martes 17 de octubre de 2023 - 6:38 AM

"La institucionalidad de Colombia ofrece tranquilidad": Presidente de Corte IDH

A propósito de la llegada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, el juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique, presidente del alto tribunal de las Américas, conversó sobre su visión del país que lo recibió por toda una semana.
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Ricardo César Pérez Manrique es uruguayo, preside un tribunal costarricense que imparte justicia en toda América Latina y estuvo de visita en Colombia por una semana. Es el juez que encabeza la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y que quiere una "justicia de puertas abiertas".

Tras terminar una reunión con la procuradora Margarita Cabello, Ricardo Pérez conversó con Colprensa, disimulando con cordialidad su evidente cansancio, y brindó su lectura de Colombia, el país que recorrió por cinco días junto al alto tribunal de las Américas.

¿Cuál es su balance frente a la visita de la Corte a Colombia?

Es muy positivo. La Corte ha encontrado en Colombia una amplia receptividad, tanto a nivel de las autoridades públicas como en la sociedad civil, y también se hicieron actividades académicas, como un seminario. El balance es altamente positivo.

La visita nos ha permitido conocer por dentro la realidad que tiene Colombia en este momento tan particular. Colombia ha demostrado una estrecha relación con la Corte, y yo, como presidente de ella —y en esto estoy seguro de que interpreto a mis colegas, porque somos siete—, creo que el resultado ha sido óptimo.

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Realizamos tres audiencias de casos contenciosos en la Defensoría del Pueblo, con un nivel interesante de público. Realizamos también cinco audiencias de supervisión de cumplimiento en casos de Colombia, de manera reservada, con la finalidad de acercar a las víctimas, a la Corte y al Estado.

Tuvimos entrevista con el presidente de la república, la vicepresidenta y varios de sus ministros; nos reunimos con todas las cabezas de los entes judiciales. Entonces, el balance es sumamente positivo, porque vemos cuánto pesa, en una institucionalidad tan fuerte como la tiene Colombia, el hecho de que la Corte haya venido en este especial momento, en el marco de elecciones y etcétera.

Para nosotros, fue algo positivo. El tiempo dirá si fue positivo para Colombia también.

Entre esos encuentros, se acaba de reunir con la procuradora Margarita Cabello, y antes se reunió con el presidente Gustavo Petro. Entre ellos hay un conflicto por la interpretación de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Petro. ¿Qué le comunicaron ambos a usted respecto a ese asunto?

Estamos al tanto del conflicto. Digamos, ese conflicto está presente en el debate en Colombia y en las preguntas que nos han hecho en varios periodistas.

Para darle una respuesta, tenemos que ubicarnos en el estado procesal en que se encuentra la causa en la que se dictó esa sentencia, que está en firme. Ahí rige la norma de la Convención Americana que determina que el Estado está obligado a cumplirla.

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Estamos en una etapa de supervisión de cumplimiento, en la que la Corte va evaluando de qué manera el Estado cumple, más que la sentencia, las medidas de reparación. Ese es un tema que hoy está en proceso ante la Corte.

La posición de los actores públicos en Colombia es públicamente conocida. Yo no puedo avanzar, porque soy una de las seis personas que va a resolver, en algún momento, no sé cuándo, si Colombia ha cumplido con las medidas que la Corte ha determinado.

La sentencia del caso Petro es una de las tantas que Colombia ha recibido de la Corte Interamericana. ¿Usted cree que sus decisiones han ayudado al país a avanzar en reconocimiento o protección de los derechos humanos?

Esa es una pregunta que deberían responder los propios colombianos. Pero le voy a contar algo.

El miércoles tuve la oportunidad de representar a la Corte en el acto en que se puso en funcionamiento a los integrantes de la Comisión de Identificación de Víctimas que había determinado la sentencia del caso de la Unión Patriótica. Yo vi, en el acto que se realizó en el Palacio de Nariño, cuánta trascendencia y cuánta emoción había.

(El caso de la UP) es un caso emblemático para Colombia y, yo creo, para el mundo. Fue una estrategia de aniquilamiento a los integrantes de un partido político. Tal vez fue uno de los casos con mayor cantidad de víctimas que ha tenido la Corte.

En ese acto vi la trascendencia que tenía para Colombia esa decisión. Estamos en un proceso en el cual se avanza, con algunas dificultades, pero con actos de reconocimiento, con elementos de cumplimiento que permiten llevar mayores niveles de satisfacción a las víctimas.

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Entonces, en ese momento y en las audiencias de supervisión de cumplimiento tenemos las respuestas de las víctimas que están presentes: “Gracias, porque vemos que ustedes siguen preocupados más allá de la sentencia que dictaron; nos siguen escuchando, nos dan una oportunidad de plantear nuestros dramas”. Eso es muy importante para la Corte y, creo, para las personas. Es uno de los elementos intangibles que tiene la actuación de la Corte.

Hay algo muy interesante. Cuando las personas comparecen ante la Corte, y uno de nosotros les pregunta qué esperan de este Tribunal, ellas dicen “esperamos justicia, la justicia que no hemos tenido en nuestros países”. Cuando preguntamos, estamos transmitiendo una preocupación por lo emocional, por la situación de las personas, y tiene que ver con lo que muchos dicen: “Hoy sí que nos sentimos escuchados”. Esto no es una crítica a los sistemas nacionales de justicia, es lo que nos dice la gente.

¿Usted, al iniciar su preparación profesional, se imaginaba siendo parte de un sistema así de significativo para las víctimas?

