viernes 22 de marzo de 2019 - 10:23 AM

Medimás, bajo la lupa por presuntos hechos de corrupción

Medimás, que debe atender a 3,9 millones de afiliados, de nuevo, está en el ojo del huracán. Es acusada de presuntas acciones irregulares en su gestión como EPS, aunque está con medida de vigilancia especial desde octubre de 2017.

Así quedó en evidencia en un oficio, en el que el procurador delegado para asuntos de Salud, Camilo José Orrego, coordinador del subgrupo disciplinario del Grupo Élite Anticorrupción de la entidad, le solicita al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, que investigue estos hechos.

De acuerdo con el procurador, tras una serie de investigaciones, se pudo establecer que, presuntamente, tres serían las acciones irregulares cometidas por la EPS por las que el delegado solicita que se “ejerzan las funciones necesarias como entes de control para garantizar que los dineros destinados a la prestación del servicio de salud no se utilicen para fines distintos o particulares”.

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Punto por punto

Lo primero tiene que ver con pago de medicamentos más costosos que los promedios del mercado. Para citar un ejemplo, la Procuraduría menciona el caso de Metronidazol de 500 miligramos, que en el mercado vale $50 por pastilla, pero que fueron pagados por Medimás a $26.000, es decir, 520 veces más que el valor del mercado. Asimismo, el documento deja ver que hay 17 Instituciones Promotoras de Salud (IPS) identificadas que ofertan medicamentos a un mayor valor del mercado.

El segundo asunto está relacionado con que, al parecer, Medimás y 17 EPS –que son socias de Prestnweco, dueña de Medimás– convinieron realizar pagos anticipados por la prestación de servicios, cuyos montos, presuntamente, “superan la capacidad real de prestación de servicios médicos de dichas instituciones prestadoras y su consiguiente capacidad de facturación”.

El tercer asunto está relacionado con las fechas de los giros de anticipos que, en el caso de los “más cuantiosos” coinciden, al parecer, con las fechas en las que Prestnewco y Prestmed SAS tenían compromiso de pago de las cuotas pactadas para la adquisición de la extinta Cafesalud, adquirida por en 2017 y que opera desde el 1 de agosto de ese año.

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Según las evidencias recolectadas por el organismo de control, “se utilizan los recursos de la salud para financiar y pagar a través de las sociedad las alícuotas (porcentajes) pactadas en los contratos de adquisición de Cafesalud”.

¿Hay respuestas?

Tras conocer el oficio, este diario se comunicó con el superintendente Aristizábal para encontrar una respuesta, pero no respondió. No obstante, desde la oficina de comunicaciones de la Supersalud señalaron que se debe respetar el debido proceso, por lo que, por ahora, no habrá un pronunciamiento de la entidad.

Por su parte, desde la oficina de comunicaciones de Medimás señalaron que estaban “puliendo” el comunicado para dar conocer sus argumentos frente a lo expuesto por la Procuraduría. No obstante, las respuestas no llegaron. “Definitivamente hoy –ayer– no se logró. Apenas lo tengamos mañana –hoy– compartimos el comunicado”, indicaron a las 5:07 p.m. de ayer.

Para entender un poco más lo que pasa, el economista y abogado José Roberto Acosta, quien ha hecho veeduría desde antes del negocio de Medimás y Cafesalud manifestó que “está probado como están utilizando recursos de la UPC para el pago del negocio de compraventa de Cafesalud, algo que hemos denunciado desde hace dos años, es decir, se está haciendo con los recursos públicos”.

Además, agrega que está sucediendo una situación similar a la integración vertical con la que funcionaba la extinta Saludcoop, en la que la EPS recibía el dinero y armaba una red de atención con sus IPS; no obstante, el negocio cambió. “Ahora las IPS son las que controlan la EPS”, agrega Acosta.

Acción de Supersociedades

Por otra parte, EL COLOMBIANO conoció que la Superintendencia de Sociedades formuló cargos contra ocho personas jurídicas y contra una persona natural, vinculadas a los socios de Medimás, por el hecho de que, presuntamente, incumplieron la obligación de registrarse como grupo empresarial, tal y como lo ordena la Ley 222 de 1995 en su Artículo 30.

El oficio de Supersocidades da un plazo de 15 días hábiles para que los controlantes de la EPS presenten descargos y soliciten las pruebas que consideren pertinentes.

Ante esto, Acosta señala que “la única entidad que ha hecho control y que ha cumplido con sus funciones es la Supersociedades, que desde diciembre pasado intervino la EPS para controlar lo que están haciendo” y agrega que, lo que dice ese artículo de la ley es que todos los que integran ese grupo sean solidarios, es decir, que “cualquier IPS que esté ahí metida debe responder por todas, pero como no son grupo no responden”, resalta Acosta.

Aquí hay que recordar que la Superintendencia tomó control de los socios de Medimás desde el 28 de diciembre pasado y estos son los primeros resultados.

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