Con una nueva oferta sobre la mesa, la negociación salarial entre el Ejecutivo y las centrales obreras entra en una fase decisiva.
Publicado por: Redacción Nacional
La negociación entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales por el ajuste salarial de los empleados públicos en 2025 y 2026 se ha intensificado. Tras una extensa jornada de conversaciones, las partes parecen estar más cerca de llegar a un consenso que impactará a miles de trabajadores del Estado.
En un intento por destrabar las discusiones, el Ejecutivo presentó una nueva oferta salarial: un aumento de 1,6% adicional al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2025 y 1,65% más IPC para 2026. Esta propuesta llega luego de que las organizaciones sindicales rechazaran una oferta previa del 1,45% más IPC, calificándola como insuficiente, aunque reconocieron que era más favorable que las presentadas en administraciones anteriores.
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Sin embargo, el contexto fiscal es complejo. Un aumento del 10% en los salarios de los empleados públicos implicaría un gasto adicional de aproximadamente $3,6 billones para el Estado, elevando la nómina a cerca de $39 billones en 2025 . Este incremento se suma a los desafíos fiscales existentes, incluyendo el cumplimiento de la regla fiscal y la necesidad de mantener la inversión en otros sectores clave.
Según los datos más recientes publicados por La Silla Vacía, el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) muestra que, entre 2023 y 2024, se incorporaron aproximadamente 27.000 nuevos funcionarios al sector público, pasando de 889.000 a 916.000 personas.
En medio de las discusiones, las organizaciones sindicales han manifestado su compromiso con la mejora de las condiciones laborales, salariales y prestacionales de los empleados públicos del país. La mesa de negociación está conformada por representantes de la CUT, CGT, CTC, Fecode, Fecotraservipúblicos, Utradec, Únete y Fetralse.
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Además, en un comunicado conjunto, ratificaron su respaldo a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional, así como a la iniciativa de realizar una consulta popular.
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La decisión final sobre el aumento salarial tendrá implicaciones significativas tanto para los empleados públicos como para la economía nacional. Un equilibrio adecuado entre las demandas laborales y la responsabilidad fiscal es crucial para garantizar la estabilidad económica y social del país.
La discusión continuará este miércoles 30 de abril, en lo que se espera sea la jornada definitiva para sellar un acuerdo que beneficiaría a miles de trabajadores del sector público.
