La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, anunció que el proyecto de resolución que declara buena parte del territorio de Soto Norte, en Santander, como zona de reserva temporal. Se diseñó un área de reserva temporal de 75.357 hectáreas en los municipios de Matanza, Suratá, California, Vetas, Tona, Charta y Bucaramanaga.
En los próximos dos años, en 75.357 hectáreas del Soto Norte, en Santander, incluida Bucaramanga, no se podrá hacer minería de extracción de oro y plata. Así lo anunció este miércoles, 28 de noviembre, el Ministerio de Ambiente. De esta área, 23 mil hectáreas tienen títulos mineros de pequeña, mediana y gran minería.
Este proyecto de resolución, con el que se espera declarar una zona de reserva temporal en Santurbán de carácter temporal, pasará ahora una consulta ciudadana previo a su expedición oficial.
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Ministerio de Ambiente anunció el proyecto de resolución de la zona de reserva temporal en Santurbán para proteger el agua. Esta resolución sale a comentarios durante los próximos 20 días calendario. “Durante este tiempo se realizarán espacios de diálogo, garantizando un proceso de participación informada en las comunidades, con el fin de recibir, observaciones, comentarios y propuestas de la ciudadanía en general y del sector minero. Con esta serie de espacios de diálogo, estamos garantizando la participación activa de las comunidades y todos los actores en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú”.
Esta resolución tendrá una duración de dos años y es temporal. “La decisión se soporta bajo el principio de precaución, para proteger las cuencas de los ríos alto Lebrija y Cáchira Sur, así estamos protegiendo la biodiversidad y la regulación hídrica que garantiza el suministro de agua potable para más de un millón 300 mil personas de Bucaramanga, su área metropolitana y de los siete municipios que constituyen el área. Previniendo daños irreversibles”.
Los municipios que integrarán este zona de reserva temporal son: Matanza, Suratá, California, Vetas, Tona, Charta y Bucaramanaga. El Ministerio de Ambiente aclaró que durante este proceso no se permitirán en esta zona nuevas concesiones y licencias ambientales.
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Para el Ministerio de Ambiente “esta medida no afecta la agricultura, la ganadería, la infraestructura, ni las licencias de construcción, actividades que continúan bajo las disposiciones del ordenamiento territorial y vigilancia de la autoridad competente”.
Esta decisión, según la Ministra de Ambiente, definirá las áreas que en Santander “deberían reservarse temporalmente (congelarse la actividad minera) para frenar la actividad minera, mientras se realizan estudios de fondo, que definan qué queda incluido o excluido de la minería para la protección del agua en la zona”.
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Cifras de minería en el área de Santurbán
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, en entrevista con Vanguardia hace unos meses, explicó que de las 23.300 hectáreas de Soto Norte que tienen títulos mineros vigentes o solicitudes de títulos mineros, 18.500 hectáreas están en zonas con determinantes ambientales, es decir, áreas protegidas porque se tratarían de ecosistemas de importancia ambiental o cuentan con valores de conservación de recursos hídricos que surten acueductos. Estas zonas serían susceptibles de declararse como zonas de reserva temporal.
Mientras la ministra de Ambiente defiende la declaración de zonas de reserva temporal en Santander, los mineros señalan que tal decisión pone en riesgo la estabilidad jurídica de su sector y el sostenimiento de unos 1.300 mineros, que en la actualidad subsisten de la minería informal en el territorio. “Nos quedaríamos sin trabajo”, denuncian.
El Ministerio de Ambiente admite que el Estado se equivocó, años atrás, al otorgar estos títulos en zonas de conservación ambiental, pero ahora un fallo del Consejo de Estado los obliga a reorganizar estos territorios con actividad minera. Decisión que los mineros de Soto Norte rechazan porque aseguran que los condenan a la ilegalidad, al tiempo que acusan al Gobierno Nacional de expedir este decreto sin concertación. De hecho, la comunicación entre mineros de Santander y el Gobierno está tan quebrada, que el pasado 12 de junio, la ministra María Susana Muhamad González abandonó California entre gritos de rechazo a su propuesta de áreas reservadas.
A su turno, la ministra de Ambiente también señaló a los mineros de California de solo querer formalizarse con las grandes multinacionales que tienen interés de explotar el oro y la plata en Santander. En California opera el denominado ‘Proyecto Soto Norte’, de propiedad (51 %) de Aris Mining, una empresa canadiense, y (49 %) Mubadala Aris, una multinacional con sede principal en Abu Dabi.
