Carpas como salones y cubiertas en mal estado reflejan el rezago educativo oficial en el departamento, con dudas sobre su financiación.
Publicado por: Danilo Cárdenas
En el Colegio Integrado Fray Francisco de Paula Ramos, en Rionegro, hay aulas que llevan casi 50 años sin intervención de fondo y que todavía tienen cubiertas de asbesto cemento.
En El Guacamayo la situación es más crítica: los estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa Santa Rita reciben sus clases en el teatro del municipio, en un espacio dividido en cuatro salones separados por lonas, después de que unas obras iniciadas en 2023 quedaran suspendidas al detectarse que los diseños no correspondían a los planos requeridos.
Ambos casos, distantes entre sí, retratan un mismo problema: el rezago histórico en la infraestructura educativa oficial de Santander.
Un déficit que se arrastra por más de dos décadas
La radiografía del problema la ofreció la secretaria de Educación Departamental, Karina Araujo, durante el primer encuentro departamental por la infraestructura educativa, realizado el pasado lunes en Bucaramanga con la participación de las secretarías de educación de los municipios y rectores de instituciones afectadas.
Según la funcionaria, el departamento acumula órdenes judiciales por más de $160.000 millones y un rezago que se sostiene desde hace más de 20 años, sin que se hayan hecho inversiones concretas. La última intervención de gran magnitud, dijo, la hizo el Ministerio de Educación en 2015, con la implementación de la jornada única. Araujo precisó que, de las 2.300 sedes educativas rurales que tiene Santander, 1.998 presentan algún tipo de afectación, lo que representa el 91,7 % del total.
Entre nuevas estampillas y dudas sobre la contratación
Para atender ese rezago, la Gobernación anunció que radicará ante el Congreso un proyecto de ley que le permita al departamento contar con una fuente de financiación sostenible para la infraestructura educativa, tal como lo explicó la secretaria Karina Araujo.
La apuesta central es la creación de la Estampilla Pro Educación de Santander, con la que se espera recaudar hasta $800.000 millones entre 2027 y 2038, recursos que tendrían destinación exclusiva y serían administrados por un fondo creado específicamente para ese fin, priorizando a las instituciones rurales.
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Según la Secretaría de Educación, la idea no es resolver únicamente los daños actuales, sino dejar un mecanismo de financiación permanente que, durante al menos una década, sustente los mejoramientos y adecuaciones que sigan surgiendo en las sedes educativas del departamento.
Sin embargo, expertos en contratación pública como Jesús Rodrigo Fernández cuestionan esa alternativa. El expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros señala que, mientras a proyectos como la Arena Bonita se le asignaron $114.000 millones, incluyendo algunos recursos de regalías, para la educación preescolar, básica y media el Gobierno departamental busca crear esta nueva estampilla, un mecanismo que, según su análisis, reduce las metas físicas de las obras y eleva los costos de administración de los contratos.