No. Yo estudié Derecho en la universidad pública de mi país. Luego, circunstancias de la vida llevaron a que ejerciera la profesión de abogado litigante por diecisiete años, en Argentina y en mi país. Y luego, cuando tenía más de cuarenta años trabajando, ingresé al poder judicial de Uruguay.

El día que me senté en mi despacho de juez sentí que, luego de más de cuarenta años, había encontrado mi profesión. De alguna forma, hoy estar en la Corte me demuestra que he logrado mi objetivo en la vida.

Hay una frase del Código de Ética Judicial Iberoamericano que dice que la función del juez es realizar el valor de la justicia a través del derecho. Entonces, cuando uno abraza esta carrera, o al menos es lo que me ha pasado a mí, lo hace siempre con la intención de realizar ese valor: justicia, más allá de lo difícil que es definirlo o concretarlo.

Usted se formó profesionalmente en Uruguay. ¿Cree que hay algo que la justicia colombiana deba aprender de la uruguaya? ¿O viceversa?

Yo tengo un enorme respeto por la justicia colombiana. A todos sus niveles. Hoy por hoy, el Tribunal Constitucional de Colombia es seguido, me atrevería a decir, en todo el mundo. Sus sentencias son muy innovadoras, siempre se está actualizando.

Yo creo que Colombia no tiene nada que aprender de Uruguay, y que Uruguay tiene que aprender de un sistema judicial que está muy bien evaluado. Uruguay tiene que aprender de Colombia la gran facilidad para introducirse rápidamente en los temas de interés y resolverlos de manera creativa.

Uno de los más grandes avances o aprendizajes de Colombia, en materia de justicia, es la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. ¿Cómo observa usted, como presidente de la Corte IDH, la manera en la que se está ejecutando?

El Proceso de Paz en Colombia fue un gran avance. Ya había habido algunos intentos, y el propio caso de la UP tiene su vinculación con los procesos fallidos.

Lo que yo puedo decir es que, pese a que hubo discusiones internas sobre ese Proceso de Paz, se abrió una ruta de salida para una situación muy complicada.

Ha habido dificultades en la aplicación, pero yo recuerdo que, por ejemplo, el anterior gobierno decía que discrepaba de algunos aspectos, pero manifestaba su voluntad de seguir, algo en lo que este gobierno sigue en la misma línea.

Es un proceso complejo que tiene distintos niveles de profundidad, pero que ha dado resultados muy importantes, como la Comisión de la Verdad y el Informe Final, que es crucial para reconstruir la historia de Colombia.

Más allá del tema de las disidencias y etcétera, el proceso es un camino que se puede entender hasta finalmente lograr la paz. Todos sabemos que no se ha logrado la paz de manera completa, lamentablemente.

Usted ha mencionado la paz, las preguntas de las víctimas y el camino a la reparación. Estas últimas dos semanas el gobierno ha adelantado jornadas en las que pide perdón por la desaparición y el asesinato de personas presentadas como bajas en combate, los ‘falsos positivos’. ¿Considera esas acciones como avances del Estado?

El acto de reconocimiento es una de las medidas que la Corte dispone en sus sentencias porque tiene un tremendo valor simbólico. Es el Estado —que es el mismo, independientemente del gobierno— el que asume su responsabilidad, cara a cara con la víctima, y se compromete a no repetir esa violación a los derechos humanos.

Creo que los actos de reconocimiento son importantes, son avances. Los avances deben ir en línea con todas las otras reparaciones. Hay reparaciones que son tremendamente importantes, por ejemplo, las medidas de rehabilitación, cuando la Corte dice que el Estado debe suministrar gratuitamente medicamientos o atención psicológica. La gente necesita eso para poder sobrevivir de la mejor manera posible, y hay que tener prisa para cumplir esas obligaciones.

Hay otros ejemplos, como los actos simbólicos, el colocar una placa, un monumento, un video; en fin. Todo eso tiene que ver con una satisfacción que va más allá de lo que se puede lograr, por ejemplo, con una indemnización. Los elementos simbólicos son muy importantes para lograr respuestas a las preguntas de las víctimas y para darles cierta tranquilidad espiritual.

Esas medidas de reparación las impone la Corte Interamericana en sus sentencias. El canciller Álvaro Leyva mencionó, en el acto de instalación del período de sesiones de ustedes, que hay un proyecto de ley que busca que esos instrumentos sean de obligatorio cumplimiento en el derecho interno colombiano. Para usted, ¿es necesario que el Estado dé este trámite legislativo, no es una redundancia?

Él me había adelantado que estaba trabajando en ese proyecto, creo que en mayo del año pasado en Lima (Perú).

Acá hay que partir de la base de que la Convención Americana dice que la sentencias son de cumplimiento obligatorio para los Estados que las reciben. El tema es cómo cada Estado, internamente, resuelve cómo va a cumplir.

Si una ley es lo que permite derribar barreras y agilizar el cumplimiento de las sentencias, bienvenida sea. No conozco a profundidad el proyecto. Pero si es una solución, una ayuda para Colombia para cumplir las sentencias de la Corte, magnífico.

Se termina su agenda en Colombia. ¿Qué se lleva como recuerdo?

Me llevo la actitud hospitalaria, de respeto. Soy una persona a la que le gusta expresarse y demostrar empatía, y he recibido de los colombianos esa empatía, esa buena voluntad de estrechar la mano, de hacerme sentir como en casa.

Pero también me llevo la firme convicción de que, más allá de las dificultades, Colombia tiene una institucionalidad muy fuerte que ofrece tranquilidad. Colombia ha sobrevivido a un conflicto armado interno a partir de esa institucionalidad, que tiene una alta consideración por el Sistema Interamercano de Derechos Humanos. Eso es algo que no se puede perder y que destaco.

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