lunes 27 de noviembre de 2023 - 1:10 PM

Un incidente de desacato abrió la Corte Constitucional contra 14 funcionarios

Las personas titulares de las entidades señaladas por el alto tribunal tienen 48 horas para presentar un informe que acredite el cumplimiento de la conformación del Mecanismo Especial.
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Tras evidenciar un cumplimiento ineficiente en la creación de un mecanismo especial que ayude a superar el estado de cosas inconstitucional para la niñez wayúu, la Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra catorce servidores públicos que tenían el deber de tomar medidas al respecto.

La decisión fue emitida por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional para la niñez wuayuu de cuatro municipios de La Guajira, incluyendo a la capital, Riohacha, por la vulneración generalizada de los derechos de los menores de edad de la población indígena.

La Sala evaluó qué tanto se ha cumplido la tercera orden de esa sentencia, que determinó que debe crearse un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional (MESEPP), con el fin de garantizar los derechos de la comunidad indígena al agua, la alimentación y la salud.

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El análisis permitió concluir que existe un "cumplimiento bajo" de la orden. Si bien se reportó la creación de la Comisión Intersectorial para el departamento como una acción para cumplir la decisión, la Corte afirmó que "no es contundente", debido a que no incluye a todas las entidades a las que fue dirigida la sentencia.

El auto de la Corte señaló que "no se explican las razones" por las que no se convocó a la Comisión a la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Salud, el Dane, el Invías, entre otros órganos que podrían tener incidencia en la política pública para la niñez wayuu.

"La Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira no es el MESEPP, toda vez que es un órgano que aglutina entidades solo del orden central", resaltó la observación de la Corte, que adujo que esa conclusión es "suficiente para descartar el cumplimiento de la orden".

Por eso, las personas titulares de las entidades señaladas por el alto tribunal tienen 48 horas para presentar un informe que acredite el cumplimiento de la conformación del Mecanismo Especial. Además, tienen tres días para probar que no han desacatado la decisión, sino que la podrían haber cumplido, y que han alcanzado nuevas acciones o nuevos resultados.

El incidente de desacato va contra la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortíz; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica; la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, y la directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.

Consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortíz. Colprensa / VANGUARDIA
Consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortíz. Colprensa / VANGUARDIA

Asimismo, se vinculó al superintendente de Salud, Ulahy Beltrán; al director de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; a la gobernadora de La Guajira, Diala Wilches, y a los alcaldes de Maicao, Mohamad Dasuki; de Manaure, Elven Meza; de Riohacha, José Bermúdez, y de Uribia, Bonifacio Henríquez.

Las catorce entidades, de acuerdo con la Corte, no han hecho mucha diferencia en la falta de vías en la Alta Guajira o en el uso de carrotanques con agua como "la solución más expedita" para el suministro del líquido vital a las poblaciones indígenas.

"Las y los Wayuu viven en un territorio que se mantiene en el olvido", dice el auto."La infraestructura de salud es incuestionablemente insuficiente y carece de mínimos en la calidad. Además, se mantienen los cuestionamientos sobre la suficiencia y calidad de la alimentación, así como los reclamos sobre la ausencia de programas que apunten al logro de la soberanía alimentaria", añade la Sala integrada por José Reyes, Alejandro Linares y Paola Meneses.

Tal nivel de retraso, se lee en un aparte de la decisión judicial, "acredita que no hay respuestas integrales para afrontar la crisis y, por lo tanto, reafirma que la inexistencia del Mecanismo que reúna a todos los sectores involucrados seguirá retrasando la elaboración de un plan que cubra todas las necesidades del territorio de manera integral".

El magistrado ponente de la apertura del desacato fue José Fernando Reyes, quien explicó que era necesario adoptar la medida. Especialmente, por "el paso de más de cinco años sin que las entidades obligadas al cumplimiento hubieran conformado el Mecanismo encargado de ejecutar las órdenes estructurales de la sentencia".

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De acuerdo con el togado, las tasas de mortalidad y la falta de condiciones mínimas para garantizar los derechos fundamentales de la niñez wayuu guajira demuestran que quienes estuvieron al frente de las entidades accionadas "permanecieron impasibles ante la vulneración generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos fundamentales".

“Durante sus mandatos, las muertes de menores wayúu se registraron sin motivar acciones efectivas”, subrayó el magistrado autor del auto de apertura de incidente, quien consideró que se debieron compulsar copias para que la Fiscalía investigue presuntas faltas que deban penalizarse, algo que no ocurrió.

Las consecuencias de un incidente de desacato, si la Sala de Seguimiento determina que la orden de crear el Mecanismo sigue sin ejecutarse, podrían ir hasta un arresto por seis meses y una multa de hasta veinte salarios mínimos, luego de pasar por un debido proceso que garantice la defensa de las entidades.

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