un medio para poder cumplir pactos burocráticos con los paramilitares, esto, a través de convenios interadminsitrativos entre el departamento y la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, para contratar a todas las personas encargadas por las autodefensas.
“Si bien es cierto, los convenios los firmaban los secretarios de despacho, yo era el Gobernador y el presidente de la junta directiva de Panachi, y aproveché para involucrar al diputado Nelson Naranjo Cabarique como el interlocutor entre el proyecto y las autodefensas para seleccionar la gente de esa organización al margen de la ley que entró a trabajar en el año 2004 y así cumplir con el compromiso burocrático”, relató Aguilar.
El proyecto de Panachi, según cuenta el propio Hugo Aguilar, fue objeto de denuncias por parte los exsenadores Hugo Serrano y Horacio Serpa, ambos ya fallecidos, quienes advirtieron públicamente ante autoridades judiciales en que el proyecto no era para impulsar el turismo ni reactivar la economía sino para cumplir económica y burocráticamente a los paramilitares.
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