En el día del orgullo Lgbtiq+, este 28 de junio, los sobreviientes del conflicto armado, de la violencia estatal y de acciones de “limpieza social” en Santander buscan reconstruir su memoria y acceder a rutas de reconocimiento y reparación.
Publicado por: PAOLA ESTEBAN C.
Publicado por: John Arias
Antes de llegar a Bucaramanga, Rosa Marcela Rivera vivía en Villanueva, Santander, donde se sostenía criando gallinas y trabajando su parcela. En 2005, la violencia de grupos armados la obligó a desplazarse.
En su territorio también tuvo que ocultar su identidad LGBTIQ+ por miedo a la violencia del conflicto armado.
El temor aumentó cuando, en un retén paramilitar, fue señalada de guerrillera. Personas que la conocían intercedieron por ella: “Si no hubiera sido así, no estaría contando mi historia”, recuerda.
Al llegar a Bucaramanga, sobrevivió en medio de situaciones extremas. Hoy afirma que dejó atrás esa etapa y que su emprendimiento ha sido clave en su reconstrucción personal.
Durante veinte años ha luchado por sobrevivir y acceder a las rutas de atención. Aunque acudió a la Defensoría y a la Unidad para las Víctimas, no supo cómo apelar una decisión.
“No tengo esa persona que me diga: ‘Rosita, mire, vamos a hacer esto’. No es que uno quiera que le hagan todo, sino que lo orienten un poquito más”, dice.
Pide al Estado orientación, apoyo económico, empleo, educación y programas que mejoren la vida de las personas trans víctimas del conflicto.
Con apoyo de CONPAZES, Rosa Marcela logró el reconocimiento de su identidad en su cédula.
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Su historia aporta a la memoria de personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto, la violencia estatal y la “limpieza social” en Bucaramanga.
Para muchas personas LGBTIQ+ desplazadas en Santander, Bucaramanga prometía libertad, pero no siempre protección. Según Diego Ruiz, de CONPAZES, las mujeres trans enfrentaron revictimización familiar, social y estatal.
Desde 2013, CONPAZES trabaja por los derechos LGBTIQ+ en Bucaramanga y Santander. Hoy busca recuperar testimonios de sobrevivientes de violencias atribuidas al F-2, la Policía, fuerzas militares, “limpieza social” y otros actores armados.
El proceso busca reconstruir la historia LGBTIQ+ en Bucaramanga y rescatar la memoria de mujeres trans desaparecidas, personas asesinadas y víctimas silenciadas por la violencia, el miedo o sus familias.
Para CONPAZES, recuperar esta memoria busca evitar la repetición y visibilizar violencias graves contra personas LGBTIQ+ ocurridas en Bucaramanga, aún poco documentadas.
“Queremos que la población LGBTIQ+ que sigue viviendo violencias y no recibe apoyo del Estado pueda declarar ante la Unidad de Víctimas”, afirma Ruiz.
El ingreso al Registro Único de Víctimas puede permitir acceso a atención, orientación y reparación como víctimas del conflicto armado.
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CONPAZES busca identificar a personas LGBTIQ+ víctimas de actores estatales, “mano negra” u otros grupos armados, para que puedan declarar y solicitar su ingreso al Registro Único de Víctimas.
La Ley 2421 de 2024 abrió una nueva oportunidad para que víctimas que no declararon a tiempo puedan hacerlo y buscar su reconocimiento.
La ampliación es una oportunidad temporal: las víctimas de hechos ocurridos entre 1985 y el 22 de agosto de 2024 podrán declarar hasta el 22 de agosto de 2026.
Para CONPAZES, el tiempo es decisivo: la Ley 2421, promulgada el 22 de agosto de 2024, abrió un plazo que está por cerrarse, mientras muchas personas LGBTIQ+ víctimas aún no saben que pueden declarar.
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Ruiz insiste en que el Registro Único de Víctimas puede abrir rutas de atención, orientación y reparación. A la vez, CONPAZES recoge memorias orales de sobrevivientes, personas desaparecidas y asesinadas entre finales de los 80, los 90 y comienzos de los 2000.
Memoria, verdad y derechos de las víctimas
El 17 de junio de 2026, CONPAZES participó en Bucaramanga en una jornada de asistencia técnica con el CNMH, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda, sobre derechos, memoria, verdad y reparación.
El encuentro también permitió dialogar sobre el reconocimiento de las personas LGBTIQ+ como víctimas del conflicto armado colombiano y sobre la importancia de incorporar enfoques diferenciales y de género en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y de atención a las víctimas.
El CNMH presentó sus acciones para reconocer las experiencias, afectaciones y resistencias de personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Para CONPAZES, estos espacios conectan la memoria comunitaria con rutas institucionales de dignificación, verdad y búsqueda de personas desaparecidas.
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Para Ruiz, esta memoria debe servir para exigir verdad, reconocimiento y no repetición. En una actividad de CONPAZES participaron cerca de 45 personas jóvenes y mayores, quienes compartieron relatos sobre persecución, miedo, cuidado, resistencia y supervivencia LGBTIQ+ en Bucaramanga.
