Conozca cuáles son los efectos que tiene la suspensión de la emergencia económica en la cotidianidad.
Publicado por: Rafael Vanegas Herrera, NUMO group
En una providencia sin precedentes, la Corte Constitucional tomó una decisión con enormes impactos jurídicos, económicos e incluso políticos: suspendió provisionalmente la emergencia económica del Gobierno Nacional y sus dos decretos. El primero es el que declaró la emergencia económica. El segundo, el Decreto 1474 de 2025, que autorizaba nuevas medidas tributarias para aumentar el recaudo y ofrecía beneficios a quienes quisieran ponerse al día con sus obligaciones fiscales.
Mientras la Corte decide si estos decretos son constitucionales o no, ninguna de esas medidas puede aplicarse. Todo quedó congelado.
Y aquí es donde empieza el problema.
Por un lado, la suspensión bloquea el cobro de impuestos que ya estaban listos para entrar en vigor. Por ejemplo, no se puede cobrar el IVA del 19 % a productos como vinos o licores, que históricamente han estado gravados con impuesto al consumo. Tampoco se pueden aplicar los nuevos cobros sobre juegos de azar en línea ni sobre compras digitales desde los 50 dólares.
Además, se frena el aumento en las tarifas del impuesto al patrimonio, así como la reducción del umbral que lo hacía exigible a partir de poco más de $2.000 millones (40.000 UVT). También queda en pausa la medida que pretendía redirigir el impuesto al consumo de licores, una renta que tradicionalmente pertenece a los departamentos, al Presupuesto General de la Nación. Estas medidas afectaban a muchas personas y sectores que hoy respiran con alivio.
Sin embargo, hay otro grupo que enfrenta un problema aún más serio: los contribuyentes que ya actuaron conforme al Decreto 1474 de 2025, confiando en su validez.
Entre diciembre y enero, miles de personas y empresas se acogieron a los beneficios que el decreto ofrecía: reducciones en sanciones e intereses, facilidades para corregir errores en sus declaraciones, alivios por fallas formales como no facturar correctamente o no presentar cierta información, y hasta la posibilidad de cerrar procesos judiciales con la DIAN mediante conciliación.
En algunos casos, como el pago de deudas en mora, bastaba con cumplir las condiciones y pagar, el beneficio era automático. Pero en otros, como las extemporaneidades, las correcciones o las conciliaciones, la DIAN debía verificar que todo estuviera en regla y expedir un acto administrativo aprobando el beneficio.
Publicidad
Ahora que el decreto está suspendido, surge la duda de si ese acto puede o no emitirse, lo que deja a muchas personas en una situación incierta, pues ya cumplieron, ya pagaron, pero su beneficio podría no reconocerse porque la norma está congelada.
Todo dependerá de lo que decida la Corte en las próximas semanas. Si declara constitucionales los decretos, no habrá problema. Pero si los encuentra inconstitucionales, quienes cumplieron podrían quedar en un vacío legal o incluso consecuencias adversas como reconocer los requerimientos de la DIAN y realizar los pagos, pero sin obtener el beneficio buscado.
Frente a ese escenario, lo más recomendable es que los contribuyentes que ya se acogieron, especialmente quienes radicaron solicitudes y pagaron, presenten formalmente una petición ante la DIAN, pidiendo que su caso sea resuelto, esto con la debida representación legal e invocando principios constitucionales como la seguridad jurídica y la confianza legítima, que obligan al Estado a responder coherentemente frente a sus propios actos.
Porque más allá del tecnicismo, lo que está en juego es algo muy simple, la confianza del ciudadano en que cumplir vale la pena, máxime si se tiene en cuenta que la misma Presidencia de la República reconoció que en 16 días recaudó más de $237.000 millones gracias a los contribuyentes que decidieron acogerse a los beneficios creados por la emergencia económica.
