Poco a poco los actores políticos del país están comenzando a ajustarse en el nuevo escenario que el gobierno ha abierto tras haber derogado la Consulta Popular y haberse aprobado y conciliado la reforma laboral.
Luego de haber sido abordada por medios de comunicación el pasado 25 de junio, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo en una frase lapidaria “(...) y no creo que para nosotros la amenaza de la reelección sea un peligro, porque (...) si Petro se puede reelegir, Uribe también”. Tras su declaración, hizo varias miradas hacia los periodistas, que lentamente retiraron sus micrófonos sin hacer ninguna otra pregunta.
Poco a poco los actores políticos del país están comenzando a ajustarse en el nuevo escenario que el gobierno ha abierto tras haber derogado la Consulta Popular y haberse aprobado y conciliado la reforma laboral. Más allá de las críticas, los avisos y las advertencias jurídicas (ya hubo una primera tutela denunciando esta movida, aun cuando no ha habido ninguna convocatoria legal hasta ahora), la idea ha comenzado a calar en varios sectores políticos, más allá del progresismo, que no verían con malos ojos un nuevo rediseño institucional.
Algunos, muy técnicos, buscarían una reforma constitucional profunda que transforme el ordenamiento territorial del país, en consonancia y sintonía con la profundización de la descentralización, la autonomía y los cambios de las realidades locales territoriales de los últimos 30 años. Otros, por su parte, buscarían en nombre de la “eficiencia” eliminar escenarios de veeduría e intermediación comunitaria, como las consultas previas. No obstante, las declaraciones de Valencia hay que observarlas en otro espectro.
Entre 2012 y 2020, varios políticos del Centro Democrático hablaron de hacer profundos cambios a la Carta Magna, a la luz de una asamblea constituyente que reformara varios aspectos de la Constitución. En 2012, por ejemplo, Uribe propuso una constituyente para unificar las cámaras en un parlamento unicameral, igual que en 2015, donde el exsenador propuso como salida a las negociaciones de paz con las FARC un escenario constituyente. Entre 2017 y 2018 un sector del Centro Democrático también pidió una constituyente para reformar la justicia y construir una “supercorte”, igual que en 2020, luego de la detención domiciliaria de Álvaro Uribe.
No obstante, y tras bambalinas, la idea de una constituyente en el Centro Democrático ha respondido a la necesidad más profunda de institucionalizar de alguna manera los principios fundamentales de su partido en una nueva constitución, luego de que los experimentos de poner presidentes de su propia línea no funcionaran ni en 2010 ni en 2018.
Frente a dos bloques políticos en una fuerte disputa existencial por el poder político para consolidar sus modelos de país, promover un cambio constitucional profundo no parece ser la mejor respuesta, ni como respuesta a los problemas de desigualdad social, ni como búsqueda por la estabilidad y el orden social.
