Se abre otro capítulo en la historia de Bucaramanga. Debido a la vacancia absoluta generada por la nulidad de la elección del alcalde Jaime Beltrán, en pocos meses se llevarán a cabo elecciones atípicas y, al parecer, la lista de posibles aspirantes al cargo es extensa.
Las expectativas son altas: quien llegue a dirigir la ciudad tendrá un gran reto, el cual debe asumir con responsabilidad y transparencia. El tiempo será demasiado corto para mostrar resultados contundentes, por lo que las actuaciones deberán ser estratégicas por el bien de la ciudad.
Uno de los temas que merece especial atención es la implementación de la Política Pública de Transparencia y el fortalecimiento de las buenas prácticas contractuales. Es indispensable que los procesos de contratación cuenten con garantías suficientes para generar un ambiente sano de competencia y fomentar la confianza de potenciales oferentes, situación que se ve reflejada en la presentación masiva de ofertas en cada proceso.
Según la Red Santandereana por la Transparencia, para el 2024 el promedio de oferentes en los procesos de contratación fue el siguiente: licitación pública 4,3; concurso de méritos 7; selección abreviada 2,5; subasta inversa 1,4; y mínima cuantía 3. Esta baja participación enciende una alerta sobre posibles debilidades en la aplicación de buenas prácticas contractuales.
La pluralidad de oferentes fortalece el desarrollo económico de la región y la confianza ciudadana. Para mejorar estas cifras, quien resulte electo debe tener en cuenta algunos aspectos fundamentales:
Fortalecimiento del proceso de planeación: sin una planeación adecuada se presentan problemas fiscales, penales y disciplinarios que afectan a ordenadores de gasto.
Mejorar la calidad de los datos abiertos: se debe garantizar que tanto los potenciales participantes como la ciudadanía en general puedan acceder fácilmente a la información, fomentando el control social en los procesos.
Criterios de selección justos y objetivos: los requisitos de participación deben ser claros, acordes con la realidad del mercado y libres de restricciones innecesarias o criterios inusuales. Es fundamental que los procesos de selección promuevan una alta competitividad y no impongan barreras arbitrarias o criterios establecidos que rechacen masivamente ofertas como sucedió en el proceso SI-SI-CMA-001-2025 denunciado por veedores expertos en el tema.
Cronogramas de ejecución realistas: Una práctica común que desalienta la participación es el establecimiento de cronogramas muy ajustados o de cumplimiento prácticamente imposible. Estos cronogramas están estrechamente relacionados con la falta de planificación y también son una causa frecuente de sanciones fiscales y disciplinarias contra los funcionarios públicos.
Aplicación correcta de las normas contractuales: algunas entidades interpretan las normas de manera sesgada o conveniente para limitar la participación de oferentes. Este tipo de prácticas lesiona la confianza en los procesos de contratación y favorece la exclusión.
