El Centro Democrático radicó una propuesta de contrarreforma pensional que plantea cambios en la elección de los fondos, la devolución de ahorros y los requisitos para acceder a una pensión.

Aunque la Ley 2381 de 2024, reforma pensional del anterior Gobierno de Gustavo Petro, sigue su curso, el Centro Democrático radicó una propuesta de contrarreforma que pretendería modificar algunos de los puntos más controversiales de la actual reforma.
En este sentido, se buscaría ajustar los artículos de la actual reforma que aún no han quedado en firme. Según los ponentes de esta contrarreforma, la actual ley generaría un déficit de $470 billones para 2070.
Uno de los puntos más destacados es que, a diferencia de la Ley 2381 de 2024, se propone que los afiliados puedan elegir libremente destinar sus aportes obligatorios por ingresos entre 1 y 2,3 SMMLV a Colpensiones o a una Administradora de Fondos de Pensiones privada. Asimismo, podrían trasladarse entre administradoras cada cinco años, de una privada a una pública y viceversa, con doble asesoría, o entre administradoras privadas cada seis meses.
La nueva propuesta les otorgaría a los cotizantes con ingresos superiores a estos montos un plazo de seis meses para elegir el fondo en el que se administrarán sus aportes. Si no lo hacen en ese tiempo, su administradora sería elegida al azar.
Además, proponen eliminar la llamada “renta vitalicia obligatoria” o dejarla a elección de los cotizantes. Es decir, darles la opción de elegir si, cuando tienen más de 300 semanas cotizadas y no alcanzan a obtener la pensión, reciben una mensualidad vitalicia o, por el contrario, les devuelven sus saldos.
Ahora bien, si las personas desean recibir la renta vitalicia, se plantea que los recursos sigan invertidos en los mercados financieros para que generen mayores rentabilidades.
Según las estimaciones del proyecto, en este escenario, quien solicitara la devolución de sus saldos podría recibir hasta $49 millones con entre 300 y 399 semanas cotizadas, mientras que una persona con 900 semanas podría llegar a recibir hasta $120 millones.
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Por su parte, el porcentaje de cotización se mantendría. Es decir, el empleado seguiría aportando el 25 % y el empleador, el 75 %. Además, la base de cotización se mantendría en el 16 %. Sin embargo, cambiaría la forma en que se distribuyen esos recursos.
¿Y las edades de pensión cambiarían?
Por el momento, las edades serían las mismas: 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. En cuanto a las semanas cotizadas, el requisito para los hombres se mantendría en 1.300 semanas. En el caso de las mujeres, se reduciría en 15 semanas por año, hasta llegar a las 1.000 en 2035.
Otro punto es que la contrarreforma permitiría que cualquier persona se pensionara en un fondo privado, sin importar la edad, cuando el monto de sus ahorros equivalga al 110 % del necesario para financiar una pensión mínima.
Además, el proyecto establece que los ahorros pertenecen al pensionado, no a la administradora, por lo que deben mantenerse separados. En este sentido, el dinero depositado en los fondos privados permanecería allí, pero con el Estado como garante.
















