Por medio de la vía judicial, ciudadanos buscan que los animales no sean sacrificados a través del procedimiento planteado por el Gobierno Nacional. La tutela vinculó, entre otras, a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).
Publicado por: Colprensa
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello (Antioquia) admitió una acción de tutela para frenar el plan oficial de sacrificar 80 hipopótamos en el Magdalena Medio. Sin embargo, el despacho negó la medida cautelar que pedía la suspensión inmediata del procedimiento y otorgó 48 horas a las entidades demandadas para justificar la decisión.
La tutela fue interpuesta por el ciudadano Andrés Felipe Alzate Builes contra el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Presidencia de la República y cuatro corporaciones autónomas regionales. Lea también: Eutanasia para hipopótamos en Colombia: esto debe saber sobre la decisión del Gobierno
El juez Alexis Fernando Pulgarín Baena vinculó de oficio a las corporaciones autónomas regionales Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), entidades que no fueron identificadas por el accionante en el escrito original. La tutela se presentó sin representación de abogado.
Alzate Builes invocó en el escrito presuntas vulneraciones al debido proceso, al derecho al ambiente sano, a la protección de la biodiversidad y a los principios de bienestar animal. En su petición sostuvo que “los animales son seres sintientes” con un valor propio “independiente de su utilidad para el ser humano”.
El demandante solicitó suspender cualquier sacrificio, implementar métodos no letales como anticoncepción, esterilización y traslado, garantizar la participación de expertos y universidades en la toma de decisiones, y establecer mecanismos de transparencia durante el procedimiento.
Pulgarín Baena consideró que no existía “evidencia de un perjuicio irremediable que requiera la intervención urgente del juez constitucional”, argumento con el que rechazó la solicitud de medida provisional.
El despacho otorgó un día al accionante para aportar las pruebas anunciadas en el escrito, entre ellas noticias, comunicados y estudios científicos, y 48 horas a las entidades demandadas para rendir informe detallado. En caso de incumplimiento, el juez advirtió que tomará por ciertos los argumentos del demandante. La decisión de fondo deberá emitirse dentro del plazo constitucional de 10 días desde la admisión.
El plan del Gobierno
El plan del ministerio contempla su implementación hacia el segundo semestre de 2026, con la firma de convenios prevista para el 15 de junio.
Publicidad
Entre 2021 y 2026, las autoridades ambientales esterilizaron aproximadamente 35 hipopótamos, mediante 24 aplicaciones de contracepción química con el producto GonaCon y 13 intervenciones quirúrgicas. Tres hembras murieron por complicaciones durante el procedimiento.
La meta inicial del Gobierno fue realizar 20 esterilizaciones quirúrgicas en 2023 y 40 anuales desde 2024, pero solo se concretaron 6 intervenciones. Las autoridades explicaron que los animales dejaron de entrar al corral donde se colocaba el cebo utilizado para la captura. Le puede interesar: El problema de una especie invasora: hipopótamos se expanden sin control en Colombia
La población actual de hipopótamos en Colombia se ubica entre 160 y 220 ejemplares, con una tasa reproductiva anual del 9,6%. Las proyecciones indican que la cifra podría llegar a 1.307 individuos en el año 2060. Cada esterilización quirúrgica tiene un costo aproximado de 40 millones de pesos.
La tutela respondió al anuncio del 13 de abril de la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, quien oficializó mediante circular una estrategia que contempla eutanasia química y caza de control para 80 ejemplares, con un presupuesto de 7.200 millones de pesos. La determinación se adoptó después de que el Gobierno agotara intentos de translocación internacional hacia México, India, Filipinas, Sudáfrica, Ecuador, Perú y República Dominicana.
El Ministerio de Ambiente expuso su posición el 15 de abril a través de su cuenta en la red social X: “Colombia enfrenta un problema ambiental creciente por la expansión del hipopótamo como especie exótica invasora. El Estado ya ha avanzado en una ruta técnica e institucional para atender esta situación”.
Vélez atribuyó el fracaso del traslado internacional al “silencio administrativo” de los países receptores. La asociación mexicana AZCARM sostuvo públicamente que cuenta con permisos CITES y financiación para recibir 10 ejemplares, versión que contradice la explicación oficial.
El senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, calificó la resolución ministerial como “la pena de muerte”. El representante Juan Carlos Losada propuso declarar a los hipopótamos “patrimonio faunístico especial”. Las comunidades de Doradal y Puerto Triunfo rechazaron el plan por el valor económico que representa el avistamiento turístico en la zona.
Publicidad
En contraste, el Instituto Humboldt, la Universidad Nacional, la científica Brigitte Baptiste y la Procuraduría General de la Nación respaldaron las medidas letales, en consideración a las proyecciones poblacionales de la especie.
Otras acciones judiciales en curso
La tutela de Bello no es el único frente legal activo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó en 2024 un fallo de primera instancia que ordenó al Gobierno erradicar la especie en el largo plazo por la vulneración de derechos colectivos al ambiente sano. La decisión quedó en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin fallo definitivo. Vea además: Anuncio de MinAmbiente de practicar eutanasia a hipopótamos abre debate en Barrancabermeja
De forma paralela, el abogado animalista Luis Domingo Gómez Maldonado mantiene una demanda de nulidad contra la Resolución 346 de 2022, mediante la cual se declaró al hipopótamo como especie invasora. El proceso fue radicado en el Consejo de Estado en abril de 2022 y contó con audiencia pública el 28 de julio de 2023, presidida por el consejero ponente Oswaldo Giraldo López. La sentencia aún no fue emitida.
