Tras una investigación, la Superintendencia Nacional de Salud concluyó que el médico cirujano Camilo Reyes, acusado de saltarse la fila de vacunación contra el COVID-19 en Santander, no fue postulado ni inscrito como priorizado.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El pasado lunes 22 de febrero, cuatro días después de iniciado el Plan de Vacunación en Santander, explotó un escándalo en el que se vio involucrado el médico cirujano Camilo Reyes, tras publicar una fotografía con el carné de vacunación y una sentida frase de lo que significaba ser inmunizado contra el COVID-19.
Reyes fue vacunado en la Clínica La Foscal el pasado viernes 19 de febrero, cuando por orden del Ministerio de Salud, las cerca de 2.300 vacunas que llegaron a Santander estaban destinadas al personal de la salud que atiende urgencias de COVID-19.
El especialista en cirugía facial y nariz, si bien hace parte del personal de salud, no trabaja atendiendo pacientes con COVID-19 por lo que pertenecería a la fase 2, y no a la 1.
Sin embargo, de acuerdo con una investigación realizada por la Supersalud, fueron cuatro los hallazgos de presuntas irregularidades en el caso de Reyes.
“Los documentos remitidos a la Supersalud muestran como si hubiera sido vacunado en la Foscal, que sí tiene ese servicio habilitado, pero al hacer la trazabilidad se encontró que el cirujano realmente fue vacunado en la sede Floridablanca de la Clínica Fosunab, que no tenía habilitado el servicio de vacunación para Covid”, dijo la superintendencia en un comunicado.
Video: "Yo no soy ningún colado": Cirujano plástico acusado de saltarse plan de vacunación en Santander
Además, el ente encontró que el cirujano no fue postulado ni inscrito por la Foscal ni por Fosunab para ser vacunado, ya que no cuenta con vinculación vigente con ninguna de las dos clínicas.
La Supersalud también aclara que el cirujano “no hacía parte de la población que estaba altamente expuesta al Covid-19, por lo que no podía ser clasificado en la Etapa 1, por lo que, al vacunarlo, presuntamente las clínicas desconocieron los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud”.
En su momento, Reyes aseguró a Vanguardia que “hice lo correcto. Me parece injusto lo que está pasando en este momento conmigo. Yo seguí el proceso que indica la plataforma. Ellos me llamaron, yo no los llamé a ellos, ellos se contactaron conmigo para que me aplicara la vacuna y yo asistí a la cita. Ellos (funcionarios de la Foscal) tomaron mi documento, corroboraron la información”, comentó.
La superintendencia también expuso que la Foscal no dio respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados por la entidad de control y vigilancia del sector salud
Al respecto, el superintendente Fabio Aristizábal hizo un llamado a los Tribunales de Ética Médica y a los diferentes Tribunales Éticos de las áreas de la salud para que, con los casos puestos en conocimiento de manera pública, inicien oficio a las investigaciones sobre estos profesionales que presuntamente se han apartado de los derroteros éticos de su profesión.
Otros casos
De 59 denuncias que investiga la Superintendencia Nacional de Salud en la implementación del Plan Nacional de Vacunación, la entidad encontró presuntas irregularidades en dos, que dieron lugar a trasladar la información a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las entidades locales, para avanzar en las investigaciones correspondientes.
Se trata justamente de dos casos que se han hecho públicos a través de los medios de comunicación: el de la politóloga Carolina Cárdenas, quien presuntamente fue vacunada antes de lo que le correspondía, pese a que no tenía contacto directo con personas posiblemente infectadas con COVID-19, y el del cirujano plástico Camilo Reyes.
En el caso de la polítologa, la Superintendencia hizo una auditoria a la Subred Norte de Bogotá, en donde hizo 9 hallazgos de presuntas irregularidades, la más grave de ellas, que 395 personas habrían sido vacunadas en una etapa que no les correspondía, como habría sido el caso de la politóloga.
De esos 395 vacunados, 142 eran miembros personal administrativo de la Subred, incluidas labores de gerencia, contratación, financieras, control interno disciplinario, e incluso el manejo del conmutador.
Otros 253 eran personas que, como la politóloga, hacían parte del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), es decir, hacían actividades fuera de las sedes de la entidad, pero no con personas que posiblemente estuvieran infectadas con COVID-19, por lo cual no hacían parte de la primera fase de vacunación.
