La obra ambiental más importante del área metropolitana estaría paralizada en el papel. Pese a contar con un presupuesto aprobado que supera los $1,27 billones y una viabilidad técnica del 95 %, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Río de Oro depende de una orden de desalojo que lleva más de dos años sin ejecutarse.
Publicado por: Unidad Investigativa
El proyecto más ambicioso para Bucaramanga y Girón, que promete darle tratamiento a sus aguas residuales, está en riesgo y podría no ejecutarse en el corto plazo.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Río de Oro tiene un presupuesto asignado que supera los $1,27 billones y está previsto que comience a construirse el próximo año.
Sin embargo, el proyecto podría mantenerse frenado hasta que se resuelva la invasión del predio Hacienda Río de Oro, donde se ejecutaría la obra. Desde 2013, este predio ha sido blanco de invasiones y asentamientos, como es el caso de la Bendición de Dios, que completa más de dos años sin que se cumpla una orden policial de desalojo.
El predio fue adquirido en 2023 por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas). Desde entonces, permanece invadido y es justamente en este terreno donde se construirá la PTAR de Río de Oro, que recibirá las aguas residuales de ese municipio y de Bucaramanga.
La Unidad Investigativa de Vanguardia pudo establecer en primicia que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio prepara una comunicación que se enviará a los alcaldes de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla Pérez, y de Girón, Campo Elías Ramírez, para pedirles soluciones para el desalojo del predio, que costaría alrededor de $1.000 millones.
El predio de la Empas, que fue invadido, se ha convertido en un dolor de cabeza para la administración municipal. La Alcaldía de Girón ha manifestado que no tendría los recursos, toda vez que debería reubicar a las madres cabeza de familia e incluso a los habitantes acreditados como víctimas del conflicto armado.
Argumenta, por ejemplo, que Bucaramanga también se vería beneficiada con la planta de tratamiento y pide acuerdos entre las dos administraciones.
Esta redacción pudo establecer que, en un acuerdo económico, la empresa de alcantarillado estipuló la compra de 34 hectáreas que hacen parte de la Urbanización Hacienda Río de Oro, por un valor cercano a los $11.000 millones. En esos predios se construirá la PTAR y es en parte de ese terreno donde está el asentamiento humano Bendición de Dios.
Proyecto en riesgo
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Río de Oro tendrá una inversión que supera los $1,27 billones, convirtiéndose así en uno de los proyectos más ambiciosos del área metropolitana. La iniciativa tratará 2.000 litros de agua por segundo y se espera que quede terminada en 10 años si no se presentan más retrasos, como el relacionado con el desalojo pendiente.
César Camilo Hernández fue gerente de la Empas durante los últimos dos años. En diálogo con Vanguardia, reconoció la viabilidad del proyecto, que supera el 95 %, y teme que la PTAR quede en vilo por los problemas de invasión que se han presentado.
“Para mí es importante que en estos momentos críticos, en la etapa final, teniendo financiación y 95 % en viabilidad técnica, algunos asuntos de la Alcaldía estén quietos. En el predio de la vereda Bocas, donde se hace la planta de tratamiento, hay una invasión”, afirmó el exgerente de la entidad.
De hecho, Vanguardia pudo establecer que el 13 de abril de 2023, el inspector Tercero de Policía Urbano Dos, Fredy Giovanny Coca Ruiz, emitió la Resolución 044, por medio de la cual ordenó el “amparo policivo y la restitución del bien inmueble terreno aproximado de dieciocho hectáreas”.
“Ese proceso de desalojo nunca se pudo realizar y, hasta el día de hoy, no se ha desarrollado. Por el contrario, eso ha permitido que cada día se presenten más personas a invadir el terreno que pertenece a la EMPAS”, explicó una fuente al interior de la empresa de servicios públicos, que pidió reserva de su nombre por ser actualmente funcionario.
