Como Violeta Parra, agradecemos a la herida que no cerró del todo, porque por ella volvió a entrar la luz.
La confianza en las instituciones no se pierde fácilmente, pero puede tambalear cuando se enfrentan argumentos que, aunque legítimos en su derecho de ser escuchados, desvían el foco de lo que realmente está en juego. Así me sentí al conocer la demanda de nulidad electoral contra la elección de la doctora Iris Marín Ortiz como defensora del Pueblo. Una acción que, si bien se ejerció el derecho fundamental de acceso a la justicia —que a nadie se le debe negar—, parecía desprovista de sustancia jurídica y de sensibilidad histórica.
La esperanza, golpeada por una argumentación anacrónica y descontextualizada —sorda, muda y sin entendimiento—, se recupera plena al leer el fallo del Consejo de Estado. La decisión, además de negar con firmeza la solicitud de nulidad, nos deja para la historia una interpretación sólida del bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia nacional e internacional, y el principio de igualdad material.
Pero lo que más me reconcilia con la justicia es el hecho de que magistrados hombres hayan respaldado una decisión que favorece la participación femenina en cargos de alto nivel. Este gesto refuerza la legitimidad del enfoque garantista, mostrando que la defensa de los derechos de las mujeres no es exclusiva de las mujeres, sino un compromiso institucional del Estado que debe ser asumido por toda la sociedad.
Los jueces —y todas las personas—, independientemente de su género, están llamados a aplicar el derecho conforme a la Constitución y los tratados internacionales. En este caso, se aplicó el juicio estricto de proporcionalidad y se reconoció que la terna exclusivamente femenina era una acción afirmativa legítima, idónea, necesaria y proporcional para superar la subrepresentación histórica de las mujeres en cargos de decisión.
Este fallo tiene un valor pedagógico y simbólico que no puede pasar desapercibido. Desarma la creencia de que los hombres siempre están en contra de las acciones afirmativas; demuestra que la igualdad de género es una causa democrática y no solo sobre identidades; y ayuda a enseñar dentro de las instituciones sobre cómo el Estado debe corregir desigualdades estructurales. Aunque falta camino por recorrer, vamos avanzando.
Tras este fallo se espera: Mayor sensibilidad de los órganos judiciales frente a la discriminación estructural; afianzamiento de la paridad, el pluralismo y la diversidad y mayor participación de mujeres en la judicatura, no solo como beneficiarias, sino como protagonistas de la transformación institucional.
La justicia, cuando se pronuncia con firmeza y sensibilidad, resuelve el caso y reconstruye la confianza con dignidad.
