El congelamiento de las tarifas de peajes para el 2023 tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas de Colombia, como lo proyectó el análisis de Fedesarrollo, que al no incrementarse en 13,12 % generó un detrimento para los concesionarios.
Publicado por: Miguel Orlando Alguero
Este martes 8 de noviembre, el Ministerio de Transporte publicó el decreto con el que el Gobierno Petro descongelará la tarifa de los peajes, que quedaron sin variación en enero pasado, pensando en la inflación y en el bolsillo de las familias colombianas.
Ahora, habrá un aumento de las tarifas de los peajes en Colombia que, de acuerdo con el documento, serán dos: la primera en diciembre de 2023 con el IPC (inflación) del cierre del 2022 que fue de 13,12 %, y la otra será en enero de 2024, con el IPC del 2023, que hasta ahora se ubica en 10,99 % en septiembre y se prevé que para el cierre del año esté por debajo del 10 %.
De esta manera, en Colombia, habrá dos alzas en los precios que superarían el 23 %, si se suman estas subidas en los próximos meses.
Cabe recordar que el alza de las tarifas de peajes en Colombia se había anticipado desde julio, luego de que el Ministerio de Transporte, con el Decreto 0050 de 2023, congelara sus incrementos desde el pasado 16 de enero.
Se pone fin a esta medida por el costo fiscal para el Estado y, principalmente, tras las quejas de los inversionistas y financiadores que lideran los proyectos viales en el país durante 2023.
Así será la subida de los precios de los peajes
El decreto de Mintransporte determinó: “Reanudar el incremento de las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.
Como se dijo anteriormente, la subida será así a partir del 1 de diciembre, cuando se incrementen las tarifas de peaje para la vigencia del 2023. Esta se dará de acuerdo con el incremento certificado para el Dane en el IPC de 2022 (13,12 %).
De esta manera, en Santander los peajes del Invías, que son siete: La Gómez, Aguas Negras y Zambito (en la Troncal del Magdalena), Los Curos, Curití y Oiba (en la vía Bucaramanga - Bogotá), y Río Blanco en El Playón (entre Bucaramanga y San Alberto), costarían entre $10.294 y $13.235 para la categoría 1, que corresponde a automóviles, camperos y camionetas.
Por su parte, los peajes da la ANI son dos: La Lizama (vía a Barrancabermeja) y El Picacho (vía a Pamplona). Estos costarían $16.402 y $10.633, respectivamente.
En cuanto a la vigencia 2023, no habrá un incremento contractual por terminación de unidades funcionales o por el cumplimiento de condiciones contractuales en los peajes de contratos de concesión y las Asociaciones Público Privadas (APP) de la ANI.
Sin embargo, detalló el decreto, a partir del 16 de enero de 2024, se incrementarán las tarifas de peaje previstas para la vigencia 2024, según el IPC de 2023.
El documento precisó que será para “aquellas concesiones y Asociaciones Público Privadas (APP) que fueron cobijadas por las medidas del Decreto 0050 de 2023”.
Además, la ANI deberá establecer el mecanismo de incremento gradual de la tarifa, a más tardar el 15 de diciembre, por terminación de unidades funcionales o por el cumplimiento de condiciones contractuales en las estaciones de peaje de las concesiones y de las APP.
De igual manera, a más tardar el 1 de julio de 2024, la ANI debe finalizar la normalización del esquema tarifario de los peajes en Colombia.
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Argumentos sobre la inflación
En su momento, el argumento del Gobierno Petro fue mitigar los efectos de la inflación en el país. Según explicó el presidente Gustavo Petro, “Con el congelamiento del precio del diésel y el de los peajes prácticamente no habrá incrementos de costos en el transporte de carga y los alimentos este año. Esta es una medida antinflacionaria estructural”.
Tal incremento no generaría una afectación inflacionaria, por cuanto, según el Dane, el impacto de los peajes en la inflación fue del 0 % en los años 2019 y 2021, al igual que en lo corrido de 2023.
“Los peajes, en efecto, tienen un impacto nulo en la inflación, dado que cada año la tarifa de los mismos se ajusta, teniendo como referencia el IPC. Ahora, si se tiene en cuenta que el salario mínimo se incrementa -año a año- por encima del IPC, el bolsillo de quienes transitan las vías y, por consiguiente, pagan peajes, no sufre afectación alguna”, detalló el gremio de la infraestructura colombiana que dirige Juan Martín Caicedo.
Es por eso que la CCI afirmó que el objetivo de la actualización anual de la tarifa de peajes es, justamente, el de mantener la tarifa en el valor presente o real del dinero.
Además, Caicedo cuestionó que, después de la expedición del Decreto 050, que congela el cobro de los peajes, el país podría estar sacrificando su política fiscal y la inversión extranjera que ha impulsado el desarrollo de infraestructura, por cuenta de un aporte marginal de los peajes al IPC.
Cabe resaltar que para este año la cartera de Hacienda tiene un presupuesto adicional de unos $500.000 millones dedicado a los concesionarios viales para el ajuste por la medida en mención.
