El Consejo de Estado ya había notificado la nulidad electoral de Elkin Reyes por incurrir en ‘trasteo’ de votos.
Luego de ser notificado por el Consejo de Estado de la nulidad electoral de Elkin Reyes como alcalde de Oiba, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó en el cargo a Camilo Villar Chacón, quien estará en el cargo hasta que se elija una terna de los partidos políticos que respaldaron en 2023 al entonces candidato a la Alcaldía.
Tal y como estaba previsto, el mandatario departamental encargó como alcalde a uno de los funcionarios de la Gobernación, quien se viene desempeñando como director de Juventudes de Santander. Villar Chacón es nacido en San Gil, profesional en Administración de Empresas, especialista en Gobierno y Gestión Pública y tiene una maestría en Gobierno del Territorio.
El funcionario buscó ser candidato a la Alcaldía de San Gil en 2023 con el respaldo político del Partido Conservador y por su cercanía con Lina Barrera, gerente general de Enterritorios, exrepresentante a la Cámara y excandidata a la Alcaldía de ese mismo municipio.
Además: Oiba sin Alcalde: Nulidad electoral obliga al Gobernador a nombrar un encargado
“La Gobernación debe acatar la orden por la anulación del Consejo de Estado. Esto es una causal de salida y debe encargar a alguien que debe ser de la Alcaldía o la Gobernación. Va encargado mientras le pide a la Registraduría que le certifique a qué grupo político fue que lo eligieron, envían una terna para designar y luego se ponen de acuerdo el Gobernador con la Registraduría y convocan elecciones atípicas”, explicó el analista político y abogado, Gerardo Martínez.
La demanda en contra del Alcalde fue interpuesta por el abogado Fredy Andrés Galvis, quien argumentó, junto a su abogado Leonardo Hernández, que en los comicios que tuvieron lugar el 28 de octubre de 2023, en Oiba, incurrieron tres anomalías. La primera, el candidato Elkin Alfonso Reyes Plata habría ‘violado’ los topes electores. La segunda - dicen los demandantes - en una mesa sufragaron personas que no hacían parte del censo electoral. Y por último, que se dio trashumancia electoral o ‘trasteo de votos’ de más de 120 cédulas que habían sido revocadas en Oiba, Santander. Finalmente, fue el último delito electoral que tuvo en cuenta la Sala de lo Contencioso Administrativo.
