La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades de Piedecuesta continuar con las labores de seguimiento e investigación del sistema operativo de vigilancia privada, a fin de desmantelar cooperativas ilegales que estarían resguardando agentes delictivos que amenazarían los Derechos Humanos en la zona.
Publicado por: ÉDGAR OMAR BUSTOS A
El Defensor del Pueblo en Santander, Dilmar Ortíz Joya, informó que el tema no es nuevo y que en Piedecuesta desde hace algunos años vive este tipo de situaciones y que las autoridades competentes deberían sumar esfuerzos para evitar que vuelvan a ocurrir estos casos.
“Desde hace mucho tiempo el municipio de Piedecuesta ha tenido ese problema de las llamadas empresas de vigilancias privadas que no son legales de ninguna manera”, dijo el defensor.
Ortíz Joya afirmó también que “frente a ese rol de ilegalidad debe haber una actuación contundente de parte de las autoridades de Policía, porque ese tipo de situaciones no pueden darse frente a una posible vulneración de derechos hacia la población civil, hacia las personas que habitan los barrios de Piedecuesta en donde efectivamente este tipo de circunstancias están llevando a una posibilidad de violación de derechos fundamentales, como la vida y la integridad personal”, dijo Ortíz Joya.
El representante de los Derechos Humanos, añadió que en varias ocasiones “se le hizo un llamado a las autoridades de Piedecuesta en el anterior gobierno sobre la gravedad de estos hechos, y la posibilidad de que frente a las empresas ilegales se camuflen también situaciones de una delincuencia organizada y que están afectando al Municipio; esperamos que en el presente se tomen las medidas necesarias para proceder de una manera efectiva y que la Policía Metropolitana de Bucaramanga pueda erradicar definitivamente este mal, que está generando una situación de inconformismo en esa localidad”.
El defensor anunció que el organismo estará haciendo un exhaustivo seguimiento ya que la Defensoría quiere ser parte de la solución para lo cual planteara algunos requerimientos al Gobierno a fin de que las compañías ilegales no sigan operando en el área urbana de Piedecuesta.
