Justicia peruana evalúa el testimonio de un sobreviviente que contradice la versión oficial sobre el violento incidente en la zona de Tayacaja.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La madrugada del pasado domingo en la carretera Colcabamba-Ayacucho se transformó en el escenario de una tragedia que hoy tiene bajo la lupa al Ejército de Perú. Cinco personas perdieron la vida luego de que ocho militares acribillaran el vehículo en el que se movilizaban durante un operativo antidrogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Entre los fallecidos se confirmó la presencia de un ciudadano colombiano, quien, según las autoridades peruanas, habría ingresado al país de forma irregular y contaba con antecedentes por tráfico de armas.
El ataque ocurrió en una zona crítica: la mayor cuenca cocalera de Perú. Allí, las montañas y los valles profundos sirven de corredor para más de la mitad de la cocaína que exporta el país, y el control territorial se disputa entre narcotraficantes y remanentes de Sendero Luminoso. Sin embargo, lo que debió ser un procedimiento oficial terminó en un baño de sangre que la Fiscalía intenta esclarecer.
Versiones encontradas y una camioneta sin rastros de droga
La narrativa oficial de los uniformados sostiene que abrieron fuego porque el conductor ignoró la orden de detenerse. No obstante, las primeras diligencias arrojaron un dato que debilita esta postura: en el vehículo acribillado no se encontraron armas ni sustancias ilícitas. Esta ausencia de pruebas ha puesto en entredicho la proporcionalidad de la fuerza utilizada por los ocho militares, quienes fueron detenidos preliminarmente y luego puestos en libertad mientras continúa el proceso.
El caso tomó un giro dramático con el testimonio de un sobreviviente que logró escapar saltando al río. Según su relato, los ocupantes eran “mochileros”, personas contratadas para cargar droga por las trochas de la selva. El testigo admitió haber transportado 13 kilos de cocaína previamente, pero aseguró que, al momento del ataque, el grupo regresaba de vacío, pues la mercancía había sido movida en otra unidad.
El reclamo de justicia y el dolor de las familias
Mientras la Policía Nacional de Perú (PNP) intenta trazar el perfil criminal de los fallecidos, las familias de las víctimas sostienen una versión diametralmente opuesta. Para ellos, no había vínculos con el narcotráfico; aseguran que los jóvenes simplemente regresaban de participar en un partido de fútbol cuando fueron sorprendidos por las balas.
Ante la gravedad de los hechos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) ha alzado la voz para exigir una investigación independiente y exhaustiva. La organización subraya la necesidad de sanciones efectivas, ante un incidente donde la línea entre un operativo táctico y una ejecución extrajudicial parece haberse desdibujado en el corazón del VRAEM.