Reacciones de los mineros de Soto Norte en Santander
La líder minera Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, luego de conocer que el Ministerio de Ambiente citó una rueda de prensa para anunciar la declaración de una zona de reserva bajo el amparo del polémico decreto 044 por fuera del páramo de Santurbán, aseguró que la decisión afectará a Soto Norte, Santander.
Según explicó la líder minera, la aplicación del polémico decreto 044 para prohibir las actividades mineras desconoce que actualmente cursa un proceso de medidas cautelares en el Consejo de Estado, viola el Acuerdo de Escazú, que expresamente indica que toda decisión ambiental se debe concertar con las comunidades, y demuestra cómo, por “motivaciones políticas y activistas”, se están tomando decisiones arbitrarias que pasan por encima de los derechos de más de 100.000 personas que viven de la minería legal en Colombia.
“El Ministerio de Ambiente ha publicado para ‘comentarios’ una resolución que prohíbe de tajo la minería en Soto Norte, una región que lleva casi 500 años viviendo de esa actividad. Con esta resolución inconsulta, que pasa por encima de la voluntad de los 35.000 habitantes de la provincia, de los alcaldes de los 6 municipios de Soto Norte, del gobernador de Santander y de la CDMB, y en contra de los llamados de la Procuraduría y de la Personería, el Ministerio muestra su carácter autoritario y centralista”, indicó González.
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A González se sumaron más de 10 organizaciones mineras de Santander que agrupan a casi 1.500 mineros de California, Vetas y Suratá, quienes denuncian a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por romper uno de los principales acuerdos logrados durante la primera semana de noviembre, cuando se realizó la primera mesa de concertación luego de que se levantara el Paro Minero, y donde se había dicho que, antes de presentar un proyecto de resolución para una nueva zona de reserva temporal, se daría un proceso de concertación con las comunidades afectadas, los alcaldes, la Gobernación de Santander, congresistas y demás actores implicados en una decisión que afecta la economía de todo un departamento.
“Con esta decisión, el Gobierno Nacional condena a la ilegalidad y al desplazamiento forzado a las familias mineras. En lugar de sentarse a construir políticas minero-ambientales de manera concertada y de apostar seriamente por formalizar a los mineros que creen en la Ley, el Ministerio ha decidido borrar de un solo tajo una actividad productiva gracias a la cual viven decenas de miles de familias. El ‘proceso de participación’ al que llama el Ministerio es una burla al Acuerdo de Escazú. La justicia ambiental y la concertación de las políticas ambientales con las comunidades a las que se comprometió internacionalmente el Estado colombiano ha quedado reducida a enviar comentarios en un sitio web”, afirmó tajantemente la líder minera.
Para los mineros, la situación genera tensión en los territorios, pues es claro que la determinación de Muhamad se da ad portas de dejar la cartera ministerial para iniciar un nuevo capítulo en su carrera, evidenciando así que sus decisiones y determinantes ambientales en territorio santandereano responden a compromisos políticos.
González afirmó que “denunciamos que el Ministerio no se ha dignado a responder seriamente a la propuesta que presentamos las comunidades mineras del país tras el acuerdo que firmamos con el Gobierno Nacional en Caucasia para dar fin al Paro Minero de octubre. ¿Si el Gobierno ya empezó a incumplir su propia palabra, por qué deberíamos confiar en que incluirá los comentarios que como ciudadanos hagamos a la resolución publicada?”.
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La líder minera afirmó que “denunciamos que la ministra Susana Muhamad pretende confundir a la opinión pública denominando a esta Área de Reserva como ‘de Santurbán’, pues precisamente el área reservada queda completamente por fuera del Páramo de Santurbán, cuyo proceso de delimitación participativa fue ordenado por la Corte Constitucional, con lo que la ministra demuestra que está dispuesta a desconocer las órdenes de la máxima autoridad judicial del país y a las comunidades que creímos en el proceso de concertación”.
Las comunidades mineras de Santander anunciaron que se declararán en desobediencia civil, marcharán en Bogotá con el apoyo de mineros de otros departamentos y acudirán a todas las acciones legales posibles “para frenar la aplicación del arbitrario Decreto 044″. Además, pidieron a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo de Estado no permitir que se violen los derechos de las comunidades mineras afectadas.
