Asobancaria denunció un cartel de la insolvencia que operaría mediante engaño y fraude para evitar pagos de deudas.
Asobancaria, el principal gremio del sector bancario, reveló lo que sería el cartel de la ‘insolvencia’ que estaría operando en el país mediante engaños para evitar que miles de ciudadanos paguen sus obligaciones ante las entidades financieras.
En una rueda de prensa, celebrada en Bogotá, el gremio señaló el “incremento sustancial del uso fraudulento de los mecanismos de insolvencia en el país”.
De acuerdo con Asobancaria, este mecanismo se estaría usando para evadir el pago de obligaciones contraídas con entidades financieras, del sector solidario, Fintech y empresas de telecomunicaciones, entre otras.
“Si bien la figura de la insolvencia es un instrumento legítimo, consagrado en la ley para brindar una alternativa a quienes enfrentan dificultades reales para cumplir con sus obligaciones, en los últimos dos años se ha evidenciado un aumento significativo de solicitudes, en las que se identifican irregularidades y actuaciones de mala fe, lo que estaría asociado a la operación del ‘cartel de la insolvencia’“, señaló Asobancaria en un comunicado.
De acuerdo con el gremio, la estructura criminal estaría integrada por grupos de abogados asesores y centros de conciliación que recurrirían a “maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo”. Puede interesarle: Asobancaria desmiente a Petro: “aumento de la tasa de interés no favorece al sector bancario”
Según la denuncia, el mecanismo funciona con la creación de deudas ficticias con el propósito de cumplir los requisitos y promover acuerdos que resultan lesivos para los acreedores reales. Adicionalmente, Asobancaria advirtió que se ha evidenciado que algunas personas registradas como “supuestos prestamistas” figuran en múltiples procesos de insolvencia e incluso se encuentran privadas de la libertad.
“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos (telecomunicaciones), los proveedores, entre otros, lo que genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales”, dijo Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
Según reseñó Asobancaria, hay indicios de una “coordinación sistemática entre algunos abogados y determinados centros de conciliación para instrumentalizar el trámite de insolvencia con fines ilegítimos”.
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De acuerdo con el patrón denunciado por Asobancaria los mismos abogados acuden de manera recurrente a los centros.
“Los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres que permiten usar su identidad para servir como acreedores ficticios en estos procesos, incurren en conductas punibles y se pueden ver inmersos en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. Si son condenados, pueden terminar en la cárcel”, dijo el abogado penalista Iván Cancino.
Vale la pena mencionar que el uso indebido de la figura de insolvencia, sin una necesidad real y con el único propósito de evadir el pago de obligaciones, afecta la confianza en los deudores, incrementa las exigencias para el acceso al financiamiento y encarece el costo del crédito.