Por su parte, César Camilo Hernández manifestó que en 2024 hizo acercamientos con la Alcaldía de Campo Elías Ramírez para encontrar soluciones a la situación de esta comunidad, que vive en condiciones difíciles.
“Hay orden policial para que se dé el desalojo desde 2023. En 2024 hicimos acercamientos con la Alcaldía de Girón. Estamos esperando que se ejecute ese procedimiento. Ya se está haciendo un trabajo predial. Pero se necesita tener el espacio libre para que en 2027 pueda empezarse la etapa precontractual”, explicó el exfuncionario de la EMPAS.
En medio del pleito, según fuentes consultadas por la Unidad Investigativa de Vanguardia, la Alcaldía de Girón ha expresado en repetidas ocasiones que no cuenta con los recursos para reubicar a las personas de la Bendición de Dios. De hecho, por ahora, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio enviará misivas también a la Alcaldía de Bucaramanga para establecer cómo se despejarán las hectáreas que están invadidas desde hace ya varios años en este predio.
El censo del predio
El predio Hacienda Río de Oro completa más de 13 años invadido y, con el paso del tiempo, la ocupación se ha extendido, poniendo en jaque la construcción de la PTAR.
En la EMPAS ya hicieron un censo extraoficial que arrojó 1.400 personas viviendo de manera irregular en esta zona de Girón. “Parecen muchas, pero más de un millón trescientas mil personas se verían beneficiadas del proyecto de la PTAR”, afirmó una fuente extraoficial que conoce de cerca la iniciativa, que cuenta con financiación del Gobierno Nacional.
¿Qué dicen las partes?
Al ser consultadas por esta redacción, las alcaldías de Bucaramanga y Girón no emitieron algún pronunciamiento al respecto, pese a que se han sostenido reuniones con el Gobierno Nacional para buscar la construcción de la PTAR.
Entre tanto, la Empas tampoco se pronunció oficialmente.
“Tenemos el siguiente reto: la PTAR Río de Oro, para Bucaramanga y Girón, con una inversión aproximada de $1,27 billones. En 15 días nos sentaremos con las entidades involucradas para revisar los pendientes y definir una ruta que permita avanzar”, anunció el 26 de septiembre el Ministerio de Vivienda, cuando el jefe de esa cartera, Jaime Beltrán, estuvo en Bucaramanga.
Sin embargo, fuentes enteradas de estas concertaciones confirmaron que, por el momento, el encuentro no se ha realizado y permanece pendiente.
Los problemas de invasión que ‘asustan’ al proyecto
Desde su concepción, el proyecto ha tenido inconvenientes por la gestión predial y la ocupación de los terrenos que se requieren para su ejecución.
En 2022, el Concejo de Girón declaró la Hacienda Río de Oro y el predio Los Mosquitos como bienes de utilidad pública para adelantar las obras de construcción del citado proyecto.
Con ese mecanismo se autorizaba al alcalde del municipio para “enajenar o expropiar” por vía judicial o administrativa dicho predio, que pertenecía a la Urbanizadora Hacienda Río de Oro.
Ante la declaratoria de utilidad pública, la Empas llegó a un acuerdo de transacción con dicha empresa para adquirir el predio. De las 306 hectáreas (ha) que tiene la hacienda, la empresa solo necesitaría 34 para la construcción de la PTAR. Por este terreno, la compañía de servicios públicos pagaría cerca de $11.000 millones a la urbanizadora.
No obstante, fuentes cercanas al proceso confirmaron que el acuerdo está condicionado a la entrega del predio. En otras palabras, mientras se mantenga la invasión y no se puedan ejecutar las obras, la Empas no podrá desembolsar dichos recursos.
La invasión de estos predios comenzó en 2013 por parte de algunos actores que han buscado quedarse en la zona. Aunque se han adelantado diferentes procesos de desalojo por parte de las autoridades, este objetivo no se ha logrado.
