El proyecto de ordenanza debió debatirse el pasado miércoles, pero la discusiòn fue suspendida por tres recusaciones contra la Asamblea de Santander.
Justo cuando la Asamblea de Santander se disponía a debatir y votar en pleno el proyecto de ordenanza presentado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, que propone la creación de una tasa para la seguridad a través del recibo de la luz, los 15 diputados fueron recusados en tres oportunidades, lo que llevó a la suspensión de la discusión.
Una de las recusaciones fue presentada por el representante a la Cámara por Santander y miembro de la Alianza Verde, Cristian Avendaño, quien remitió a la Presidencia de la Asamblea su solicitud en contra de todos los corporados.
El congresista santandereano argumentó en su recusación que los diputados incurren en un conflicto de intereses que podría comprometer la imparcialidad en sus decisiones, particularmente en lo relacionado con este proyecto de ordenanza impulsado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus.
Además: Así quedarían los topes máximos para pagar la tasa de seguridad en Santander
“Todos los diputados ven comprometido de manera directa su interés personal, así como el de sus familias, al ser eventuales destinatarios de la sobretasa impuesta por el uso del servicio de energía en el departamento de Santander. Este es un hecho notorio que no requiere prueba adicional, ya que es de conocimiento público que toda persona necesita el servicio de energía eléctrica para su vida cotidiana”, señala la recusación presentada por el representante Avendaño.
En el documento, el congresista también afirmó que la mayoría de los familiares de los diputados pertenecen al estrato 3, lo que, a su juicio, “constituye una motivación adicional para haber votado favorablemente la nueva exención de la tasa”. Cabe mencionar que los usuarios de este estrato fueron excluidos del cobro, que comenzaría a aplicarse en septiembre y se extendería por tres años.
“Se ha anunciado públicamente que la ordenanza incluirá topes para el sector comercial y, en el entendido de que los diputados o sus familiares también podrían verse afectados por esta medida debido a sus actividades comerciales, no podrían votar la eventual propuesta sin incurrir en un conflicto de interés manifiesto”, sostuvo el representante Cristian Avendaño.
Publicidad
¿Qué sigue tras la recusación contra todos los diputados?
A la Presidencia de la Asamblea de Santander no solo llegó la recusación presentada por el representante a la Cámara Cristian Avendaño contra el pleno. También se radicaron otras dos: una contra la totalidad de la duma y otra contra la Comisión Primera, que la semana pasada dio viabilidad al proyecto.
Las tres recusaciones generaron malestar entre los diputados, quienes, si bien reconocen que es un mecanismo legítimo, consideran que en este caso se está utilizando con fines dilatorios, según fuentes consultadas por Vanguardia dentro de la duma.
“La recusación llega a la Presidencia y tengo que notificar a todos los diputados. Somos 15 los recusados porque no estaba el reemplazo de Arley Valero. Envié a cada uno un correo solicitando que respondan la recusación. Tienen cinco días hábiles”, explicó el presidente de la duma, Víctor Palacios, miembro del Partido Conservador.
Tras este plazo, la mesa directiva deberá remitir las respuestas de los diputados a la Procuraduría, que determinará quiénes están impedidos para votar y quiénes podrán participar en la última discusión del proyecto de ordenanza.
“Este será un proceso largo y tomará tiempo. La Procuraduría deberá responder 15 recusaciones, y con la proximidad de la Semana Santa, el trámite podría retrasarse aún más”, advirtió el diputado Víctor Palacios.
¿En qué se invertirán los recursos?
Aunque la ordenanza debería aplicarse en toda la región por ser una decisión de alcance departamental, no sería viable en los 87 municipios. Por esta razón, la tasa solo se implementaría en aproximadamente 40 de ellos, ya que aplicaría únicamente para los estratos 4, 5 y 6.
Publicidad
Sin embargo, los usuarios de los sectores comercial, industrial y oficial en los municipios exentos también deberán contribuir. Según las estimaciones del gobernador de Santander, cada uno de ellos pagaría alrededor de $12.000.
Si la iniciativa es aprobada, los usuarios cobijados aportarían, a través del recibo de este servicio, el 0.1331 % de la UVT por cada kilovatio consumido mensualmente. En consecuencia, cada suscriptor de energía de los estratos mencionados deberá pagar aproximadamente $66,28 por cada kilovatio consumido.
Además: Video: Gobernador explica el impuesto para la seguridad que se cobraría en el recibo de la luz
Según la Gobernación, la estrategia no solo busca respaldar a las Fuerzas Militares, sino también mejorar las condiciones viales, la conectividad y el bienestar social en zonas vulnerables.
Entre otras medidas, se plantea la creación de un centro de monitoreo denominado CIMVRI, que permitirá al Ejército reaccionar con mayor rapidez ante situaciones de riesgo. Asimismo, en el área metropolitana de Bucaramanga y en Barrancabermeja, el enfoque estará en la construcción de Centros de Gestión de Emergencia y Seguridad (CEGES), infraestructuras que integrarán y enlazarán todas las cámaras de seguridad de la región.
