La reforma de la Ley 30 de 1992 busca resolver el desfinanciamiento estructural de la educación superior pública, que asciende a 18 billones de pesos.
Publicado por: Euclides Kilô Ardila
Revisar de manera detallada los elementos que se deben cambiar de la Ley 30, flexibilizar la financiación de los gatos educativos para el alumnado, mejorar la calidad de la educación, garantizar el acceso de los recién graduados al llamado ‘primer empleo’, dotar de infraestructura a las instituciones que forman a los futuros profesionales y lograr un manejo transparente de la ampliación de la cobertura en 500 mil nuevos cupos, tanto en universidades como en instituciones tecnológicas públicas, fueron algunas de las peticiones que le hicieron ayer los estudiantes a la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.
Ella se reunió con más de 400 estudiantes de 22 Instituciones de Educación Superior de Colombia que hicieron parte de la III Asamblea Nacional de Universidades Unidas. Tal actividad se cumplió ayer en el auditorio ‘Ágora’, de la Universidad Industrial de Santander, UIS.
El certamen le apostó a la adopción de una estrategia universitaria, con el propósito de construir una ruta de trabajo frente a la reforma de la educación superior y al fortalecimiento del movimiento de los estudiantes.
Según Isabel Vera, líder estudiantil del Valle del Cauca, “le solicitamos al gobierno hacer mayor presencia en los diferentes departamentos en donde tienen asiento las Universidades Unidas. No queremos que todo se quede en anuncios, es preciso que el Estado responda con acciones concretas en beneficio de los estudiantes que hacen parte de la educación oficial”.
Responde la Ministra
“La apuesta por la que estamos trabajando desde el Gobierno es que la educación sea un derecho de calidad y de pertinencia. Hemos estado dispuestos al diálogo, por lo que ya hay identificados escenarios o vías para lograr la transformación de la educación”, dijo Vergara Figueroa.
La titular de la cartera de Educación añadió que se trabaja “por la transformación social y cultural del país, promoviendo la educación de calidad y pertinente como un derecho que garantiza la equidad territorial y que contribuya a la consolidación de la paz y a la justicia social. La educación es la herramienta que les permitirá a los niños, a las niñas y a los jóvenes de Colombia vivir con dignidad”.
Sobre las amenazas de las que han sido objeto algunos docentes en Santander, por parte de grupos al margen de la ley, argumentó que “existe un decreto para garantizar que los profesores que hayan sido intimidados por estos grupos puedan tener una protección de parte del gobierno colombiano y de parte de toda la institucionalidad encargada de ofrecer tal seguridad”.
En lo que tiene que ver con la deserción universitaria, dijo que “si bien los estudiantes tienen claras sus expectativas respecto a las carreras que cursan, instamos a las instituciones a que desarrollen estrategias de apoyo financiero que acompañen a los estudiantes a lo largo de sus carreras profesionales para evitar la deserción. Debemos garantizar la permanencia de ellos en las aulas, pues es claro que las consecuencias de la pandemia han hecho que más alumnos abandonen sus estudios antes de tiempo”.
Ella también resaltó la denominada ‘Misión 6.0’, la modernización de la infraestructura física para reforzar la academia y la investigación y, de manera especial, el desarrollo de la política de salud mental en las universidades de Colombia.
Voces de los estudiantes
Gabriel Rosero, estudiante de la Universidad del Cauca: “Esperamos que el gobierno garantice que nuestra institución de educación superior tenga más presencia en todos los municipios del departamento, de tal forma que más jóvenes de la región puedan formarse profesionalmente”.
Jéssica Anturi, de la Universidad de la Amazonía, adscrita al Departamento de Caquetá: “Queremos que exista más apoyo para la comunidad educativa de nuestra tierra y, sobre todo, más respaldo con acciones que redunden en beneficio de la educación superior”.
Jennifer Carvajal, estudiante de la Universidad del Valle: “Más allá de poder incidir en la Ley 30, queremos que los delegados de control superior, desde el Ministerio de Educación y desde la misma Presidencia, tomen decisiones que estén más articuladas con el movimiento estudiantil”.
