A una década de la Ley Rosa Elvira Cely, Santander enfrenta un panorama alarmante: impunidad, violencia sistemática y mujeres asesinadas pese a las denuncias previas. El feminicidio sigue siendo una deuda del Estado.
Publicado por: PAOLA ESTEBAN C.
Era la mañana del 7 de enero de 2025. En la Calle 68 con Carrera 15 del barrio La Victoria, en Bucaramanga, Rosa Ofelia Malagón Aguillón caminaba con paso firme. Hacía un mes había tomado una decisión difícil: dejar atrás a su pareja tras años de violencia. Pero su agresor, un hombre de más de 70 años, no la dejó ir.
La siguió por la calle empuñando un cuchillo. Rosa pidió auxilio y corrió, pero no logró salvarse: recibió al menos diez puñaladas en el tórax y las manos. Un motociclista se interpuso y logró detener al agresor golpeándolo con su casco. Pero Rosa murió horas después en el hospital. Su crimen fue el primer feminicidio del año en Santander. También, uno de los más simbólicos.
Mientras su familia despedía su cuerpo, el país conmemoraba los diez años de la sanción de la Ley 1761 de 2015, más conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como delito autónomo en Colombia.
Una década después, la promesa de justicia sigue sin cumplirse.
Rosa Elvira Cely fue hallada con signos de tortura en el Parque Nacional de Bogotá el 24 de mayo de 2012. Cuatro días después, murió. Había sido violada, golpeada y empalada por un hombre que conocía. Su muerte, brutal y pública, estremeció al país. En 2015, tras una intensa movilización feminista y ciudadana, se aprobó una ley para reconocer el feminicidio como crimen de odio basado en género.
Isabel Agatón, jurista y promotora de la ley, sostiene que este fue un hito simbólico y jurídico: “La ley permitió visibilizar que el agresor casi siempre es la pareja o expareja, que los crímenes son brutales y ocurren muchas veces frente a los hijos”.
Pero no basta con nombrar. Según Agatón, aún hoy persisten graves fallas: “Faltan operadores judiciales capacitados. La ley se aplica mal. Y la impunidad institucional está desbordada”.
El Observatorio de Feminicidios en Colombia reportó 342 feminicidios en lo corrido de 2025, hasta el 4 de junio. Esto significa más de uno por día. El 98 % de esos crímenes aún no tiene sentencia.
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Santander: entre la violencia y el silencio
En el mismo periodo, Santander registró al menos 19 feminicidios y ocho intentos más. Solo en mayo ocurrieron cinco asesinatos de mujeres. Además, el departamento presenta una tasa de 4.554 casos de violencia contra la mujer por cada 100.000 habitantes, de los cuales más de 2.200 corresponden a negligencia o privación, una forma de violencia menos visibilizada pero profundamente dañina.
Pese a la ley y a los programas locales, la mayoría de estos casos sigue en la etapa de indagación. Según el más reciente informe de Ruta Pacífica de las Mujeres, apenas el 7,3 % de los feminicidios llegan a la ejecución de penas, y más del 54 % siguen en fase inicial de investigación.
La historia de Rosa no es única. En Santander, decenas de mujeres han sido asesinadas después de haber denunciado amenazas y agresiones sistemáticas.
Sonia Peña, de 33 años, fue apuñalada por su expareja, Obdulio Wandurranga, en Landázuri, el 25 de mayo de 2025, cuando fue a recoger sus pertenencias. La abogada Cindy Castañeda, asesora de su familia, reveló que Sonia había enviado a sus hijas mayores a vivir con su tía por miedo: “Obdulio la amenazó con dispararle a su hija”.
La Fundación Mujer y Futuro acompañó el caso y exigió que fuera tipificado como feminicidio.
Stefanía Perdomo, madre de cinco hijos, fue asesinada en febrero en Floridablanca. Su caso tiene giros inesperados: aunque el principal señalado fue su expareja, “Gonzalo”, la familia de este niega que haya sido el autor, pese a reconocer que sí ejercía violencia. La investigación sigue abierta, mientras los hijos crecen sin madre y sin justicia.
Viviana Díaz, de 40 años, recibió 13 puñaladas en agosto de 2024 por parte de su pareja, Diego Nieto Franco, quien había sido denunciado por violencia y aun así obtuvo casa por cárcel... en la misma vivienda donde vivía ella. Viviana murió tras cinco meses de hospitalización. Su hija fue clara en su denuncia: “Por culpa de que le dieron casa por cárcel fue que él mató a mi mamá”.
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Yuly Maritza Rubio, asesinada el 15 de mayo de 2024, vivió durante más de 15 años bajo un patrón de violencia que incluyó insultos, golpes, amenazas, chantajes y control económico. Aunque denunció en varias ocasiones, no obtuvo protección. Según sus familiares, en una de sus últimas visitas a una entidad oficial, le dijeron: “Mejor encomiéndese a Dios”.
La Alcaldía de Bucaramanga, a través de su Oficina de Mujer y Equidad de Género, ha reforzado su estrategia de atención integral con el Centro Integral de la Mujer, el Código Rosa y un Call Center especializado. La línea rápida brinda orientación y canalización a mujeres en riesgo.
Por su parte, la Gobernación de Santander mantiene activa la línea 691 0980, operativa 24/7, con atención psicosocial y jurídica a través de equipos interdisciplinarios. También puso en marcha la llamada “unidad púrpura”, que articula acciones con la Policía, la Fiscalía y la Defensoría para responder a casos de violencia de forma más efectiva.
Gloria Yamile Roncancio, directora de Justicia para Todas, lo dice sin rodeos: “No hay un sistema nacional de estadísticas. No hay asistencia técnico-legal adecuada. Las víctimas están solas”.
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Y agrega que los procesos judiciales son lentos, confusos y muchas veces terminan en impunidad por vencimientos de términos o preacuerdos mal aplicados.
Juliana Martínez, profesora experta en género, hace una lectura estructural: “Los celos no matan. El amor no mata. El machismo es lo que mata”.
“El feminicidio no es un asunto privado. Es un crimen que revela que en esta sociedad los hombres aún se creen con derecho sobre los cuerpos y la vida de las mujeres”.
Rodrigo Parada, abogado penalista, reconoce que la Ley 1761 fue un avance, pero señala que quedó mal diseñada en algunos aspectos:
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“No se dieron herramientas claras a los jueces para entender cuándo estamos frente a un feminicidio. Eso ha generado fallos contradictorios y confusiones peligrosas”.
A una década de su promulgación, la Ley Rosa Elvira Cely ha cambiado el lenguaje jurídico, pero no la realidad de miles de mujeres en Colombia.
En Santander, el reclamo de las familias es uno solo: que sus hijas, madres, hermanas y amigas no mueran en vano. Que las instituciones actúen antes del último grito. Que las leyes se apliquen con rigor. Y que la impunidad no sea la norma.
Porque, como dijo Juliana Martínez: “Nombrar el feminicidio no basta. La única solución real es el cambio cultural, acompañado de justicia efectiva”.
Hasta entonces, las víctimas seguirán acumulándose. Y los nombres de Rosa, Sonia, Yuly, Viviana y Stefanía serán los de muchas otras que vendrán, si no hacemos algo ahora.
