La ausencia de un consenso amplio, sumada a la constante interferencia de intereses partidistas y privados, ha condenado la mayoría de las iniciativas presentadas en las últimas tres décadas al inmovilismo.
Desde 1995 se ha intentado regular el ejercicio del lobby en Colombia. Han pasado más de la quincena de proyectos desde que Germán Vargas Lleras, entonces senador liberal, intentó promover este ejercicio, luego de que en Estados Unidos se firmara en su momento el Lobbying Disclosure Act de 1995, que movió a un sector de la clase política para regular el mismo ejercicio en Colombia. Vargas Lleras lo intentó 8 veces entre 1995 y 2005. Luego vinieron otros, como Elsa Cifuentes en 2009; Simón Gaviria en 2010; Carlos Fernando Galán en 2014 y 2016 y José David Name en 2018 y 2020. Incluso la senadora Angélica Lozano hizo su intento por promover un proyecto de ley para regular el lobby en 2021, pero también terminó archivado como todos, con pocos debates o incluso sin siquiera discusión de por medio.
Pero, ¿por qué la mayoría de estos proyectos suelen caerse en el Congreso de la República? Más allá de la simpática respuesta de siempre frente a los intereses de la mayoría de las empresas y organizaciones que suelen representar a los lobbyistas —respuesta que ya Vorágine y la Liga contra el Silencio han dado en sus investigaciones sobre el lobby de las empresas de azúcar o de los grandes gremios—, la verdad radica en que, en común, estos proyectos suelen llegar a un punto de indeterminación, pues intentan regular un ejercicio que casi siempre es difuso, lo que termina contraponiendo los intereses de clientes, intermediarios y servidores públicos en aristas distintas, impidiendo que se construya un acuerdo sobre cómo y con qué herramientas debe ser regulado.
La ausencia de un consenso amplio, sumada a la constante interferencia de intereses partidistas y privados, ha condenado la mayoría de las iniciativas presentadas en las últimas tres décadas al inmovilismo. A pesar de que numerosos congresistas reconocen la necesidad de establecer una regulación clara, en los momentos decisivos optan por abstenerse o votar en contra, lo que ha contribuido a la prolongada inacción del proyecto.
Desde la perspectiva del Congreso, la experiencia ha quedado reducida a los escasos avances representados en la Resolución MD-2348 de 2011, la cual recoge parcialmente el espíritu normativo contenido en los proyectos originales que se han presentado. Por su parte, ciertos sectores empresariales se han beneficiado de la inexistencia de un marco regulatorio, ya que esta situación les permite mantener prácticas de presión cercanas al límite de lo legal. Finalmente, los lobbyistas han seguido operando bajo cierto manto de invisibilidad institucional, en tanto el aparato estatal ha buscado regular sus actividades sin haber contado con su participación efectiva en la construcción de dicha política.
