El abogado del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; y del exsubdirector Sneyder Pinilla, denunció que hombres armados ingresaron a su vivienda en medio del escándalo.
El abogado José Moreno, quien defiende al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; y del exsubdirector de desastres, Sneyder Pinilla, denunció que hombres armados ingresaron a su vivienda en medio del escándalo que llevó a los dos exfuncionarios a renunciar por la compra de carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira.
“La defensa de Olmedo López quiere denunciar ante la opinión pública que más de 10 hombres intentaron ingresar a mi residencia de forma violenta y armados. Esto es muy preocupante porque allí se está preparando la defensa técnica de mis clientes”, dijo el abogado.
En medio de su intervención, el defensor aseguró que la vivienda de uno de sus clientes también fue vandalizada por sujetos desconocidos. “Esto se da posterior a las más de cinco peticiones que hemos hecho ante la Fiscalía para colaborar con la justicia entorno a los hechos de investigación”.
“Exigimos a las autoridades que nos brinden las garantías procesales”, exigió el abogado de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, quienes salieron del Gobierno Nacional en medio del escándalo por la compra de 40 carrotanques para suministrar agua portable en La Guajira.
El escándalo en Gestión del Riesgo
Tal y como estaba previsto, Olmedo López presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de fuertes cuestionamientos por la millonaria compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.
Su renuncia se dio luego de que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, anunciara que demandará ante la Fiscalía y la Procuraduría a López, por las presuntas irregularidades en la compra de los vehículos que habría tenido sobrecostos además de direccionamiento al oferente.
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“He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo, para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña”, afirmó Olmedo López en su carta, días después de afirmar en otro comunicado que el Gobierno Nacional respaldaba su desempeño en la entidad que recibió críticas por la forma en como se atendió el Fenómeno de El Niño.
Las irregularidades empezaron a hallarse cuando medios de comunicación confirmaron que los carrotanque estuvieron parados en La Guajira, después de cuatro meses de haberse hecho la compra a tres empresas que, coincidencialmente, estaban ligadas entre sí.
La compra de los carrotanques tuvo un valor superior a los $46.000.000 y se dio en octubre del año pasado cuando el Gobierno Nacional decidió empezar mediante decretos a solucionar la crisis social en el departamento de La Guajira.
Según pudo establecer la Unidad Investigativa de El Tiempo, el proceso licitatorio se dio de forma exprés en tan solo ocho horas, en las cuales tres empresas, ligadas entre sí, se pudieron quedar con la millonaria compra de los vehículos.
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“De conformidad con la base de datos de registro de proveedores de la Subdirección de Manejo de Desastres, se realizó la selección de tres cotizantes para el contrato (...)”, dice el oficio con el cual se dio vía libre a la compra, el jueves 12 de octubre de 2023, a las 8:00 de la mañana.
Los ungidos para el contrato fueron elegidos de forma aleatoria, proceso en el cual participó el mismo exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López. Media hora después de abierto el proceso de selección los ganadores fueron Luket SAS, Brand SAS e Impoamericana Roger SAS.
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Las empresas ganadores no tendrían la experiencia en la venta y compra de carrotanques necesitados para el suministro de agua en La Guajira, toda vez que se dedican al comercio de productos de ferretería, abarrotes y carne de animal muerto apta para el consumo.
Las irregularidades no solo habrían estado con el direccionamiento del contrato, sino que habría tenido sobrecostos de hasta $22 mil millones que investigarán la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, tras la denuncia radicada por la Secretaría de Transparencia de Palacio de Gobierno.
