Aunque la consulta popular es una herramienta legal contemplada en nuestra Constitución, ese camino escogido por el presidente hace parte de un talante confrontacional, pendenciero e irrespetuoso de las ramas del poder; pilares fundamentales de nuestra democracia y del Estado de Derecho.
Si bien los colombianos estamos acostumbrados a un permanente espectáculo circense en lo político, la semana que culmina estuvo especialmente agitada. El país entero estaba pendiente de la decisión que el Senado de la República debía tomar el miércoles pasado respecto al proyecto de Consulta Popular que Petro presentara, dado el hundimiento que del no conciliado y mal concebido proyecto de ley de reforma laboral hiciera la Comisión Séptima del Senado hace unas semanas.
Aunque la consulta popular es una herramienta legal contemplada en nuestra Constitución, ese camino escogido por el presidente hace parte de un talante confrontacional, pendenciero e irrespetuoso de las ramas del poder; pilares fundamentales de nuestra democracia y del Estado de Derecho.
En buena hora el Senado negó la consulta popular pues, además de que pretendía pasar por encima de la decisión ya tomada por el Congreso, el objetivo real y velado de la misma no era otro que desviar la atención de los escándalos de corrupción, la mediocre gestión, la crisis humanitaria en la salud, el fracaso de la mal llamada ‘Paz Total’ y, sobre todo, convertirla en plataforma política para, desde ahora y con ingentes recursos pagados por los colombianos, comenzar la campaña presidencial del 2026, mucho antes de que sus competidores estuvieran habilitados para hacerlo.
Sin embargo, siendo lo ocurrido el miércoles una gran victoria, nuestra democracia sigue en permanente riesgo frente a los embates autoritarios del gobierno que intenta debilitar y cooptar las demás ramas del poder. Muestra de ello fue la reacción del presidente que, inmediatamente y a través de mensajes incendiarios, llamó a sus huestes a la protesta y a parar el país.
Las arremetidas continuarán. Especial atención debemos prestar los colombianos a la decisión que debe tomar el próximo 20 de mayo la Corte Suprema de Justicia, a quien le corresponde presentar ante el Senado la terna para escoger al magistrado de la Corte Constitucional que debe reemplazar a la saliente Cristina Pardo.
Esto no es un asunto de mero trámite pues, de ser elegido un jurista afín al gobierno, el balance en esa instancia quedaría inclinado a su favor, lo cual equivaldría al aval anticipado a cualquier acto legislativo de iniciativa gubernamental que, aunque violatorio de la Constitución, se le ocurriera adelantar a Petro.
La Corte Constitucional es nuestro muro de contención contra el autoritarismo; es la guardiana de los derechos fundamentales y del orden constitucional. Si se pierde su independencia, si se convierte en un apéndice de la Casa de Nariño, lo que está en juego es la Constitución misma y la democracia, tal y como la conocemos.
Por eso, esta elección debe importarle a todo el país, pues puede tratarse de uno de los hitos más trascendentales de los últimos tres años.