Impactos fiscales
Ante el impacto que dejaría el congelamiento de las tarifas de peajes a las finanzas del Estado y de las concesiones, Raúl Marino, profesor de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario y director de Urban Mapping Agency, Bogotá, explicó que el manejo de la mayoría de los peajes de más tráfico del país está en manos de privados, mediante concesiones del gobierno, algunos de ellos hasta el 2045 o 2050.
“Esto significa que la mayoría del ingreso no va para el Gobierno, sino para las concesiones, las cuales están en manos de las familias y firmas de ingeniera más grandes del país. Aunque la figura de la concesión de peajes es una figura tradicional de financiamiento de obras públicas en varios países”, sostuvo el documento.
El director de Urban Mapping Agency indicó que en Colombia los contratos se han estructurado de manera tal que las concesiones reciban la mayoría del ingreso, con muy pocas responsabilidades acerca del mantenimiento de las vías, especialmente, en temas de desastres naturales como inundaciones y deslizamientos, ya que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es la que entra a responder ante este tipo de eventos.
Agregó que estas alzas en los peajes traerán, muy seguramente, un aumento en precio de los fletes, lo cual se traduce en un incremento en el precio de todos los productos vitales, especialmente los alimentos.
“De esta manera, el costo final se terminará trasladando a los consumidores, los cuales empezaban a ver una baja en la inflación del último año. Esto nos lleva a cuestionarnos si se deben revisar los esquemas de las concesiones viales para que sean las megaempresas multimillonarias de las concesiones las que rebajen un poco sus márgenes de ganancia y no terminen pagando los consumidores agobiados por la alta inflación del último año”, cuestionó Marino.
Lo que ha dicho Fedesarrollo y la CCI
Por su parte, un estudio de Fedesarrollo, por Juan Benavides, Paula González y César Pabón dio cuenta que el freno al alza de los peajes generó una gran incertidumbre en relación con las señales y anuncios del Gobierno que podrían afectar la estabilidad a mediano y largo plazo del modelo de las APP .
“Se estima que esta medida podría generar una contingencia fiscal de alrededor de $13,8 billones en los próximos años, que es el monto estimado del déficit a largo plazo a favor de los concesionarios, lo cual también impactaría las finanzas del Estado”, estimó el estudio de Fedesarrollo.
Y el llamado al Gobierno fue mantener la claridad en las reglas de juego para garantizar la sostenibilidad del modelo de APP, especialmente en un contexto de desaceleración económica como el actual.
Así lo vio la Cámara Colombiana de la Infraestructura que en siete puntos mostró su favorabilidad del descongelamiento de las tarifas porque se garantizará la continuidad de la financiación, el mantenimiento, la operación y la construcción de la infraestructura vial del territorio colombiano.
Así las cosas, el decreto en mención se limitará a dar el paso que no se dio en enero.
El gremio advirtió que, de no proceder así, “el Estado se vería obligado a compensar el faltante a través del Presupuesto Nacional, alimentado por los colombianos, incluidos los que no usan las vías, sacrificándose de esta forma valiosos recursos para la salud, la educación y la justicia entre otros”.
Por lo tanto, la CCI precisó que, gracias al modelo de concesiones viales, el país ha logrado avanzar e intervenir cerca de 10 mil kilómetros de vías, más de mil puentes y cerca de 90 túneles con especificaciones de talla mundial y que sin los pesos de las vías concesionadas, el Estado se hubiera visto obligado a tramitar varias reformas tributarias, comprometiéndose así el esfuerzo, incluso, de aquellos contribuyentes que no utilizan las infraestructuras.
Otras repercusiones
Fedesarrollo también puntualizó que la inversión en obras civiles y en servicios de transporte terrestre tiene un efecto multiplicador amplio sobre el PIB, la creación de empleo directo e indirecto, y el recaudo de impuestos.
“Cada peso invertido en obras civiles se traduce en un aumento de $2,25 en la producción nacional, $2,46 en salarios y $4,90 en impuestos. Por otro lado, los multiplicadores para el sector de servicios de transporte terrestre son $2,20 en PIB, $2,53 en salarios y $7,91 en impuestos”, detalló el estudio.
Por lo tanto, los retrasos en las inversiones en infraestructura que se originarían en la incertidumbre para las APP en transporte podrían reducir el crecimiento de la economía en órdenes del 0,5 % del PIB, luego del congelamiento de las tarifas de peajes.
De esta manera, el congelamiento de las tarifas de peajes para el 2023 tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas de Colombia, como lo proyectó el análisis de Fedesarrollo, al no incrementar las tarifas, que para este año era del 13,12 %, lo que generó un detrimento para los concesionarios de al menos $13,8 billones.
Este detrimento se debe a que los concesionarios de peajes tienen un contrato con el Estado en el que se establece que las tarifas deben ser revisadas anualmente y ajustadas de acuerdo con la inflación. El congelamiento de las tarifas impidió que los concesionarios recibieran los recursos que tenían presupuestados para este año, lo que podría generar un incumplimiento de contrato y, en consecuencia, una demanda contra el Estado.
Para cubrir este detrimento, el Gobierno nacional podría tener que asumir un costo adicional de estos billones de pesos en el presupuesto de 2024, lo que podría generar un déficit fiscal mayor y, por lo tanto, una mayor presión tributaria sobre los colombianos.
