Cientos de personas Lgbtiq+ han sido sometidas a terapias de conversión y Bucaramanga es una de esas ciudades donde se presentan casos. Este reportaje revela cómo operan, quiénes las promueven y por qué urge una ley que las prohíba.

Publicado por: PAOLA ESTEBAN C.
La escena era desoladora: barrotes en las ventanas, baldes para hacer sus necesidades, agua panela con pan como única comida. “Era una forma de encierro forzado con tratos crueles y degradantes”, repite Francisco, con voz firme, como si aún intentara asimilar lo que vio.
Todo comenzó con una llamada. Corría el año 2021 y Francisco Rey, entonces subsecretario del Interior de Bucaramanga, llegó a una vieja casa donde algo no encajaba. Una fundación, ubicada en la carrera 21 con calle 45, había sido señalada por un homicidio. Pero lo que encontraron adentro fue mucho más oscuro que un solo crimen.
“Nos enfrentamos a un panorama aterrador”, recuerda Francisco. “Cuartos de castigo, signos de tortura, personas encerradas en contra de su voluntad. Dos jóvenes con orientación sexual diversa estaban allí porque sus padres querían ‘corregirlos’. Uno de ellos era menor de edad”. No podían salir. No recibían visitas. No podían decidir.
La Fundación, llamada Hogares Bethel, no estaba sola. Operaba como parte de una red de instituciones donde el reclutamiento lo hacía un líder espiritual, luego judicializado. “Allí no se distinguía entre jóvenes Lgbt+, adultos mayores, personas con trastornos mentales o consumidores de sustancias. Todos eran tratados igual, bajo condiciones infrahumanas”.
“Uno de los jóvenes nos contó que llevaba semanas sin ver la luz del sol. El otro decía que pensaba que morir allí era parte del castigo por ser quien era”, relata Francisco, señalando que el joven le había referido haber llegado allí llevado por sus padres por su orientación sexual. “Nunca había visto un dolor tan silenciado”.
Vanguardia intentó comunicarse con el número público referido para la fundación, pero aseguran que es un número equivocado.
La homosexualidad no es una enfermedad
Bogotá, unos años antes. En una comunidad religiosa, una adolescente de mirada severa y guitarra al hombro dirigía el grupo de jóvenes: Xiomi. No sabía que su vida pronto daría un vuelco que la llevaría a cuestionar todo lo que creía.
“Crecí creyendo que ser gay era el peor pecado. Me volví homofóbica. Me daba asco la gente Lgbt+. Hasta que, a los 19, me gustó una mujer en el trabajo y el mundo se me vino encima. Le pedí a mi pastora un exorcismo”, cuenta.
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La comunidad no tardó en actuar. La bajaron del escenario, le quitaron los cargos. “Me prohibieron tocar la guitarra, liderar, hasta hablar con esa mujer. Me pidieron que se lo contara todo a mi mamá. Sentía que me estaba rompiendo por dentro”.
Entonces apareció Romano 6. Se presentaban como un grupo de apoyo. Pero dentro, lo primero que hicieron fue cambiar su lenguaje. Ya no podía decir que era lesbiana. Ahora tenía “Amsi”: atracción al mismo sexo indeseada. “Nos hacían creer que teníamos una adicción. Que debíamos alejarnos de nuestros amigos, de la universidad, de todo lo que no fuera ellos”.
Cada sesión era una herida. “Nos pedían recordar traumas de la infancia, abusos, abandonos. Sin terapeutas. Sin contención. Sólo dolor. Salía llorando, rota, pero convencida de que debía seguir. Que así podría curarme”.
Una de las líderes del grupo, veinte años mayor, la invitó a su casa. “Fue mi primera experiencia lésbica. Y también una de las más dolorosas. Ella me decía que eso estaba mal, que era pecado. Pero volvía a buscarme”, explica.
“Yo pensaba: si ella, que lleva años aquí, no ha podido dejar de sentir, ¿qué esperanza tengo yo?”, se pregunta Xiomi.
