jueves 21 de febrero de 2019 - 12:00 AM

Operador de Metrolínea estaría a días de ‘estacionar’ 96 buses

De no llegar a un acuerdo con la Alcaldía de Bucaramanga, Movilizamos S.A. explicó que se vería obligado a suspender actividades desde la próxima semana, por no contar con el presupuesto requerido para garantizar la salida de los automotores.
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Movilizamos S.A., empresa que tiene adjudicada el 41% del funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo, en kilómetros y flota, anunció que está a punto de bloquear su operación.

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Tesorería, ordenó el embargo de las cuentas bancarias por una deuda que alcanza los $438 millones, por concepto de pago de estampillas de previsión social municipal, pro cultura y pro bienestar del adulto mayor.

Alfonso Pinto Afanador, gerente Movilizamos, explicó que la exigencia de cancelar los saldos pendientes se hizo sin primero notificar o establecer acuerdos de pago.

“Es inconcebible que primero nos embarguen y después nos citen. Esto nos afecta muchísimo. No podríamos funcionar, es decir, no habrían recursos para combustible, pago de nómina y proveedores, ni para asumir los demás costos que se generan”, puntualizó.

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Pinto Afanador advirtió que si en estos días no se soluciona el inconveniente, los 96 buses de Movilizamos S.A., distribuidos en 12 articulados, 40 padrones y 44 alimentadores, saldrían de funcionamiento el próximo lunes. “Se agotarían los recursos económicos para conseguir los insumos”.

Entre tanto, Metrocinco Plus, que mantiene el 59% de la concesión de operación del Sitm, en kilómetros y flota, con 17 articulados, 61 padrones y 62 alimentadores, aún no pasa por esta situación, pese a que también registra una millonaria cuenta pendiente.

Según lo dicho por su representante Fredy Cubides Parada, “estamos en espera de lo que pase. Nosotros, según el fallo del Consejo de Estado, tenemos hasta el fin del contrato para el pago de estampillas”.

Con esta situación, los transportadores socios de Metrolínea reciben un nuevo ‘golpe’ a sus finanzas. Ya la gerencia del ente gestor, finalizando 2018, había confirmado que el sistema no es sostenible en razón a que los costos de operación son mayores a los ingresos por pasajero.

Édgar Suárez, diputado de Cambio Radical, quien fue el que denunció lo sucedido comentó que “la Administración Municipal solo tiene un ánimo recaudador, de subir los impuestos a todos para aumentar sus ingresos de libre destinación. No fue capaz de gestionar recursos a nivel nacional, entonces quieren meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos con multas, sanciones, y sellamientos”.

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Manuel Azuero Figueroa, jefe de Gobernanza de la Alcaldía, comunicó que durante toda la tarde de ayer se sostuvo una reunión con los operadores para analizar alternativas que no afecten de ninguna manera el transporte público en la ciudad. Al cierre de esta edición no había concluido el encuentro.

Azuero fue enfático al señalar que independiente de la discusión que se tenga, los operadores deben garantizar la prestación del servicio de transporte público.

“Esta no es una alternativa porque los concesionarios tienen unas responsabilidades contractuales que cumplir que son ajenas o no tienen relación con el fallo del Consejo de Estado, con respecto a la liquidación de las estampillas que son de obligatorio recaudo para el Municipio”, acotó.

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