Sin embargo, las invasiones aumentaron desde 2022. Uno de los episodios más recientes y recordados ocurrió en la noche del 21 de agosto de ese año, cuando se produjo un intento de invasión por parte de 150 personas que llegaron al lugar buscando montar ranchos, entre otras construcciones.
Vanguardia conoció un acta de la reunión extraordinaria que tuvieron los accionistas de la urbanizadora tras ese suceso. En el documento se detalla cómo se concretó el último avance de las invasiones en este sector, crucial para el desarrollo del proyecto de la PTAR de Río de Oro.
Antes de que se cumplieran las 48 horas, cerca de 150 uniformados llegaron a la zona para desalojar a los invasores. Tras varias horas de operativos, se logró el retiro de algunos cambuches. Dicha empresa habría aumentado el esquema de seguridad privada en el sector para mantener a salvo el predio.
“Se hizo el desalojo, se logró desmantelar unos cambuches que habían armado en dos días, la fuerza pública retiró a las personas. Nosotros reforzamos la vigilancia, contratando ocho hombres de empresa privada. Se suscribió un contrato en aras de que ellos entraran en el control”, relata el documento.
Sin embargo, en la noche del 23 de agosto se habrían reagrupado más de 250 personas para llegar al predio. Los vigilantes dispuestos no alcanzaron a contener esa emboscada.
“Todas las cercas del predio las habían dañado, las habían quitado, el portón de acceso lo habían tumbado y nuevamente se tomaron el predio”, señala el documento conocido por este medio.
Dicha invasión se concretó dos semanas antes de que el Concejo de Girón declarara este predio como de utilidad pública.
Entre las opciones que contemplaron los socios de dicha empresa estaba el apoyo del Ejército Nacional para mantener la seguridad del predio. Sin embargo, esa posibilidad no se pudo materializar dadas las directrices vigentes en ese momento.
Ese documento señala que al menos 40 hectáreas de la hacienda habrían sido ocupadas.
De hecho, mencionan que, si no hay apoyo del Ejército para establecer un “acantonamiento militar” en la zona, no se logrará mantener despejado el predio.
“(...) mientras no tengamos apoyo del Ejército Nacional para establecer una base militar en el predio, van a poder desocupar 50 veces y las 50 veces nos van a volver a invadir la franja de terreno”, apunta el documento.
Los otros problemas para financiar la PTAR
El proyecto de PTAR de Río de Oro se encuentra entre las prioridades que tiene identificadas el Gobierno de Abelardo De La Espriella para los santanderes en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo que elaboró para comenzar su discusión ante el Congreso de la República.
De acuerdo con el documento, para los santanderes se identificaron como prioridades esta obra y la PTAR de Cúcuta, en materia de agua y saneamiento para estas regiones.
Si bien la PTAR de Río de Oro ha sido clasificada como prioridad, cuenta con licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y tiene un CONPES aprobado para su construcción, la financiación de la obra no está asegurada.
Aunque el Gobierno de Gustavo Petro dejó un documento CONPES que garantiza $1,27 billones para la financiación del proyecto, esa posibilidad aún está lejos de cumplirse.
Ante la situación fiscal del país y de la cartera de Vivienda, tanto el Gobierno Nacional como la Empas han contemplado algunas alternativas para la ejecución del proyecto.
“Dejaron un CONPES generando la destinación de los recursos, pero la realidad fiscal no solamente de la Nación, sino del Ministerio, es crítica. Estamos buscando los mecanismos porque es uno de los proyectos priorizados”, aseguró en septiembre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en declaraciones a este medio.
Una de las opciones que se contempla es la financiación por etapas de esta iniciativa. Sin embargo, la otra posibilidad es la ejecución del proyecto por etapas o mediante una Alianza Público Privada (APP), en la que una compañía privada financie una parte de la obra y el Gobierno nacional entregue otros recursos.
El reloj corre para este proyecto, uno de los más importantes para Santander. Tan solo para el año entrante se tenía contemplada en el CONPES una inversión cercana a los $280.000 millones.