Su madre, por su parte, también había entrado al engranaje. Asistía a los grupos de padres, donde le enseñaban a “ponerle límites”. “Se volvió un coronel. Vigilaba mis salidas, mis llamadas. Yo me apagaba por dentro. Hasta que un día colapsé. Ataque de ansiedad. No podía respirar. Mi mamá me abrazó y dijo: ya no más. Y por primera vez me creyó”.

El amor no se puede corregir
En Bucaramanga y desde el 2016, la Corporación CONPAZES viene denunciando los riesgos que corren en sus propios hogares. “Cientos de los menores y jóvenes de la población Lgbtiq+ que sufren la más dura y triste violencia intrafamiliar debido a su orientación sexual y la identidad de género no heteronormativa. En 2016, y gracias al enlace Lgbtiq (de ese entonces) del Icbf, pudimos abordar los riesgos y peligros que enfrentan, no solo en espacios educativos sino en sus hogares y espacios como algunas comunidades religiosas, promoviendo acciones de respeto hacia la diversidad sexual a partir de la desmitificación que existe sobre el sexo, el género y la identidad de género diversa”.
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Un año después, en 2022, la Corporación identificó los primeros casos de las mal llamadas “terapias de conversión”, donde los menores Lgbtiq son llevados o influidos por sus padres para ser ingresados a “entidades de sospechosa reputación dónde estos menores eran torturados física, mental, emocional y espiritualmente, buscando ‘transformarles’ y arrancarles ‘la maldad’. Los casos recibidos cumplían los mismos parámetros: violencia física, verbal, aislamiento, torturas, muchas veces siendo “corregidos” (forzados) a realizar actos (entre ellos, sexuales) contra su voluntad”, señala Ruíz.
Durante los años de la pandemia (2020, 2021) la corporación denunció la violencia psicológica que sufrieron dos menores Lgbti en los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta.
No obstante, debido a que estos menores que fueron ingresados a centros de rehabilitación contaban con el apoyo y la aprobación de los padres, las denuncias nunca prosperaron.
“Es necesario que la sociedad comprenda los peligros que estos menores enfrentan en estos sitios de tortura. Cómo sociedad seguimos en deuda en la promoción de los derechos de los menores y de la protección de todas y todos, independientemente de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género”, concluye.
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Xiomi no es un caso aislado. Es un rostro más en una estadística que duele. Según la encuesta de Volcánicas y All Out (2023), una de cada cinco personas Lgbt en Colombia ha sido sometida a estas prácticas. El 44 % ha sido presionada. Las consecuencias son devastadoras: ansiedad, depresión.
“Te rompen por dentro. Te hacen odiarte. No te curan, te quiebran”, resume Xiomi. “A mí me vendieron la idea de que el amor podía corregirse. Que bastaba orar, dejar de hablar, resistir. Pero lo único que logran es destruirte lentamente”.
Las llaman de muchas formas: restauración, sanación, acompañamiento espiritual. Pero todas parten de la misma mentira: que hay algo roto que se puede arreglar.
En Bucaramanga, el concejal Carlos Parra se ha manifestado en contra de estas terapias y le explicó a Vanguardia que “en Bucaramanga sí existen empresas que, bajo distintas fachadas, ya sea como fundaciones o como iglesias, ofrecen lo que se conoce como terapias de conversión. Estas prácticas no solo son profundamente discriminatorias, sino que también representan un negocio lucrativo que promete lo imposible: reconvertir a personas Lbtiq+ en personas heterosexuales”.
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El concejal asegura que detrás de ese discurso, lo que se esconde son métodos crueles, como encierros, terapias de choque y maltratos físicos y psicológicos. El caso más gráfico y alarmante fue el de la Fundación Casa del Alfarero, desmantelada en 2022.
“Allí convivían jóvenes con problemas de adicción y otros que eran señalados como si su orientación sexual fuera una enfermedad. La Secretaría del Interior, durante una visita oficial, encontró evidencias de lo que solo puede describirse como formas de tortura. No hay otra palabra para definir lo que se vivió allí”, explica.
