Pese a la información masiva por diferentes canales, las decisiones en propiedad horizontal requieren de rigor y cuidado.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En tiempos de convocatoria para las Asambleas de Copropietarios, administradores y residentes tienen múltiples dudas sobre las decisiones y caminos que se deben seguir en este tipo de encuentros.
La abogada especialista en Propiedad Horizontal, Lina Margarita Reyes Gonzalez, señaló que ante la difusión masiva de información sobre este tema es pertinente aterrizar las discusiones y comentarios formulados en redes sociales.
“En la era digital, el acceso masivo a información sobre propiedad horizontal ha democratizado el conocimiento jurídico de manera sin precedentes. Plataformas digitales, redes sociales y foros especializados comparten diariamente contenidos relacionados con copropiedades, reglamentos internos y resolución de conflictos. Este fenómeno representa una valiosa oportunidad para la difusión del conocimiento, pero simultáneamente plantea desafíos significativos en materia de precisión y aplicabilidad”, dijo la experta.
En ese sentido, la abogada recordó que la propiedad horizontal constituye una disciplina jurídica compleja que se fundamenta en la Ley 675 de 2001 y sus decretos reglamentarios, integrando elementos de derecho civil, administrativo y constitucional.
“Cada copropiedad representa un universo normativo particular, donde los reglamentos internos, las decisiones de asambleas y las circunstancias fácticas específicas generan escenarios únicos que requieren análisis diferenciados. Esta naturaleza casuística del régimen de propiedad horizontal exige prudencia al momento de extrapolar conceptos generales a situaciones concretas”, dijo Reyes Gonzalez.
En ese sentido, advirtió que tanto videos, como otro tipo de publicaciones en redes sociales pueden servir como un acercamiento a diferentes temas, pero no puede tomarse como un concepto definitivo por varios motivos.
“Los contenidos genéricos disponibles en internet, si bien útiles como aproximación inicial, presentan limitaciones inherentes, muchos carecen del análisis contextual que cada caso amerita, no consideran las particularidades del reglamento de propiedad horizontal aplicable, y frecuentemente simplifican situaciones que en la práctica demandan estudio detallado de múltiples variables, inclusive una decisión administrativa o judicial aparentemente similar puede tener fundamentos distintos que invalidan su aplicación analógica a otros contextos”, apuntó la abogada.
Una decisión tomada sin respaldo jurídico, como la imposición de sanciones por convivencia o la terminación de contratos de servicios, puede derivar en procesos judiciales y condenas económicas contra la copropiedad.
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“La asesoría profesional especializada trasciende la mera consulta normativa, implica el estudio riguroso de documentos constitutivos, el análisis jurisprudencial actualizado, la evaluación de viabilidad de las pretensiones, y la identificación de riesgos jurídicos específicos. El abogado con conocimientos en propiedad horizontal aporta criterio técnico fundamentado en formación académica continua, experiencia práctica y actualización constante en desarrollos normativos y jurisprudenciales”, dijo Reyes.
“Se invita a la comunidad de copropietarios, administradores y consejos de administración a valorar la importancia de fundamentar sus decisiones en asesoría jurídica calificada. Las consultas informales, aunque bien intencionadas, carecen de la responsabilidad profesional que caracteriza el ejercicio del derecho”, afirma Reyes González.
Para la experta, cada copropiedad merece un análisis profesional que considere su realidad específica, evitando la aplicación mecánica de soluciones estandarizadas que pueden resultar contraproducentes.
“La inversión en asesoría especializada constituye prevención eficaz de conflictos, optimización en la toma de decisiones, respaldo de lo conceptuado y garantía de actuaciones conformes al ordenamiento jurídico vigente”, dijo.
