¿Qué espera usted de los concejos del área metropolitana de Bucaramanga?

El grueso de la ciudadanía no entiende con exactitud cuál es la función del Concejo y escasamente tiene claro quiénes son las personas que lo componen. Y más allá de que muchos de sus integrantes alcancen a ser figuras visibles en la política local, las cifras de credibilidad hacia los cabildos e incluso el abstencionismo, son alarmantes.

Hace tres años, para el caso de Bucaramanga, votaron por el Concejo 299.050 de 512.676 personas habilitadas, lo que representó una abstención del 41,67 %

Y según la más reciente Encuesta de Percepción ‘Mi Voz, Mi Ciudad’, elaborada por el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, BMCV, en el caso de los cabildantes locales, la desaprobación es del 69 %.

Mientras tanto, la desaprobación del Concejo de Floridablanca es del 78 %; la del Cabildo de Piedecuesta es del 75%; y la de Girón llega al 62 %.

En general, en el sondeo elaborado por firma Sensata UX, que consultó a 3.071 personas mayores de 18 años, la gestión de estos corporados se ubicó entre las calificaciones de “mala y muy mala”.

Por otro lado, es cierto que la comunidad no tiene a la mano mayor información de la corporación ni de sus integrantes.

Más que caras nuevas, los bumangueses dicen que en el área metropolitana se suelen anclar los mismos de siempre: cabildantes de casas políticas que aprovechando su posición y tejen redes clientelares para mantener indefinidamente su curules.

En ese orden de ideas, hace unos pocos días, el programa BMCV les presentó a los cabildantes una interesante propuesta de metodología de medición de la transparencia y del acceso a la información pública de esta corporación. El objetivo es abrir un espacio de diálogo y de retroalimentación.

Lo que se busca es rescatar la iniciativa titulada Concejo, ¿Cómo Vamos?, que les hace seguimiento a los cabildos y que fue implementada inicialmente en 2008 por la UIS y que se dejó de realizar en 2019.

La estrategia busca fortalecer las instituciones democráticas y la transparencia a través del control social a los concejos del área.

Con la articulación del programa, el Instituto de Estudios Políticos, IEP, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, y de la Universidad de Santander, UDES, en este año se presentarán resultados de este producto que pretende ser una herramienta para la ciudadanía.

Según Johana Cárdenas Acevedo, directora del referido programa, “durante el 2022 un equipo interdisciplinario, conformado por economistas, estadísticos y un politólogo, construyó una metodología base para determinar el nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y Acceso”.

La metodología está compuesta por cinco dimensiones de evaluación que contienen 21 variables en total. Tales aspectos son: Transparencia en el acceso a la información pública, Rendición de cuentas de la corporación, Calidad de la información, Divulgación proactiva y Participación ciudadana.

En esta versión, la medición se enfocará en evaluar a las corporaciones (no al desempeño individual de los concejales), con la ventaja de conocer la evolución de la puntuación durante los últimos tres años y comparar el desempeño entre los cabildos del área.