Y señala que “en estos espacios, los jóvenes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, sometidos a condiciones de encierro, golpes y constantes violencias que no pueden seguir ocurriendo en nuestra ciudad. Por eso, respaldo el proyecto de ley que busca prohibir estas prácticas a nivel nacional. Porque las personas son libres, y en ningún caso se debe forzar a nadie a cambiar su orientación o identidad. Defender esta ley es defender los derechos y las libertades más básicas de las personas Lgbitq+.”
Vanguardia intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el número público referido para la fundación, pero no contestaron.
La ley que busca decir basta
Por su parte, Karen Pérez, abogada experta en temas de género, explica que “Las llamadas terapias de conversión constituyen una forma de tortura y discriminación hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Estas prácticas atentan directamente contra la dignidad humana, especialmente cuando sus víctimas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes que vulneran sus derechos fundamentales.
Y agrega que por ello, resulta urgente y necesario que el Congreso apruebe el proyecto de ley que busca prevenir y sancionar estas prácticas. Esta norma no solo representaría un avance en términos de protección jurídica para las personas Lgbt+, sino que también sería coherente con los principios de un Estado Social de Derecho y con el mandato constitucional de garantizar los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna.
“Si bien el derecho penal contempla delitos que tipifican algunas de las conductas derivadas de estas mal llamadas terapias, se queda corta la respuesta ante una denuncia puesto que estaríamos frente a un escenario de respuesta a un problema individual. En cambio, una ley específica permitiría una respuesta colectiva, estructura y preventiva, que aborde el problema desde distintas dimensiones más allá de la sanción penal que se da cuando el daño ya se ha materializado y que implica un proceso que puede ser desgastante e incluso, en ocasiones, revictimizante”, señala.
Y concluye que permitir que estas prácticas continúen es legitimar la violencia contra las personas Lgbt+ y perpetuar el despojo de sus derechos humanoss. Por eso, legislar en su contra es un acto de justicia, dignidad y compromiso con la igualdad real en nuestro país”.
En el Congreso, la representante Carolina Giraldo ha escuchado estos testimonios una y otra vez. “Esta es la tercera vez que presentamos el proyecto de ley ‘Quiérele siempre’. Esta versión incluye prevención, reparación y sanción. Queremos que nadie vuelva a pasar por esto”.
Recuerda los casos de Bucaramanga. “Dos jóvenes encerrados en un centro de adicciones por su orientación sexual. Uno menor de edad. Los castigaban con hambre, con encierro”. Y agrega: “En Bogotá tenemos testimonios de chicos a los que les aplicaron electrochoques en los genitales. Esto no es del pasado. Está pasando”.
“Lo más cruel es el silencio. Muchos de estos lugares operan con apariencia de legalidad. Algunas reciben incluso recursos del Estado. Otras están ligadas a iglesias grandes, de esas que llenan estadios los domingos”, denuncia.
El proyecto ya pasó su primer debate. Ahora espera ser discutido en plenaria. “Tenemos el respaldo de varias bancadas, pero también resistencia, sobre todo de sectores religiosos”, admite Giraldo. “Esto no es espiritualidad. Es tortura. Y el Estado tiene que actuar”.
Lo que propone la ley
Prohíbe toda práctica que intente cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género.
Crea el delito de prácticas de conversión.
Ordena campañas de prevención y formación a profesionales de la salud.
Sanciona a instituciones que las promuevan.
Garantiza reparación integral y acompañamiento psicosocial a las víctimas.
En un país donde aún hay lugares que ofrecen “sanar” lo que no es una enfermedad, esta ley es una oportunidad para detener la violencia disfrazada de fe.
“Las personas Lgbt no estamos enfermas. Nos hicieron creer que sí, que teníamos que cambiar. Pero no hay nada roto en mí. Nada que curar”, concluye Xiomi. “Esta ley es una deuda del Estado con quienes sobrevivimos. Y también con quienes no lograron salir con vida de esos lugares”.
“Si hubiera existido esta ley hace diez años, tal vez yo no estaría cargando con tantas cicatrices”, dice, mientras acaricia la guitarra que una vez le prohibieron tocar.















