Regularmente, cuando una meta está en dificultades de ser alcanzada, se apalanca con instrumentos financieros, institucionales o incluso con una recomendación particular o palanca de confianza que la potencie. Si Santander necesita obras importantes como el AVEM o infraestructuras de agua potable y saneamiento básico, lo que procede es aplicar palancas que las hagan viables.
Sobre la primera, coincido con Martha Pinto: hay que ponerse de acuerdo para definir qué nivel de obra es necesaria y avanzar con la financiación que, además de los aportes públicos, incluya valorización y eventualmente un peaje. En cumplimiento del plan de movilidad metropolitano, sugiero adquirir los predios del corredor completo y construir carriles progresivamente según la demanda. No debería ser difícil convocar en este propósito, pues hay coincidencia en la importancia y la prioridad; luego, es cuestión de transformar ese contrato en un proyecto viable.
Sobre las obras de la PTAR del Río de Oro y los sistemas de tratamiento de residuos, además de la expansión de los servicios en el territorio metropolitano, la palanca implica también un acuerdo institucional que permita finalmente crear la Triple A Metropolitana, integrando al menos 3 de las 6 empresas públicas o mixtas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en el AMB –ojalá fueran todas– en una gran organización con las mayores capacidades financieras, operativas y técnicas necesarias para emprender los grandes proyectos.
La Triple A sería una empresa con más de medio billón de ingresos anuales, con una estructura integrada que permitiría ahorros importantes en gastos de administración y con utilidades que pueden superar la suma aritmética de los actuales estados financieros, que hoy arrojan $70.000 millones. La sola sumatoria de los 3 patrimonios supera $1,3 billones, con activos que sumarían más de $1,7 billones. Si lo que se busca es una organización empresarial que pueda responder por las obras que marcan el progreso de la ciudad metropolitana, generando confianza tanto en la comunidad como en eventuales inversionistas vía APP, ahí la tenemos.
Es cierto que la PTAR tiene un CONPES que es una expresión de la voluntad del Gobierno nacional y se mantiene como prioridad, pero frente a eventuales inquietudes por recursos y capacidades no sobraría agregar una palanca de confianza con todas las certezas. Además, no es el único proyecto por ejecutar y, más que contratar obras, se trata de la operación futura de plantas con alta complejidad y de las tarifas que tendremos que pagar.
Tanto la PTAR como un parque tecnológico de residuos y la expansión del acueducto, indiscutiblemente necesarios, exigen el más apropiado ejecutor, porque la suma de estos tres es mucho más que aritmética básica y sus accionistas podrían mostrar grandeza al estudiar seriamente la opción de integrarse.