Ruiz señala que muchas personas LGBTIQ+ llegaron a Bucaramanga desde municipios como San Gil, Socorro, Curití y Barrancabermeja, buscando libertad y oportunidades. Pero la ciudad también impuso nuevas violencias: algunas mujeres trans sobrevivieron en el trabajo sexual y otras en la belleza y la estética, especialmente en los años 80 y 90.
Para CONPAZES, recuperar estas historias es reconocer oficios, redes de cuidado y formas de resistencia LGBTIQ+ en medio de la persecución. Sus relatos dialogan con el reportaje “A la sombra de la mano negra”, publicado por Vanguardia el 26 de febrero de 2006, sobre acciones de “limpieza social” en Bucaramanga contra habitantes de calle, consumidores de droga y personas trans o travestis.
El reportaje recordó cuerpos hallados en 1989 en el Parque de los Niños y el símbolo de una mano negra con frases como “Aquí estuvo la justicia”. Ante la falta de archivos oficiales, los testimonios de sobrevivientes, lideresas trans, hombres gays y CONPAZES son claves para reconstruir esta memoria.
Para Lady Caterine Albarracín, mujer trans de CONPAZES, las mujeres trans han sido especialmente violentadas por su visibilidad: “Somos visibles, auténticas, tal cual como ustedes nos ven”. Aunque reconoce avances frente a los años 80 y 90, advierte que la discriminación persiste en la familia, la calle, el trabajo, la escuela y las instituciones.
Albarracín advierte que persiste la violencia institucional contra personas LGBTIQ+, especialmente mujeres trans. Ruiz señala lugares de persecución como el Parque Centenario, la calle 37, La Cemento y Punta Estrella, y relatos sobre jeeps rojo, negro o gris asociados con asesinatos y desapariciones. Los primeros casos se ubican entre 1984 y 1986, con hechos graves en 1986, 1989, 1991, 1993 y 1994, y posibles violencias hasta finales de los 90 o comienzos de los 2000.
La memoria de Edward: “Era una época muy brava”
Edward García Reina, gay, activista LGBTIQ+ y desplazado de Sabana de Torres desde 1983, también hace parte de esta memoria viva. Recuerda que en esa época asumirse gay podía significar ser expulsado de la casa, el colegio o el trabajo: “La palabra era marica o lesbiana”.
Su testimonio muestra que la persecución también alcanzó a hombres gays, con agresiones policiales, trasquiladas, golpes y detenciones. “Tenía uno que huir no solo de la delincuencia común, sino de la misma Policía”, relata. También recuerda camionetas grises, negras y rojas; a esta última le tenía más miedo porque, dice, “esa sí me generaba asesinato”.
Los lugares de su memoria coinciden con el mapa que reconstruye CONPAZES: carrera 31, calle 37 con carrera 19, Profamilia, Colseguros, el centro, Parque Antonio Santos y Punta Estrella, en Campo Hermoso. Allí, afirma, sobrevivió a agresiones: “Ahí murieron varios amigos”.
Aunque reconoce avances, Edward advierte que persisten controles y discriminación. También reivindica sus más de 30 años enseñando teatro: “Mi inclinación sexual no me impide hacer trabajo social”. Para CONPAZES, testimonios como el suyo permiten reconstruir una violencia sostenida contra personas LGBTIQ+ expulsadas, perseguidas y borradas de los archivos. Edward cree que fueron “más de 100” las personas asesinadas o desaparecidas.
Persecución en todas partes
Según CONPAZES, la violencia contra personas LGBTIQ+ también ocurrió en bares, discotecas y espacios de encuentro. Ruiz recuerda códigos de alerta cuando llegaba la Policía y resume: “La persecución se daba tanto a puertas abiertas como a puertas cerradas”.
Muchas mujeres trans asesinadas o desaparecidas no dejaron expedientes ni lazos familiares activos. “Sobrevivieron en la memoria colectiva de las mujeres trans”, dice Ruiz. En esa memoria también están las redes de cuidado entre mujeres trans mayores y jóvenes, y casos como el de Leona, asesinada en una peluquería de la carrera 31. Para Lady, fue uno de esos crímenes que quedaron “como la mayoría de los asesinatos hacia la población LGBT y específicamente hacia las mujeres trans”.
Ruiz advierte que persiste un fuerte subregistro: no hay una cifra clara de personas LGBTIQ+ víctimas en Santander, aunque CONPAZES ha identificado más de 35 casos solo en Bucaramanga. Por eso invita a declarar y buscar el Registro Único de Víctimas: “Queremos que la población no solamente nos cuente esa historia, sino que también pueda ser incluida”.
El proceso también se articula con la Unidad de Búsqueda, con la que, afirma Ruiz, ya han identificado personas desaparecidas “cuya desaparición no dejó ningún tipo de rastro”. Para CONPAZES, reconstruir esta memoria es enfrentar el silencio, nombrar a quienes fueron borradas y abrir una oportunidad: que sobrevivientes como Rosa Marcela puedan declarar antes del 22 de agosto de 2026 y acceder al reconocimiento institucional que les fue negado.
