Queda en el aire la pregunta: ¿por qué la gente respondió ahora y no en los más de 10 llamados a movilizarse que el gobierno ha impulsado desde octubre de 2022, cuando la oposición también empezó a disputar los escenarios de calle?
Hay dos grandes verdades frente a las marchas que sucedieron el pasado martes 18 de marzo en la mayoría de las ciudades del país. La primera: que la gente respondió en las calles al llamado del gobierno de Gustavo Petro, y la segunda: que el gobierno y el Congreso rompieron sus lazos definitivos, y que el costo de las transacciones políticas -es decir, el esfuerzo, los recursos y el tiempo que se necesitan para llegar a acuerdos en política- aumentó por encima del capital político que pueda mover el gobierno.
Queda en el aire la pregunta: ¿por qué la gente respondió ahora y no en los más de 10 llamados a movilizarse que el gobierno ha impulsado desde octubre de 2022, cuando la oposición también empezó a disputar los escenarios de calle? Puede ser verdad que la reforma laboral tenía mucha más aceptación porque reflejaba parte de las grandes demandas de la población tras los estallidos sociales de 2019 y 2021, junto con la crisis económica que sucedió durante y posterior a la pandemia, así como también era la reforma más concertada, en la que el gobierno hizo grandes sacrificios en su articulado para que lograra pasar las barreras en la Comisión Séptima y en la plenaria de la Cámara de Representantes.
No es posible negar que la gente sentía identificación con la reforma laboral y la reforma pensional dentro de la agenda legislativa del gobierno porque impactan directamente su realidad inmediata y en la resolución de sus necesidades básicas. Aunque eso no quita peso a la urgencia de una reforma a la salud que solvente la crisis en la que el sistema ha estado durante los últimos años, sí deja el sabor de boca de que el trámite de esta agenda social pudo haber sido distinto, y que el empecinamiento del gobierno nacional con presentar al mismo tiempo su paquete de reformas y convertir los puntos de negociación como líneas rojas llevó a posteriores crisis políticas, a la ruptura de su coalición de gobierno y al desgaste de su capital político.
Aunque la oposición y los independientes utilizaron las herramientas que les brinda el reglamento del Congreso para trabar las discusiones y ganar los pulsos políticos con el gobierno en el legislativo, es verdad que ha hecho falta autocrítica por parte del gobierno, que ahora, probando que sigue teniendo legitimidad en la calle, buscará hacer una apuesta total, un “todo o nada” con su programa político a través de una consulta popular, para dejar su legado y tener capital votante para llegar a 2026.
