Es absurdo que una reforma laboral se diseñe sin tener en cuenta los efectos en el sector productivo.
Es sencillamente vergonzosa y macondiana la ignorancia con la que varios de nuestros congresistas legislan. Ejemplo de ello es lo que estamos viendo pasar con el trámite del Proyecto de Ley de la Reforma Laboral.
Para empezar, valga decir que esta iniciativa legislativa ha tenido un proceso de socialización y consulta prácticamente inexistente. No en vano la Organización Internacional de Empleadores (OIE) denunció formalmente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la ausencia de diálogo y concertación del gobierno colombiano, habiendo prácticamente abandonado el Diálogo Social Tripartito y la comisión constitucional que existe para estos efectos (que ha permitido por décadas construir desde las diferencias entre el gobierno, las centrales sindicales y los gremios empresariales), violando además los convenios 144 y 87 de la OIT firmados por Colombia.
Es absurdo que una reforma laboral se diseñe sin tener en cuenta los efectos en el sector productivo. Lo anterior, por la obvia razón de que es el empresariado el que tiene que “pagar la cuenta” de la medida. Y el sector empresarial colombiano se encuentra ya asfixiado por el vasto universo de impuestos que existen en nuestro marco normativo y su carga en términos absolutos (que es de las más altas del Planeta).
Además, dado los altísimos niveles de informalidad y desempleo, es inconcebible que se promueva una reforma que no tenga esos problemas como su prioridad. Y esta reforma no solo no se ocupa de ellos (como la misma Ministra de Trabajo lo reconoce), sino que los agrava.
Pero más allá de todo esto, preocupan sobremanera los argumentos con los que se pretende justificar la reforma. Actuaciones e intervenciones como la de la Representante a la Cámara del Pacto Histórico y ponente de la Reforma Laboral, María Fernanda Carrascal, generan indignación, molestia y desazón por su profunda ignorancia (en el mejor de los casos).
Partir de la descabellada y falaz afirmación de que las empresas en promedio generan utilidades equivalentes al 26,6%, es inaceptable. A mí que me digan en qué negocio se produce esa rentabilidad para cambiar ya mismo mi actividad, porque al menos yo, en toda una vida como empresario, jamás las he visto. Si hace el sencillo ejercicio de tomar las 1.000 empresas más grandes de Portafolio, encontrará que el promedio es de tan solo 6,16% (y esto incluyendo el “ruido” de sectores como el hotelero, con extraordinarias exenciones en impuestos, que los demás no tenemos).
Carrascal, no contenta con semejante mentira, en su sustentación de la Reforma confunde ingresos con utilidades y contratos a término fijo con los de prestación de servicios, entre otros exabruptos.
Y si esa es la actuación de la ponente del Proyecto de Ley, ¿qué podemos esperar del grueso de los congresistas?
