El jefe encargado de la Fiscalía General señaló que para este nuevo escándalo de ‘chuzadas’ por parte del Ejército a algunos magistrados, políticos y periodistas, habrá tres líneas de investigación.
Publicado por: Resumen Agencias
El Gobierno pidió ayer “sanciones ejemplares” para los responsables de las escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas, denunciado durante el pasado fin de semana por la revista Semana.
“De hallarse que hubo irregularidades, el Gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar”, afirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una rueda de prensa en la que estuvieron también los comandantes de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y del Ejército, general Eduardo Zapateiro.
Según el informe titulado “Chuzadas sin cuartel”, el relevo como comandante del Ejército del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos, fue precipitado en diciembre pasado por las escuchas ilegales.
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Esas interceptaciones, realizadas el año pasado, se hacían desde dos guarniciones del Ejército “como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la Justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”.
Este caso recuerda al de las “chuzadas”, como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), hoy senador del Centro Democrático.
Investigación
El fiscal (e) Fabio Espitia anunció ayer que empezaron las indagaciones formales sobre las denominadas chuzadas realizadas, supuestamente, por parte del Ejército a algunos magistrados, políticos y periodistas y que dio a conocer la Revista Semana.
El jefe encargado de la Fiscalía señaló que para este nuevo escándalo de ‘chuzadas’ habrá tres lineas. El primero de ellos relaciona la publicación de la Revista Semana, que puso en jaque al excomandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez.
La segunda dinámica de investigación relaciona la orden que dio la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, en el marco de las acciones que adelantan al interior del alto tribunal, en el que por medio de dicho acto se conoció que habían irregularidades en cuanto al Ejército.
Y, la tercer línea de investigación, dijo Espitia, sería conforme al hallazgo del micrófono hallado en la oficina del magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes, quien adelanta el proceso contra el senador Álvaro Uribe.
“Se investigará desde cuándo estaba el micrófono en ese lugar, incluso, sabremos qué tipo de actividades se llevaban a cabo en esas oficinas previo a que se instalaran las oficinas de magistrados”, aseguró.
Además, al interior del búnker, el fiscal señaló que habrá reestructuración en razón a los fiscales que adelantan investigaciones sobre las denominadas chuzadas, dado que durante 2018 también se registraron en contra de políticos y prestigiosos abogados.
“Existen 12 o 13 indagaciones además de la qué resulten de la Revista Semana. En algunos casos que estaban personas como fiscal de apoyo serán retirados para apoyar en otras acciones. Hemos hecho algunos cambios estructurales”, añadió el fiscal.
En razón a las nuevas investigaciones, Espitia añadió que se realizan en contra de las personas que hayan estado inmersas en actos irregulares. “No quiere decir que sea directamente contra el general que menciona la Revista Semana”.
También se conoció que el excomandante del Ejército Nicacio Martínez, quien estuvo en el cargo hasta finales de 2019, será investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Denuncias de Congresistas
En junio pasado, los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras denunciaron que fueron víctimas de escuchas ilegales por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con lo que aseguraron que se buscaba crear un “montaje judicial”.
En ese sentido, otro militar señaló que cuando los congresistas hicieron la denuncia se activó una operación “de contrainteligencia para cubrir su rastro y desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia”, según el artículo de Semana.
Interceptaciones ilegales
1. La historia de las “chuzadas” en Colombia se inicia con los narcocasetes de 1994, revelados por Andrés Pastrana 48 horas después de perder las elecciones.
2. En 1997 salió a la luz pública el conocido caso del Miti-miti, una conversación privada entre los ministros Saulo Arboleda y Rodrigo Villamizar con el supuesto arreglo de una licitación radial para amigos y enemigos del presidente Samper.
3. Entre 1997 y 2001, las “chuzadas” las afrontaron organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a través de la falsificación de órdenes de la Fiscalía.
4. Con el arribo de Uribe al poder se disparó también el síndrome de las chuzadas ilegales. En primer lugar se realizaron a través del denominado grupo G-3, que operó entre marzo de 2003 y octubre de 2005 en el interior del DAS.
5. En mayo de 2007, se descubrió que desde la Dirección de Inteligencia de la Policía se habían promovido interceptaciones a opositores del Gobierno y periodistas.
6. En enero de 2014, la Fiscalía allanó un local ubicado en el barrio Galerías donde funcionaba una fachada militar llamada Andrómeda. Además de los computadores y aparatos tecnológicos decomisados, se anunció que ese lugar se utilizaba para interceptar ilegalmente correos y chats de altos funcionarios del Gobierno y los negociadores de paz en La Habana.
7. En 2015 reapareció el espectro de las chuzadas ilegales. En esta ocasión los señalamientos fueron contra la Dirección de Inteligencia de la Policía.
8. En 2018 fue capturado el general (r) Humberto Guatibonza señalado de liderar una organización ilegal que “chuzaba” teléfonos de personas influyentes por dinero.
