El filósofo francés Michel Foucault advirtió que el poder no se ejerce únicamente a través de la fuerza o la ley, sino mediante el conocimiento. Quien domina la información sobre la sociedad gobierna mejor. En su lectura del biopoder, el Estado se vale de instrumentos como la estadística para observar, clasificar y, en última instancia, intervenir la vida de los ciudadanos. No se trata únicamente de contar personas y ponerlas en categorías, sino de volverlas legibles, y en ese acto de legibilidad se abre la puerta para moldear su existencia.
Durante décadas, el censo fue el gran ritual de ese poder. Costoso, lento y siempre incompleto, ofrecía una fotografía fija de una realidad que probablemente ya había cambiado cuando los resultados se publicaban. Para corregir esa miopía, el Estado recurrió a modelos, proyecciones y series de tiempo. Sin embargo, gobernaba con imágenes aun borrosas, siempre un paso detrás de la dinámica social.
Hoy esa lógica se ha transformado. El Estado ya no es el que mejor conoce a sus ciudadanos. Ese lugar lo ocupan las empresas de tecnología, no por un mandato constitucional, sino porque poseen algo más valioso: datos masivos, en tiempo real y entregados de forma voluntaria por todos nosotros. Antes el ciudadano era medido, ahora se mide a sí mismo. Cada ubicación activada, cada búsqueda en línea, cada interacción digital construye un retrato más preciso que cualquier censo.
Un ejemplo es suficiente. Si un gobierno local quiere diseñar un sistema de transporte integrado, ya no depende de encuestas en papel ni de funcionarios persiguiendo transeúntes. Puede comprar bases de datos de aplicaciones que registran millones de trayectos diarios y que vienen instaladas por defecto en nuestros dispositivos móviles. El ciudadano no necesita responder preguntas, simplemente vive conectado, y en ese vivir deja huellas que otros convierten en conocimiento.
¿Y por qué aceptamos con tanto entusiasmo este nuevo orden? La respuesta está en los incentivos. Las plataformas nos ofrecen servicios que nos facilitan la vida, nos conectan, nos entretienen, y ahora incluso trabajan por nosotros. A cambio de comodidad, entregamos información. Y en ese intercambio, el poder se desplaza. Sin embargo, cabe advertir que, si la información es poder, quien hoy la acumula, la procesa y la utiliza para incidir en comportamientos y decisiones no es el Estado, sino las grandes corporaciones.
Los algoritmos no solo conocen nuestras preferencias, también las crean. De esta manera, mientras percibimos que estamos participando de forma libre en la esfera pública, esta se redefine bajo reglas privadas que escapan al control ciudadano. Este proceso pone en riesgo cualquier tipo de sistema que se considere democrático ya que el poder se traslada hacia actores que nadie eligió, pero que terminan decidiendo.
