La anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán dejará a la ciudad con varios alcaldes en pocos meses, cada uno con facultades presupuestales, esta situación enciende la polémica sobre la aprobación de vigencias futuras y el manejo del presupuesto 2026.
¿Sabe qué significa el dicho ‘raspar la olla’? Al menos, en la cultura popular de gobierno, hace referencia al proceso de utilizar, gastar, apartar o destinar, entre otros verbos fiscales, todos los recursos públicos de un presupuesto en un momento político y administrativo particular. Más o menos sería como gastarse todos los recursos públicos muy rápido, sin una planeación administrativa estratégica. De forma reciente, esta polémica frase se empezó a escuchar con mayor fuerza en varios mentideros políticos de la ciudad, luego de la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga.
¿La razón? Mientras abandona el cargo Beltrán Martínez, la ciudad tendrá en los próximos meses por lo menos cuatro alcaldes diferentes. Cada uno con facultades presupuestales y capacidad de ordenar y ajustar la contratación pública. Ellos son: el primero, Jaime Andrés (próximo a dejar el cargo por orden judicial); el segundo, a quien deje provisionalmente encargado el gobernador de Santander; el tercero, el que seleccione nuevamente el gobernador, pero de una terna que enviarán los partidos políticos que respaldaron a Jaime Andrés Beltrán; y el último, el mandatario electo de las elecciones atípicas que se convocarán para octubre o noviembre.
La historia política de este país registra que, cada vez que llega un episodio como estos, se eleva el riesgo de que quien llegue a la silla de alcalde encuentre “la olla (presupuestal) raspada”, es decir, administrar sin tener recursos porque sus antecesores ya los asignaron. En tal sentido, llama la atención, para un sector de la ciudad, la decisión que tomó hace dos semanas Jaime Andrés Beltrán de convocar a sesiones extraordinarias al Concejo, las cuales se extenderán hasta el próximo 21 de septiembre.
A través del Decreto 0682, el alcalde de Bucaramanga pidió debatir 18 proyectos de acuerdo. Siete de ellos hacen referencia a vigencias futuras, es decir, tener autorización para gastar recursos de presupuestos de años fiscales posteriores. Estos siete proyectos de acuerdo abarcan tanto el nivel central de Bucaramanga como la Dirección de Tránsito, Bomberos de Bucaramanga, el Instituto de Cultura, el Instituto Municipal de Empleo y el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, por $177 mil millones.
En Bucaramanga se escuchan voces en los pasillos políticos que piden que estas decisiones presupuestales sean tomadas por el mandatario en propiedad, mientras otras aseguran que la administración pública no puede paralizarse, más aún cuando en octubre próximo el Concejo deberá analizar el presupuesto general de 2026.
‘Sentido común en Bucaramanga’
Al respecto, Gerardo Martínez, analista político, aseguró que “el sentido común, del padre responsable, enseña que es necesario superar la situación política. Que llegue el alcalde que le corresponda terminar el período para que ocurran esos compromisos fiscales. La administración sí se debe paralizar cuando llega un alcalde que va de paso. La prudencia llama a esperar para tomar decisiones de fondo. Es él quien tiene que tomar esa decisión y no los que están saliendo o, de paso, los encargados de ‘raspar la olla’. Y si usted hace memoria, en esas ‘raspadas de olla’ nos ha ido muy mal”.
A quien hace referencia Gerardo Martínez es al desaparecido Héctor Moreno Galvis, quien se posesionó como alcalde encargado de Bucaramanga el 5 de septiembre de 2011 y cuyo encargo finalizó tres días después, luego de la sanción contra el entonces alcalde Fernando Vargas. “Ese alcalde hizo ‘ochas y panochas’ y terminó preso”, recuerda el politólogo Martínez.
Piden transparencia en estos procesos en el Concejo y la Alcaldía de Bucaramanga
A quien también le preocupa este panorama es al economista John Carlos Pabón, quien aseguró que llama la atención “la premura con que trabaja en el Concejo de Bucaramanga el tema de las vigencias futuras. Nunca se había visto un Concejo tan diligente y que estuviera tan preocupado por desarrollar los contratos que se van a implementar a partir del primero de enero con recursos públicos de 2026. Estos debates se hacen en octubre generalmente, no ahora…”.
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Pabón añadió que “es necesario estar muy vigilantes de los debates que se den en el Concejo y analizar qué es lo que se aprueba en este proceso de transición de alcalde. Es importante que estos procesos se hagan de cara a la ciudadanía, de forma transparente...”.
¿Qué dice el Secretario de Hacienda de Bucaramanga?
Reynaldo José D’Silva Uribe, secretario de Hacienda de Bucaramanga, aseguró a Vanguardia que se presentaron estas vigencias futuras porque se tiene la obligación de pasar en los primeros cinco días de octubre el presupuesto de la próxima vigencia.
“Cuando se presenta el presupuesto de 2026, usted ya tiene que saber qué recursos (vigencias futuras) va a comprometer el otro año. Porque si esas vigencias futuras se aprueban después, es necesario volver a presentar el presupuesto al Concejo para modificarlo. Esto se hace más por un principio de planeación. Las vigencias futuras se presentan por esta época; algunos de estos contratos, a donde van las vigencias futuras, por ejemplo, terminan en diciembre próximo y es necesario darles continuidad. Por ejemplo, PAE o transporte escolar. En estos casos, los niños entran a estudiar el 20 de enero. En 20 días nadie es capaz de sacar una licitación. Para estos procesos se requieren por lo menos 90 días. En este caso es importante aclarar que el Concejo autoriza el compromiso del recurso económico; quien esté en la Alcaldía hará el proceso respectivo…”.
¿Qué dicen los concejales de Bucaramanga?
Esta redacción intentó en varias oportunidades conocer la opinión del presidente del Concejo de Bucaramanga, Tito Rangel, pero no fue posible que contestara nuestras llamadas. Quien sí se pronunció fue el corporado liberal de la coalición de gobierno, Óscar Arenas. “Entiendo las voces que consideran prematuro el estudio de vigencias futuras, especialmente en este momento de transición administrativa. Sin embargo, mi posición es que Bucaramanga no puede entrar en un caos institucional. El Concejo, como la ‘junta directiva’ del municipio, tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía. El estudio de vigencias futuras es una herramienta legal que asegura que, aun con el cambio de administración, se mantengan activos programas fundamentales como el bienestar animal, los programas de desarrollo social, la atención en salud y la operación de servicios básicos que recibe la comunidad”.
El concejal agregó que “por eso, el criterio que se está analizando desde el Concejo es que lo que se someta a consideración esté orientado a cubrir, al menos, los próximos tres o cuatro meses que estimamos durará esta transición. Se trata de un margen razonable que da estabilidad al municipio mientras se posesiona la nueva administración y garantiza que no se afecte la atención a los ciudadanos. Desde el Concejo, nuestro compromiso es que no se obstaculice la atención al ciudadano y que se preserve la estabilidad administrativa, pensando siempre en el bienestar colectivo y en la confianza que los bumangueses depositan en sus instituciones”.
