El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró ilegal el decreto de Donald Trump que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados.
Publicado por: Redacción Mundo
En una decisión de enorme efecto político y social, el Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó este martes 30 de junio un golpe definitivo a una de las propuestas migratorias más polémicas del presidente Donald Trump.
En un fallo de cinco votos contra cuatro, el alto tribunal dictaminó como ilegal la orden ejecutiva que buscaba restringir el acceso a la ciudadanía automática a los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres sean inmigrantes indocumentados o titulares de visados temporales.
La decisión mantiene vigente el principio de ciudadanía por nacimiento, que existe desde hace más de 150 años. Lea: Niños nacidos en EE.UU. seguirán siendo ciudadanos: juez bloquea decreto de Trump
La resolución, suscrita por el juez presidente John Roberts, frena en seco el intento de la administración de modificar por decreto una práctica jurídica que ha definido al país durante más de un siglo. Además, la Corte reafirmó que cualquier modificación a este derecho solo podría realizarse mediante una reforma constitucional y no por decisión presidencial. Otras noticias: Día decisivo: Se vota orden de Trump que retira la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
La decisión surge tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump al inicio de su mandato que establece que los hijos de indocumentados o personas sin residencia legal no deben estar cobijados por este derecho.
“Es muy malo para la nación, somos los únicos que hacen este tipo de ciudadanía de nacimiento. Los que lo hicieron fueron destruidos y lo revirtieron, es extremadamente costoso", ha insistido el mandatario republicano al defender su medida.
Un derecho consagrado en la Constitución estadounidense
La máxima instancia judicial del país basó su fallo en el peso de las leyes fundamentales del Estado, argumentando que el ejecutivo no tiene la facultad de alterar de forma unilateral un principio que los magistrados consideran firmemente arraigado en el marco constitucional. Le interesa: El reto de retirar la ciudadanía estadounidense a bebés de migrantes indocumentados
Según explicaron fuentes judiciales tras conocerse la sentencia, la corte determinó que el derecho a la ciudadanía por nacimiento (jus soli) está plenamente protegido y consagrado por la Carta Magna del país, específicamente en la primera sección de la Enmienda 14, la cual otorga la condición de ciudadano a toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos.
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¿Qué dice la Enmienda 14?
He aquí el texto de la primera parte de la enmienda: Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen. Ningún Estado promulgará ni aplicará ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal; ni negará a persona alguna dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes.
La Decimocuarta Enmienda fue aprobada por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868.
El impacto sobre miles de familias inmigrantes en Estados Unidos
La orden ejecutiva de Trump pretendía cambiar la interpretación histórica de la ley para excluir a los hijos de extranjeros sin estatus legal permanente, una medida que los sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos habían calificado como un ataque directo a las comunidades migrantes.
Se estima que cerca de 250.000 nacidos al año en Estados Unidos se quedarían apátridas y se abrirían enormes retos sociales, legales y logísticos. Tenga en cuenta: Revés para Trump: Tribunal en EE.UU. bloquea eliminar la ciudadanía por nacimiento
Con este fallo, el Supremo bloquea la aplicación de la norma, garantizando que el estatus migratorio de los padres no afecte los derechos constitucionales de los menores nacidos en suelo norteamericano. El dictamen representa uno de los límites legales más severos impuestos a la agenda de control fronterizo del mandatario durante su mandato actual en 2026.
